Por Luis María Ruiz
29 Diciembre 2016
CAJAS Y MÁS CAJAS. Según Mitre, la Legislatura llevó los recibos a su local.
A más de un año del estallido del escándalo por las valijas con millones para supuestos subsidios del Poder Legislativo, las causas judiciales por esos fondos prometen seguir generando tensión. Algunos de esos procesos podrían comenzar a definirse en 2017. Entre ellos, los iniciados -en paralelo- por dos legisladores.
El macrista Luis Brodersen quiere que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dilucide si la entrega de dinero desde la Legislatura es constitucional o legal. Este proceso ha desatado una tensa “batalla” tribunalicia entre los abogados de la Legislatura y algunos magistrados de ese fuero. Los asesores letrados del órgano legislativo quieren llevar a la Corte de Tucumán la recusación contra los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Según su hipótesis, la hija del primero de ellos, Alejandrina Novillo, es asesora de la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos), por lo que el magistrado podría tener un interés político en el caso. Además, acusaron a la jueza Ebe López Piossek, que firmó el rechazo a la recusación, de haber actuado condicionada en el proceso dado que su hija, Ebe Magdalena Castro López, trabaja en la Sala II; además, según el planteo de la Legislatura, Novillo y Giovanniello pidieron a la Corte el ascenso de esa funcionaria judicial a relatora.
El radical Eudoro Aráoz, en tanto, solicita el acceso a las rendiciones de cuentas de los subsidios entregados en el 2015 electoral, cuyo monto global ascendió a $ 615,6 millones. Según el ex titular del Colegio de Abogados, se trata de información pública y el Poder Legislativo debería dar a conocer la nómina de beneficiarios.
La tercera causa que preocupa al oficialismo es la que investiga el fiscal federal Carlos Brito, y refiere a una posible evasión impositiva mediante subsidios. El denunciante, Oscar López, asegura que los “gastos sociales” en realidad eran sobresueldos de legisladores y de funcionarios de ese poder. Esta causa también generó tensión política, ya que el fiscal federal había requerido al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el envío de documentación respaldatoria de las supuestas ayudas sociales. El expediente está en la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, pidiera la nulidad de la medida solicitada por Brito.
Cualquiera sea el avance de estas causas, las repercusiones políticas y jurídicas dejarán tela para cortar.
El macrista Luis Brodersen quiere que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dilucide si la entrega de dinero desde la Legislatura es constitucional o legal. Este proceso ha desatado una tensa “batalla” tribunalicia entre los abogados de la Legislatura y algunos magistrados de ese fuero. Los asesores letrados del órgano legislativo quieren llevar a la Corte de Tucumán la recusación contra los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. Según su hipótesis, la hija del primero de ellos, Alejandrina Novillo, es asesora de la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos), por lo que el magistrado podría tener un interés político en el caso. Además, acusaron a la jueza Ebe López Piossek, que firmó el rechazo a la recusación, de haber actuado condicionada en el proceso dado que su hija, Ebe Magdalena Castro López, trabaja en la Sala II; además, según el planteo de la Legislatura, Novillo y Giovanniello pidieron a la Corte el ascenso de esa funcionaria judicial a relatora.
El radical Eudoro Aráoz, en tanto, solicita el acceso a las rendiciones de cuentas de los subsidios entregados en el 2015 electoral, cuyo monto global ascendió a $ 615,6 millones. Según el ex titular del Colegio de Abogados, se trata de información pública y el Poder Legislativo debería dar a conocer la nómina de beneficiarios.
La tercera causa que preocupa al oficialismo es la que investiga el fiscal federal Carlos Brito, y refiere a una posible evasión impositiva mediante subsidios. El denunciante, Oscar López, asegura que los “gastos sociales” en realidad eran sobresueldos de legisladores y de funcionarios de ese poder. Esta causa también generó tensión política, ya que el fiscal federal había requerido al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el envío de documentación respaldatoria de las supuestas ayudas sociales. El expediente está en la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman, pidiera la nulidad de la medida solicitada por Brito.
Cualquiera sea el avance de estas causas, las repercusiones políticas y jurídicas dejarán tela para cortar.
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