Por Irene Benito
29 Diciembre 2016
LA COMISIÓN DE VÍCTIMAS DE LA IMPUNIDAD EN ACCIÓN. Alberto Lebbos habla con Ricardo Lorenzetti en agosto, en Derecho; al fondo, Roxana Teves.JORGE OLMOS SGROSSO
Quizá nunca antes el Poder Judicial fue observado con ojos tan críticos como en 2016. En la faz nacional, la partidización de la Justicia y la judicialización de la política batieron sus propios records al ritmo de la hiperactividad anticorrupción de los Tribunales Federales de Comodoro Py. La persistencia de la conflictividad interna desencadenada en 2015 dominó el desarrollo del año judicial en los Tribunales provinciales: en la víspera de la Navidad, el oficialismo incomodado por el avance de algunas causas sensibles demostró su capacidad para tensar las cuerdas de la magistratura. En medio de tales ofensivas quedaron la ciudadanía y su reclamo de justicia insatisfecho.
Votos renovados
Las denuncias penales deducidas contra funcionarios del ciclo kirchnerista revivieron con el cambio de manos de la Casa Rosada. El fenómeno resultó tan masivo y evidente que, para caracterizarlo, resurgió el instituto del “juicio de residencia” previsto en el derecho indiano. Comodoro Py fue el epicentro de ese movimiento que alcanzó cotas nunca vistas ni oídas de resoluciones adversas al entorno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria desfiló varias veces por Tribunales y cerró ese derrotero con un procesamiento por la presunta asociación ilícita orientada a direccionar la obra pública: el fallo del juez Julián Ercolini incluye un embargo fabuloso de $ 10.000 millones.
Una filmación comprometedora en la financiera “La Rosadita” precipitó el encarcelamiento preventivo del empresario ultrakirchnerista y ex empleado bancario Lázaro Báez. La misma suerte corrió el otrora poderoso José López, quien fue encontrado revoleando una fortuna en un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Cristóbal López, otra potencia económica ligada a los Kirchner, quedó en una situación delicada por la presunta evasión tributaria de $ 8.000 millones.
Pese a la presión que había para destituirlo, el ex juez Norberto Oyarbide, símbolo de la Justicia adicta al poder, se jubiló con el beneficio del 82% móvil. La obsesión por el “cajoneo” de los casos con implicancias políticas dio pie a una decisión histórica en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que ordenó una auditoría en la Justicia Federal del país cuyos resultados comienzan a develarse.
Después de tropezar con un frustrado intento de completar la Corte de la Nación con nombramientos “en comisión”, el presidente Mauricio Macri consiguió el visto bueno del Senado para las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, pero no logró echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y quedó manchado por la investigación global denominada Panamá Papers. Macri también padeció las implicancias internacionales derivadas de la prisión de la polémica Milagro Sala. El máximo tribunal del país tuvo su momento protagónico al frenar la suba de la tarifa del gas: por lo demás, el presidente Ricardo Lorenzetti fue blanco constante de los ataques de Elisa Carrió, socia de Cambiemos. En esta provincia y por el Bicentenario, Lorenzetti lideró la renovación de los votos de la Justicia por la independencia.
Final con crispación
En Tucumán, Alberto Lebbos siguió entonando la denuncia de impunidad. El padre de Paulina, la joven asesinada en 2006, llevó su causa y la del comité que anima a cuanto acto oficial hubo con motivo del Bicentenario. Después de una década de lucha, Lebbos logró que la Justicia confirmara la elevación a juicio de la investigación principal, que involucra a cinco ex funcionarios alperovichistas, y del proceso iniciado contra el ex fiscal Carlos Albaca. El caso que complica al ex director Miguel Brito también quedó al borde del juzgamiento: ninguna otra investigación penal por supuesta corrupción prosperó en la Justicia ordinaria y federal de Tucumán.
Prosiguieron los roces en la cúpula judicial provincial. En medio de acusaciones y defensas sobre productividad, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, dijo que había “un cambalache” en los Tribunales. En mayo, el oficialismo archivó un proceso de destitución contra Jiménez promovido por el Colegio de Abogados de la Capital. Las aguas parecieron calmarse hasta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo comenzó a tramitar una serie de juicios sobre los supuestos gastos sociales legislativos ($ 615,6 millones en 2015). Entonces trascendió que, por uno de esos pleitos, hubo una reunión en el domicilio de Antonio Gandur, titular de la Corte, a la que asistieron, entre otros, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. A posteriori y en el mismo ámbito, los poderes Ejecutivo y Legislativo devolvieron una medida cautelar, y hacia el cierre de 2016 instaron la reforma de la Justicia que provocó un pico de crispación institucional.
Votos renovados
Las denuncias penales deducidas contra funcionarios del ciclo kirchnerista revivieron con el cambio de manos de la Casa Rosada. El fenómeno resultó tan masivo y evidente que, para caracterizarlo, resurgió el instituto del “juicio de residencia” previsto en el derecho indiano. Comodoro Py fue el epicentro de ese movimiento que alcanzó cotas nunca vistas ni oídas de resoluciones adversas al entorno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria desfiló varias veces por Tribunales y cerró ese derrotero con un procesamiento por la presunta asociación ilícita orientada a direccionar la obra pública: el fallo del juez Julián Ercolini incluye un embargo fabuloso de $ 10.000 millones.
Una filmación comprometedora en la financiera “La Rosadita” precipitó el encarcelamiento preventivo del empresario ultrakirchnerista y ex empleado bancario Lázaro Báez. La misma suerte corrió el otrora poderoso José López, quien fue encontrado revoleando una fortuna en un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Cristóbal López, otra potencia económica ligada a los Kirchner, quedó en una situación delicada por la presunta evasión tributaria de $ 8.000 millones.
Pese a la presión que había para destituirlo, el ex juez Norberto Oyarbide, símbolo de la Justicia adicta al poder, se jubiló con el beneficio del 82% móvil. La obsesión por el “cajoneo” de los casos con implicancias políticas dio pie a una decisión histórica en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que ordenó una auditoría en la Justicia Federal del país cuyos resultados comienzan a develarse.
Después de tropezar con un frustrado intento de completar la Corte de la Nación con nombramientos “en comisión”, el presidente Mauricio Macri consiguió el visto bueno del Senado para las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, pero no logró echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y quedó manchado por la investigación global denominada Panamá Papers. Macri también padeció las implicancias internacionales derivadas de la prisión de la polémica Milagro Sala. El máximo tribunal del país tuvo su momento protagónico al frenar la suba de la tarifa del gas: por lo demás, el presidente Ricardo Lorenzetti fue blanco constante de los ataques de Elisa Carrió, socia de Cambiemos. En esta provincia y por el Bicentenario, Lorenzetti lideró la renovación de los votos de la Justicia por la independencia.
Final con crispación
En Tucumán, Alberto Lebbos siguió entonando la denuncia de impunidad. El padre de Paulina, la joven asesinada en 2006, llevó su causa y la del comité que anima a cuanto acto oficial hubo con motivo del Bicentenario. Después de una década de lucha, Lebbos logró que la Justicia confirmara la elevación a juicio de la investigación principal, que involucra a cinco ex funcionarios alperovichistas, y del proceso iniciado contra el ex fiscal Carlos Albaca. El caso que complica al ex director Miguel Brito también quedó al borde del juzgamiento: ninguna otra investigación penal por supuesta corrupción prosperó en la Justicia ordinaria y federal de Tucumán.
Prosiguieron los roces en la cúpula judicial provincial. En medio de acusaciones y defensas sobre productividad, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, dijo que había “un cambalache” en los Tribunales. En mayo, el oficialismo archivó un proceso de destitución contra Jiménez promovido por el Colegio de Abogados de la Capital. Las aguas parecieron calmarse hasta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo comenzó a tramitar una serie de juicios sobre los supuestos gastos sociales legislativos ($ 615,6 millones en 2015). Entonces trascendió que, por uno de esos pleitos, hubo una reunión en el domicilio de Antonio Gandur, titular de la Corte, a la que asistieron, entre otros, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. A posteriori y en el mismo ámbito, los poderes Ejecutivo y Legislativo devolvieron una medida cautelar, y hacia el cierre de 2016 instaron la reforma de la Justicia que provocó un pico de crispación institucional.
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