11 Enero 2017
“El Estado debe garantizar condiciones dignas para los reclusos y como representantes del pueblo debemos saber exactamente qué es lo que ha sucedido”, advirtió el legislador opositor Fernando Valdez, luego de dar a conocer que la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad solicitó un informe sobre el motín de Villa Urquiza al secretario de Seguridad Ciudadana Paul Hofer. En la misiva, le expresó que también necesitaban saber qué ocurrió en la comisaría de Lules esta semana. Familiares de los detenidos allí aseguraron a LA GACETA que esta rebelión se dio para exigir agua.
Valdez, quien preside la comisión de Derechos Humanos, agregó que el año pasado visitó algunos centros de detención de la provincia y no se llevó la mejor impresión: “Hay mucho por mejorar a fin de que se los prepare para la reinserción (a los detenidos)”.
Por último, abordó una de las aristas fundamentales de esta problemática: el habeas corpus presentado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni para que no hubiera más detenidos en lugares que no estuvieran aptos para alojarlos. La solicitud se realizó luego de que dos internos (Ariano Biza y Emanuel Gallardo) murieron intoxicados por la quema de colchones que tuvo lugar en la Regional Norte en junio de 2015. La Corte Suprema no sólo hizo lugar al recurso, sino que además dejó el tema en manos de su propia oficina de Derechos Humanos. “Otro punto en el que el gobierno está en mora es en el cumplimiento de la orden de la Corte para evitar que los presos sean alojados por largos períodos en las comisarías. Estas son algunas de las tantas deudas pendientes que tiene el Estado en materia de seguridad”, finalizó el radical.
Valdez, quien preside la comisión de Derechos Humanos, agregó que el año pasado visitó algunos centros de detención de la provincia y no se llevó la mejor impresión: “Hay mucho por mejorar a fin de que se los prepare para la reinserción (a los detenidos)”.
Por último, abordó una de las aristas fundamentales de esta problemática: el habeas corpus presentado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni para que no hubiera más detenidos en lugares que no estuvieran aptos para alojarlos. La solicitud se realizó luego de que dos internos (Ariano Biza y Emanuel Gallardo) murieron intoxicados por la quema de colchones que tuvo lugar en la Regional Norte en junio de 2015. La Corte Suprema no sólo hizo lugar al recurso, sino que además dejó el tema en manos de su propia oficina de Derechos Humanos. “Otro punto en el que el gobierno está en mora es en el cumplimiento de la orden de la Corte para evitar que los presos sean alojados por largos períodos en las comisarías. Estas son algunas de las tantas deudas pendientes que tiene el Estado en materia de seguridad”, finalizó el radical.
Temas
Penal de Villa Urquiza