29 Diciembre 2016
El Colegio de Abogados de la Capital se encamina a proponer a la Justicia que ella misma decida la validez de la reforma que le imprimió el oficialismo.
“Lamentamos que el gobernador Juan Manzur no nos haya escuchado, por lo que de inmediato analizaremos los cursos de acción por delante, uno de los cuales será seguramente la judicialización de la ley que reforma el Jury”, comentó Marcelo Billone, presidente de la institución.
Tanto la entidad de los letrados matriculados en San Miguel de Tucumán como la Asociación de Magistrados de la provincia habían solicitado a Manzur el veto de la norma que agrava el proceso de destitución de la judicatura. Billone y el secretario Guillermo Arévalo además solicitaron al titular del Poder Ejecutivo (PE) que frene la aplicación de la ley que creó la primera instancia en los fueros laboral y en lo contencioso administrativo (la norma prevé el funcionamiento de 18 juzgados nuevos en total). Todas las peticiones chocaron ayer contra la promulgación dispuesta por Manzur (se informa por separado).
Billone precisó que la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar las reformas era una de las alternativas ya consideradas, y descartó que esta sea una respuesta al pedido de acción que hace unos días habían formulado los líderes del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano y Domingo Amaya, al Colegio de Abogados de la Capital. “La decisión de judicializar se enmarca en los cursos de trabajo que barajamos inicialmente”, explicó Billone. Y añadió que respecto de la nota de Cano y Amaya habían resuelto simplemente tener presente lo peticionado.
La promulgación de las leyes generó malestar en la Asociación de Magistrados, cuya Comisión Directiva confiaba en poder torcer la voluntad del oficialismo. En la institución que preside Marcela Ruiz exploraban la posibilidad de “nacionalizar” el conflicto por medio de los gremios judiciales del país, así como iniciar otro pleito. En principio, los potenciales litigios deberían tramitar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Una posición distinta
El Colegio de Abogados del Sur se diferenció de su entidad “hermana” de la capital y de la Asociación de Magistrados. El martes a última hora el presidente, Ángel Fara, comunicó que su institución no iba a requerir el veto de las polémicas leyes atinentes al Poder Judicial finalmente promulgadas.
“Sí nos parece que debe respetarse la división de los poderes y estar atentos para que la ley no sea una herramienta para debilitar a los jueces”, precisó Fara por mensaje de texto. Y añadió: “también nos parece que los magistrados deben dar más respuestas a la sociedad y no ampararse en sus privilegios”.
“Lamentamos que el gobernador Juan Manzur no nos haya escuchado, por lo que de inmediato analizaremos los cursos de acción por delante, uno de los cuales será seguramente la judicialización de la ley que reforma el Jury”, comentó Marcelo Billone, presidente de la institución.
Tanto la entidad de los letrados matriculados en San Miguel de Tucumán como la Asociación de Magistrados de la provincia habían solicitado a Manzur el veto de la norma que agrava el proceso de destitución de la judicatura. Billone y el secretario Guillermo Arévalo además solicitaron al titular del Poder Ejecutivo (PE) que frene la aplicación de la ley que creó la primera instancia en los fueros laboral y en lo contencioso administrativo (la norma prevé el funcionamiento de 18 juzgados nuevos en total). Todas las peticiones chocaron ayer contra la promulgación dispuesta por Manzur (se informa por separado).
Billone precisó que la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar las reformas era una de las alternativas ya consideradas, y descartó que esta sea una respuesta al pedido de acción que hace unos días habían formulado los líderes del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano y Domingo Amaya, al Colegio de Abogados de la Capital. “La decisión de judicializar se enmarca en los cursos de trabajo que barajamos inicialmente”, explicó Billone. Y añadió que respecto de la nota de Cano y Amaya habían resuelto simplemente tener presente lo peticionado.
La promulgación de las leyes generó malestar en la Asociación de Magistrados, cuya Comisión Directiva confiaba en poder torcer la voluntad del oficialismo. En la institución que preside Marcela Ruiz exploraban la posibilidad de “nacionalizar” el conflicto por medio de los gremios judiciales del país, así como iniciar otro pleito. En principio, los potenciales litigios deberían tramitar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Una posición distinta
El Colegio de Abogados del Sur se diferenció de su entidad “hermana” de la capital y de la Asociación de Magistrados. El martes a última hora el presidente, Ángel Fara, comunicó que su institución no iba a requerir el veto de las polémicas leyes atinentes al Poder Judicial finalmente promulgadas.
“Sí nos parece que debe respetarse la división de los poderes y estar atentos para que la ley no sea una herramienta para debilitar a los jueces”, precisó Fara por mensaje de texto. Y añadió: “también nos parece que los magistrados deben dar más respuestas a la sociedad y no ampararse en sus privilegios”.
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