Habría más recibos firmados en blanco en ATSA

Habría más recibos firmados en blanco en ATSA

La Justicia Federal recibió posibles comprobantes de ayudas sociales legislativas vinculadas a afiliados al sindicato que lidera un legislador. Se trata de comprobantes con membretes del Poder Legislativo que habrían sido firmados en blanco por supuestos beneficiarios.

CON FIRMA, PERO SIN MONTOS. A la Justicia Federal llegaron en el último trimestre -de forma anónima- posibles comprobantes de gastos sociales. la gaceta / foto de adrián lugones CON FIRMA, PERO SIN MONTOS. A la Justicia Federal llegaron en el último trimestre -de forma anónima- posibles comprobantes de gastos sociales. la gaceta / foto de adrián lugones
12 Enero 2017
Son afiliados a la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina (ATSA). Se trata de enfermeros y de empleados administrativos de la sanidad que, entre enero y agosto del año pasado, habrían gestionado ayudas de entre $ 1.500 y $ 4.000 en ese sindicato, que tiene por secretario general al legislador oficialista Reneé Ramírez. Y si bien habrían recogido el dinero de la sede gremial de calle Suipacha al 500, los recibos corresponderían a los “gastos sociales” que repartía la Legislatura hasta el año pasado.

Hay otro dato en común en estos casos: para obtener el subsidio, los beneficiarios habrían firmado comprobantes en blanco, sin dejar asentado -al parecer- cuánto dinero habrían percibido.

Ayer, LA GACETA le consultó vía mensaje de texto por estos casos al dirigente afín a la Casa de Gobierno, pero no hubo respuesta. En el último contacto, el legislador había calificado como “imposible” la existencia de este aparente sistema de entrega de ayudas sociales a personas. “Es una operación de la oposición gremial”, aseguró Ramírez desde su lugar de vacaciones, vía SMS, advirtiendo que denunciará a esos supuestos “operadores”.

La documentación en cuestión, a la que accedió este diario, también fue aportada el año pasado por un informante anónimo a la Justicia Federal. El fiscal federal Carlos Brito, que lleva adelante la pesquisa por presunta evasión impositiva mediante los “gastos sociales”, no pudo avanzar aún con esta posible evidencia, dado que el expediente está en la Cámara Federal de Apelaciones desde noviembre. Este tribunal debe dirimir algunas discrepancias procesales que surgieron entre el representante del Ministerio Público y el juez federal que entiende en el caso, Daniel Bejas, luego de la presentación espontánea del titular subrogante de la Legislatura, Julio Silman, objetando las medidas de prueba requeridas por la Fiscalía Federal.

LA GACETA tuvo acceso a cuatro de los recibos que figuran en esa causa judicial.

Los casos

El primero de ellos fue dado a conocer en la edición del martes de este diario. El enfermero Luis Sebastián Made, afiliado a ATSA desde hace una década, había recurrido a mediados de 2016 a la sede gremial para pedir una ayuda económica. Según relató, necesitaba llevar a su madre a otra provincia para que le realizaran estudios médicos. El trabajador de la salud reconoció como suya la firma estampada en un comprobante de los gastos sociales de la Legislatura, en el que los campos destinados a los montos estaban en blanco. Remarcó que si bien obtuvo los $ 4.000 para cubrir los pasajes, siempre había pensado que los fondos habían salido de las arcas de ATSA.

El caso sería similar al de la empleada administrativa Romina Judith Chazarreta, quien está afectada al Centro de Salud. La joven de 30 años habría concurrido en diversas ocasiones -al menos una vez por mes entre marzo y agosto- para gestionar una ayudas económicas en la sede de ATSA, sindicato al que pertenece. Al parecer, la trabajadora de la salud habría requerido dinero -habrían sido unos $ 2.000 en cada uno de esos meses- para cubrir gastos diarios básicos de su familia, dado que habría sido la única en su casa con empleo. También figuran comprobantes de gastos sociales con el membrete del Poder Legislativo que tienen adjuntas fotocopias del DNI de Magdalena del Valle Ochoa, otra afiliada al gremio que conduce el legislador Ramírez. La trabajadora de la sanidad también habría pedido auxilio financiero en más de una ocasión ante ATSA. En su caso, los montos percibidos rondarían los $ 1.600, aunque Ochoa tampoco habría recibido un papel que certificara el monto del aporte.

El cuarto comprobante correspondería a la enfermera Rosa del Valle Chocobar. En su caso, no se pudo constatar que forme parte de ATSA. La fotocopia de su documento está acompañada por una nota supuestamente enviada al vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, Osvaldo Jaldo. “Me dirijo a usted a los efectos de solicitar una ayuda económica. Sin otro particular y quedando a la espera de una respuesta favorable, lo saludo a usted muy atentamente”, expresa el texto, que no lleva fecha alguna pero tiene una firma al pie de la hoja.

Al igual que en los demás casos, el comprobante -que reza “Honorable Legislatura de Tucumán” y que indica el CUIT N° 30-64788906-5- tiene estampada una rúbrica, pero no figuran los montos ni la fecha en la que habrían sido entregados.

En el 2015 electoral, bajo la gestión del actual gobernador, Juan Manzur, la Legislatura entregó $ 615,6 millones en supuestos subsidios (el 40% del total de los gastos anuales del cuerpo legislativo). En 2016, ya con el vicegobernador Osvaldo Jaldo al frente, el Poder Legislativo contó con un presupuesto de $ 150 millones para “ayudas sociales”. El sistema fue derogado el 22 de agosto, tras más de dos décadas de vigencia.

Debido a las sospechas por el manejo de estos fondos públicos, se iniciaron causas en diferentes fueros judiciales. En todas ellas se considera que los comprobantes de los “gastos sociales” serían una evidencia clave para determinar si hubo algún delito.

El fiscal federal Brito, por caso, requirió copias de esa documentación relativa a junio, julio y agosto de 2015. En principio, Jaldo aceptó enviar esa documentación en septiembre del año pasado, después de una insistencia formal desde Tribunales. Sin embargo, luego Silman pidió la nulidad de esa medida. El planteo terminó con el expediente en la Cámara de Apelaciones.

¿Cuánto cobra un legislador? La dieta, único ingreso legal, es de $ 45.000. Ramírez dijo que cobraba $150.000 más en gastos sociales.

¿Qué dicen los comprobantes? Es un misterio, ya que no fueron exhibidos. Un legislador los reclama por vía judicial.

¿Rendían cuentas por esos gastos? La Legislatura afirma que todos los subsidios fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas.

¿Qué se sospecha? La hipótesis en la causa federal por evasión es que se trataba de posibles sobresueldos para los legisladores.

¿Qué son los gastos sociales? Se conoce de esa manera a los subsidios que otorgaban legisladores, desde los 90 hasta el año pasado.

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