24 Diciembre 2016
MANZUR Y CANO. El gobernador junto al vice durante un acto en Casa de Gobierno. ARCHIVO
Las nuevas leyes de impacto directo en el funcionamiento del Poder Judicial todavía no han sido aplicadas, pero ya generaron fuertes cruces entre dos referentes del oficialismo y de la oposición.
El director del Plan Belgrano, el radical José Cano, había dicho el jueves que advertirá al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sobre un supuesto riesgo para la “independencia judicial”. “La posibilidad de que el Jury de Enjuiciamiento suspenda jueces con el simple voto de una mayoría automática del oficialismo (en la comisión de Juicio Político) y la incorporación de una primera instancia el fuero contencioso administrativo son dos decisiones que claramente buscan colonizar lo poco que queda en pie de independiente en el Poder Judicial tucumano”, sostuvo el radical.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce del opositor y lo instó a que, si llega a conversar efectivamente con Garavano, “le cuente las cosas como son”.
“Ante todo, creo que es fundamental el respeto por las decisiones de los poderes del Estado. La Legislatura ha aprobado una ley que no es ‘del oficialismo’, sino que fue acompañada también por legisladores que pertenecen al frente Cambiemos”, remarcó el vicegobernador, en diálogo con LA GACETA. Aludió con esa frase al apoyo del bloque Peronismo del Bicentenario, afín al intendente Germán Alfaro (ApB-Cambiemos), al proyecto que habilitó la eventual suspensión automática de magistrados y funcionarios acusados ante el Jury. Esa bancada sin embargo sí votó en contra de la creación de juzgados de primera instancia en lo laboral y en lo contencioso.
Cano había instado además al gobernador, Juan Luis Manzur, a vetar esas leyes, algo que también fue cuestionado por Jaldo. “Le sugiero al coordinador del Plan Belgrano que respete las decisiones de la Legislatura”, manifestó.
El radical Cano había mencionado además las causas judiciales referidas a las “valijas” del Poder Legislativo, en las que se trasladaron millones en efectivo en el 2015 electoral para supuestos subsidios o “gastos sociales”. “No se puede afectar la independencia judicial, dejándola a merced de un poder político que está siendo investigado por gravísimos hechos de corrupción”, había dicho el funcionario de la gestión de Mauricio Macri.
El vicegobernador también respondió sobre este punto. “Ya que viaja a entrevistarse con el ministro Garavano, espero que aproveche y le lleve también un informe de la causa penal en la que se lo investiga por haberse costeado campañas electorales con fondos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Y espero que también le diga que, misteriosamente, han desaparecido los expedientes (de ese proceso penal). Ojalá que, cuando vuelva, Cano le comunique públicamente a la comunidad de Tucumán sobre esos temas y qué le contestó el ministro de Justicia de la Nación”, indicó Jaldo. Y añadió: “al ritmo que va, Cano se está convirtiendo en el ‘demandador VIP’ del Gobierno nacional, ya que cobra importantes sueldos por ello”.
Las modificaciones
El miércoles pasado, el oficialismo llevó al recinto una “batería” de medidas que fueron presentadas por el autor de los proyectos, Marcelo Caponio, como parte de las reformas que se están efectuando en el Poder Judicial tucumano.
El legislador peronista señaló que correspondía la creación de juzgados de primera instancia en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo para habilitar la doble revisión de las sentencias, primero ante las cámaras vigentes y luego ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
También remarcó que era imperioso modificar la ley del Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento, ya que el órgano interpoderes no ha podido avanzar con la remoción de los magistrados acusados de presunto mal desempeño desde su creación.
El radicalismo apuntó en el recinto que, con estos cambios, el oficialismo busca amedrentar a los jueces y fiscales que no responden a la Casa de Gobierno. Se mencionó además el caso particular del fuero contencioso administrativo, en el que se indaga sobre la legalidad y el uso de los fondos conocidos como “gastos sociales”.
El bloque Tucumán Crece tiene otras medidas referidas a la Justicia en agenda, como la división del Ministerio Público (un área para los fiscales y otra para defensores) y un nuevo régimen de subrogancias.
El director del Plan Belgrano, el radical José Cano, había dicho el jueves que advertirá al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, sobre un supuesto riesgo para la “independencia judicial”. “La posibilidad de que el Jury de Enjuiciamiento suspenda jueces con el simple voto de una mayoría automática del oficialismo (en la comisión de Juicio Político) y la incorporación de una primera instancia el fuero contencioso administrativo son dos decisiones que claramente buscan colonizar lo poco que queda en pie de independiente en el Poder Judicial tucumano”, sostuvo el radical.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce del opositor y lo instó a que, si llega a conversar efectivamente con Garavano, “le cuente las cosas como son”.
“Ante todo, creo que es fundamental el respeto por las decisiones de los poderes del Estado. La Legislatura ha aprobado una ley que no es ‘del oficialismo’, sino que fue acompañada también por legisladores que pertenecen al frente Cambiemos”, remarcó el vicegobernador, en diálogo con LA GACETA. Aludió con esa frase al apoyo del bloque Peronismo del Bicentenario, afín al intendente Germán Alfaro (ApB-Cambiemos), al proyecto que habilitó la eventual suspensión automática de magistrados y funcionarios acusados ante el Jury. Esa bancada sin embargo sí votó en contra de la creación de juzgados de primera instancia en lo laboral y en lo contencioso.
Cano había instado además al gobernador, Juan Luis Manzur, a vetar esas leyes, algo que también fue cuestionado por Jaldo. “Le sugiero al coordinador del Plan Belgrano que respete las decisiones de la Legislatura”, manifestó.
El radical Cano había mencionado además las causas judiciales referidas a las “valijas” del Poder Legislativo, en las que se trasladaron millones en efectivo en el 2015 electoral para supuestos subsidios o “gastos sociales”. “No se puede afectar la independencia judicial, dejándola a merced de un poder político que está siendo investigado por gravísimos hechos de corrupción”, había dicho el funcionario de la gestión de Mauricio Macri.
El vicegobernador también respondió sobre este punto. “Ya que viaja a entrevistarse con el ministro Garavano, espero que aproveche y le lleve también un informe de la causa penal en la que se lo investiga por haberse costeado campañas electorales con fondos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Y espero que también le diga que, misteriosamente, han desaparecido los expedientes (de ese proceso penal). Ojalá que, cuando vuelva, Cano le comunique públicamente a la comunidad de Tucumán sobre esos temas y qué le contestó el ministro de Justicia de la Nación”, indicó Jaldo. Y añadió: “al ritmo que va, Cano se está convirtiendo en el ‘demandador VIP’ del Gobierno nacional, ya que cobra importantes sueldos por ello”.
Las modificaciones
El miércoles pasado, el oficialismo llevó al recinto una “batería” de medidas que fueron presentadas por el autor de los proyectos, Marcelo Caponio, como parte de las reformas que se están efectuando en el Poder Judicial tucumano.
El legislador peronista señaló que correspondía la creación de juzgados de primera instancia en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo para habilitar la doble revisión de las sentencias, primero ante las cámaras vigentes y luego ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
También remarcó que era imperioso modificar la ley del Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento, ya que el órgano interpoderes no ha podido avanzar con la remoción de los magistrados acusados de presunto mal desempeño desde su creación.
El radicalismo apuntó en el recinto que, con estos cambios, el oficialismo busca amedrentar a los jueces y fiscales que no responden a la Casa de Gobierno. Se mencionó además el caso particular del fuero contencioso administrativo, en el que se indaga sobre la legalidad y el uso de los fondos conocidos como “gastos sociales”.
El bloque Tucumán Crece tiene otras medidas referidas a la Justicia en agenda, como la división del Ministerio Público (un área para los fiscales y otra para defensores) y un nuevo régimen de subrogancias.
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