27 Diciembre 2016
BALANCE. Cano y Amaya se reunieron ayer. Con ellos, los intendentes Sánchez (Concepción) y Salazar (Bella Vista). PRENSA DE JOSÉ CANO
Los referentes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB)-Cambiemos insisten con su rechazo contra los recientes cambios de impacto directo en la Justicia provincial.
El radical José Cano y el peronista disidente Domingo Amaya dirigieron una nota al presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Marcelo Billone, mediante la cual lo instaron “a promover acción de inconstitucionalidad contra la ley que impuso cambios en el régimen de Jury de Enjuiciamiento”.
En la última sesión de la Legislatura, el oficialismo y los peronistas disidentes afines al intendente, Germán Alfaro, votaron a favor de la norma que habilitó la suspensión automática de magistrados provinciales y funcionarios, en caso de que la comisión legislativa de Juicio Político disponga el avance de la acusación o pedido de remoción al Jury de Enjuiciamiento.
En los últimos días, tanto el director del Plan Belgrano como el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación habían criticado esa medida, a la que incluso calificaron como una avanzada del oficialismo sobre la Justicia provincial. Ahora, decidieron enviarle una nota a los letrados colegiados para que intercedan, como lo habían hecho en 2012 ante una situación similar. En el texto, que no fue rubricado por uno de los aliados estratégicos del ApB, el intendente Alfaro, Cano y Amaya advirtieron sobre la importancia de “garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Condicionamientos
“A todas luces, se trata de una resolución que condiciona la labor de los magistrados, al quedar a merced de una mayoría absoluta y automática del oficialismo provincial”, indicaron Cano y Amaya, en alusión a que el bloque Tucumán Crece cuenta con los ocho votos necesarios sobre los 12 posibles para avanzar con una acusación en la comisión de Juicio Político. En el recinto, que finalmente define si corresponde la expulsión de un juez, fiscal o defensor oficial, las bancas afines a la Casa de Gobierno suman 32, mientras que las opositoras alcanzan las 16.
“Hemos solicitado al gobernador Juan Manzur que vete la decisión parlamentaria, pero las señales que llegan desde el Poder Ejecutivo parecen marcar un camino contrario a lo que recomienda el espíritu republicano”, añadieron el radical y el peronista disidente, que conformaron la fórmula principal del ApB-Cambiemos en las elecciones provinciales de 2015. Luego, expresaron su intención de “sumar voluntades para frenar, una vez más, los ataques a la división de poderes por parte de quienes quieren instalar un unicato entre los tucumanos”.
Próxima a ser promulgada
El gobernador se tomará sus vacaciones anuales a partir de esta semana. En los tribunales provinciales permanecen expectantes desde la sanción de la ley que habilitó la suspensión automática de magistrados que lleguen a la instancia del Jurado de Enjuiciamiento. Según trascendió, ese fue uno de los temas de conversación ayer a la mañana, antes del brindis de cierre de año, entre Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Al parecer, la idea del jefe del Poder Ejecutivo es firmar él mismo la ley, para que sea publicada en el Boletín Oficial y entre en vigencia el año próximo. Días atrás, el radical Cano y los peronistas Amaya y Alfaro le habían pedido al gobernador a través de los medios de prensa que vete esa norma. Al parecer, los referentes opositores no lograrían convencer a Manzur de ello.
Pedido descartado
El consejo directivo del Colegio de Abogados de la Capital había solicitado a la Legislatura que suspendiera el debate de las modificaciones a la “Ley de Jury”. El oficialismo rechazó ese pedido, pero la postura de los letrados colegiados sirve como un antecedente para Cano y Amaya en su búsqueda de apoyo institucional contra esa medida. “La suspensión automática del magistrado produce la pérdida de su imperio y origina la necesidad de cubrir la vacancia, agravando la situación de colapso que ya se advierte en el servicio de justicia”, había señalado el consejo directivo. Y había señalado que el cambio “pone en riesgo la división de poderes y avanza peligrosamente contra el Poder Judicial como último resorte para la protección de los derechos de los ciudadanos”.
Cruces en Twitter
La habilitación de las suspensiones automáticas para magistrados generó también divisiones en la propia oposición.
A través de Twitter, la jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, Stella Maris Córdoba, defendió el apoyo de su espacio -afín al intendente Alfaro- a las modificaciones propuestas por el oficialismo. “Al Jury lo componen también los jueces y el Colegio de Abogados, no sólo legisladores, no hay que simplificar el tema”, redactó la ex diputada y ex intendenta. Y añadió: “los jueces no son una casta ‘angelical’, hay buenos y malos, correctos e incorrectos”.
Por sus dichos, salieron al cruce, también en Twitter, los radicales José Canelada (jefe del bloque UCR) y Fernando Valdez. “Pero la formalización de la acusación la hace la comisión de Juicio Político (de la Legislatura). Ocho legisladores podrán suspender un juez”, advirtió Canelada. “Discrepo, estimada colega y amiga (Córdoba). Es grave la amenaza para los jueces”, añadió el “correligionario” Valdez.
El debate no prosperó, pero los opositores ratificaron la forma en la que habían votado en el recinto.
El radical José Cano y el peronista disidente Domingo Amaya dirigieron una nota al presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Marcelo Billone, mediante la cual lo instaron “a promover acción de inconstitucionalidad contra la ley que impuso cambios en el régimen de Jury de Enjuiciamiento”.
En la última sesión de la Legislatura, el oficialismo y los peronistas disidentes afines al intendente, Germán Alfaro, votaron a favor de la norma que habilitó la suspensión automática de magistrados provinciales y funcionarios, en caso de que la comisión legislativa de Juicio Político disponga el avance de la acusación o pedido de remoción al Jury de Enjuiciamiento.
En los últimos días, tanto el director del Plan Belgrano como el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación habían criticado esa medida, a la que incluso calificaron como una avanzada del oficialismo sobre la Justicia provincial. Ahora, decidieron enviarle una nota a los letrados colegiados para que intercedan, como lo habían hecho en 2012 ante una situación similar. En el texto, que no fue rubricado por uno de los aliados estratégicos del ApB, el intendente Alfaro, Cano y Amaya advirtieron sobre la importancia de “garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Condicionamientos
“A todas luces, se trata de una resolución que condiciona la labor de los magistrados, al quedar a merced de una mayoría absoluta y automática del oficialismo provincial”, indicaron Cano y Amaya, en alusión a que el bloque Tucumán Crece cuenta con los ocho votos necesarios sobre los 12 posibles para avanzar con una acusación en la comisión de Juicio Político. En el recinto, que finalmente define si corresponde la expulsión de un juez, fiscal o defensor oficial, las bancas afines a la Casa de Gobierno suman 32, mientras que las opositoras alcanzan las 16.
“Hemos solicitado al gobernador Juan Manzur que vete la decisión parlamentaria, pero las señales que llegan desde el Poder Ejecutivo parecen marcar un camino contrario a lo que recomienda el espíritu republicano”, añadieron el radical y el peronista disidente, que conformaron la fórmula principal del ApB-Cambiemos en las elecciones provinciales de 2015. Luego, expresaron su intención de “sumar voluntades para frenar, una vez más, los ataques a la división de poderes por parte de quienes quieren instalar un unicato entre los tucumanos”.
Próxima a ser promulgada
El gobernador se tomará sus vacaciones anuales a partir de esta semana. En los tribunales provinciales permanecen expectantes desde la sanción de la ley que habilitó la suspensión automática de magistrados que lleguen a la instancia del Jurado de Enjuiciamiento. Según trascendió, ese fue uno de los temas de conversación ayer a la mañana, antes del brindis de cierre de año, entre Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Al parecer, la idea del jefe del Poder Ejecutivo es firmar él mismo la ley, para que sea publicada en el Boletín Oficial y entre en vigencia el año próximo. Días atrás, el radical Cano y los peronistas Amaya y Alfaro le habían pedido al gobernador a través de los medios de prensa que vete esa norma. Al parecer, los referentes opositores no lograrían convencer a Manzur de ello.
Pedido descartado
El consejo directivo del Colegio de Abogados de la Capital había solicitado a la Legislatura que suspendiera el debate de las modificaciones a la “Ley de Jury”. El oficialismo rechazó ese pedido, pero la postura de los letrados colegiados sirve como un antecedente para Cano y Amaya en su búsqueda de apoyo institucional contra esa medida. “La suspensión automática del magistrado produce la pérdida de su imperio y origina la necesidad de cubrir la vacancia, agravando la situación de colapso que ya se advierte en el servicio de justicia”, había señalado el consejo directivo. Y había señalado que el cambio “pone en riesgo la división de poderes y avanza peligrosamente contra el Poder Judicial como último resorte para la protección de los derechos de los ciudadanos”.
Cruces en Twitter
La habilitación de las suspensiones automáticas para magistrados generó también divisiones en la propia oposición.
A través de Twitter, la jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, Stella Maris Córdoba, defendió el apoyo de su espacio -afín al intendente Alfaro- a las modificaciones propuestas por el oficialismo. “Al Jury lo componen también los jueces y el Colegio de Abogados, no sólo legisladores, no hay que simplificar el tema”, redactó la ex diputada y ex intendenta. Y añadió: “los jueces no son una casta ‘angelical’, hay buenos y malos, correctos e incorrectos”.
Por sus dichos, salieron al cruce, también en Twitter, los radicales José Canelada (jefe del bloque UCR) y Fernando Valdez. “Pero la formalización de la acusación la hace la comisión de Juicio Político (de la Legislatura). Ocho legisladores podrán suspender un juez”, advirtió Canelada. “Discrepo, estimada colega y amiga (Córdoba). Es grave la amenaza para los jueces”, añadió el “correligionario” Valdez.
El debate no prosperó, pero los opositores ratificaron la forma en la que habían votado en el recinto.
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