“El cambio en el Jurado de Enjuiciamiento sí afecta la independencia de la magistratura”

Marcela Ruiz dice que quiere hacer equilibrio entre las fuerzas que tironean a los jueces de Tucumán. Con esa meta difícil asumió este martes la presidencia de la Asociación de Magistrados (AMT). El equilibrismo que se propone incluye objetivos aparentemente contrapuestos como evitar el disgusto de la Comisión Directiva anterior y, a la vez, atraer a los casi 40 colegas que abandonaron la entidad disconformes con la denuncia penal contra los auditores del ex fiscal Guillermo Herrera. En esa línea, Ruiz pretende sumar a los magistrados jubilados y a los ex presidentes de la entidad, y establecer una comunicación fluida con la abogacía, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, los gremios y el funcionariado de Tribunales, y las autoridades políticas. No es poco ni fácil lo que intenta, pero ella advierte que buscar el diálogo no implica debilidad: “seré firme cuando corresponda”.

Es miércoles y las felicitaciones siguen llegando a raudales. Piel tostada, vestido negro y saco verde manzana: la camarista civil de 44 años atiende con una sonrisa a quienes la demandan. Pero no son todas rosas: el primer día de Ruiz al frente de la AMT coincide con la sanción de una serie de leyes relativas a la Justicia que han sido criticadas por la oposición. La más polémica de las nuevas normas dispone la suspensión automática del juez, fiscal o defensor oficial acusado -por la comisión de Juicio Político de la Legislatura- ante el Jurado de Enjuiciamiento (o Jury). Antes, tal suspensión era facultativa y debía ser adoptada con el aval de dos tercios de los miembros del comité. “Más allá de las razones existentes para la reforma del Jury, me parece que sí afecta la independencia de los jueces. La Comisión Directiva hará un pronunciamiento”, anuncia la sucesora del defensor oficial Roberto Paz.

-¿La Asociación intentó frenar esta modificación?

-La preparación de la última sesión nos encontró justo en la transición de conducciones. No hubo consultas a la nueva gestión de parte del Poder Legislativo. Se dice que la reforma está inspirada en el mecanismo nacional, pero la Constitución de Tucumán establece normas distintas. La independencia del juez, que fue establecida en beneficio del ciudadano, conlleva la estabilidad mientras existe una buena conducta: una suspensión preventiva durante el trámite de un juicio de destitución implica adelantar la pena sin proceso previo y supone una clara violación a la garantía de la inamovilidad.

-El Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006 nunca ha juzgado el desempeño de ningún magistrado. ¿Necesita una revisión?

-Sí. Tiene que haber una revisión integral del órgano (a cargo de ordenar la destitución) empezando por su composición, que es determinante (N. de la R.: cinco de sus ocho miembros responden al oficialismo). No puedo decir si ofrece o no garantías de imparcialidad, sí que no es equilibrada.

-¿Y qué opina sobre la creación de juzgados de primera instancia laborales y en lo contencioso administrativo? Sobre todo en ese segundo caso, la oposición sostiene que, so pretexto de la garantía de la doble instancia, se quiere recortar el poder de camaristas a cargo de procesos sensibles para el oficialismo.

-No sé si antes de crear esas oficinas hubo conversaciones con el Poder Judicial. Desconozco si se realizaron las consultas pertinentes a la Corte Suprema; a los jueces y camaristas de los fueros laboral y contencioso administrativo, e, incluso, a los colegios de abogados y a la anterior comisión directiva de la AMT. Las reformas exigen debate. No se si en función del volumen de procesos nuevos esta era necesaria o si correspondía, por ejemplo, aumentar el número de juzgados y salas dentro del esquema existente.

-Paz, el ex presidente de la AMT, dijo que usted y las demás autoridades que la acompañan son una especie de continuidad. ¿Cómo se siente frente a la anterior gestión?

-Esta es una nueva conducción de la AMT. Aún no hemos tomado contacto con las gestiones realizadas en el pasado, pero procuraremos que haya unidad respecto del del cuidado de la institución, que es un interés de todos.

-En estos últimos años la Asociación asumió una posición confrontativa respecto de las auditorías de la Corte. ¿Qué harán ustedes?

-¿Ves estos papeles? Son los resultados de una auditoría a la Cámara Civil y Comercial de la capital. Las auditorías preventivas me parecen absolutamente positivas para detectar y resolver errores. No temo a las auditorías preventivas: las auditorías de reacción objetadas corresponden a situaciones concretas y a un momento histórico. Otra Comisión Directiva analizó esas cuestiones y actuó en consecuencia.

-¿Qué imagen tiene la sociedad de la Justicia?

-La sociedad tiene una imagen negativa que no refleja la realidad. Sí hay una magistratura comprometida: el 70% de los jueces trabaja cada día hasta tarde. La sociedad conoce los casos aislados y mediáticos, no a los magistrados que pasan inadvertidos y que cumplen en forma correcta su función. Falta comunicación y en este momento es necesario que la comunidad se reconcilie con la Justicia.

-¿En qué medida esa imagen negativa es alimentada por condiciones laborales de la judicatura que se viven como privilegios, como la exención de Ganancias y sueldos muy altos? A ello hay que sumar la impunidad...

-Se mezclan muchos factores. La gente relaciona la mala imagen de la Justicia con la inseguridad. Hay un combo que incide en la formación de una imagen negativa sobre los jueces. Me gustaría que los ciudadanos recorran los Tribunales los sábados y a veces hasta los domingos para ver que se trabaja.

-El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, dijo en julio que en la Justicia de Tucumán había un cambalache. ¿Está de acuerdo?

-Son las realidades que cada uno ve o mira. Es una perspectiva propia cuyos fundamentos desconozco. En líneas generales, el Poder Judicial funciona bien.

-El gobernador Juan Manzur sólo nombró seis jueces este año. ¿Qué efectos produce la falta de cobertura de vacantes?

-Genera retrasos en los procesos y respuestas tardías para las partes. Pero como se trata de un poder independiente, lo que habría que hacer es transmitir esta visión al señor gobernador.

-En 2014 un legislador intentó dar un código de ética a los jueces. El proyecto no prosperó y en su momento la AMT dijo que iba a hacerse cargo del asunto. ¿El código de ética está en su agenda?

-No lo hemos analizado todavía, pero sin duda lo consideraremos.

-Es un momento especial para la Justicia porque los poderes Legislativo y Ejecutivo han decidido desconocer una medida cautelar dictada en el fuero en lo contencioso administrativo. ¿Qué significa esto para la autoridad judicial?

-Las decisiones de los jueces se presumen legítimas, y deben ser discutidas dentro del proceso y con las herramientas que establecen los códigos procesales. El respeto a las decisiones de los jueces es la piedra fundamental para la vigencia del Estado de Derecho que tiene por finalidad la protección de la dignidad humana. Sería bueno que los poderes políticos reflexionen sobre ello, y sobre el impacto que un comportamiento de esta naturaleza produce en la ciudadanía, y si contribuye o no a la paz social.