14 Diciembre 2016
MACRISTA. Brodersen objeta la entrega de subsidios desde la Legislatura. la gaceta / foto de Analía Jaramillo
Las autoridades del Poder Legislativo y el legislador Luis Brodersen (PRO-A) están cerrando un año de tensa disputa judicial, en la causa que indaga sobre la legalidad o constitucionalidad de los subsidios otorgados desde la sede de calle Muñecas 951.
El macrista, a través de su representante legal y secretario de bloque, Carlos Correa, objetó ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, la estrategia de los letrados de la Legislatura (actúan Juan José Francisco Gómez y Álvaro del Barco Mugavero) y de la Provincia (firma Aldo Cerutti).
La semana pasada, los abogados oficiales justificaron la devolución de una medida cautelar dictada por ese tribunal -por solicitud por Brodersen-, mediante la cual se ordenaba el resguardo de la documentación respaldatoria de las millonarias ayudas a personas. Ese instrumento designaba además al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, depositario judicial de los recibos.
Según Gómez y del Barco Mugavero, el oficio N° 1.539 -que comunicaba la cautelar- era nulo y, por lo tanto, procedían a restituirlo. Cerutti, luego, adhirió a la postura de sus colegas.
Según Brodersen, la nulidad de la resolución judicial sobre la custodia de los recibos legislativos sólo compete en este caso a la Sala II o a la Corte Suprema, según sea la instancia de disputa. “La orden judicial debió ser cumplida, lo que no aconteció, tal como se desprende de la devolución (del oficio) por parte de la Legislatura y de la Provincia”, retrucó el macrista. Y advirtió que el Estado provincial se está arrogando “facultades jurisdiccionales” que no posee. “También se coloca (a la Provincia) en una evidente desobediencia judicial”, indicó el legislador, siempre vía su abogado. Por ello, requirió que el tribunal dicte una nueva medida para el resguardo e inmovilización de los papeles en pugna.
Sin voluntad
En noviembre de 2015, LA GACETA reveló que la plata destinada a subsidios por la Legislatura era retirada de un banco en valijas y en una camioneta oficial sin identificación. En ese año electoral, que comenzó con la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur, se destinaron más de $ 600 millones a presuntas ayudas. En agosto pasado, Jaldo derogó esa asistencia a personas físicas (siguen los aportes a ONG). Eso no evitó el avance de diversas causas judiciales, en las cuales los recibos de los denominados “gastos sociales” son considerados evidencia clave. La Sala II, tras dictar la cautelar que ordenó la custodia de esos papeles, fue recusada por los abogados estatales (la jueza Ebe López Piossek debería dirimir la cuestión). Luego, la Legislatura y la Provincia declinaron de recibir la notificación judicial al respecto. “Esto demuestra que (el Gobierno no tiene la) voluntad de resguardar la documentación relativa a los ‘gastos sociales’”, consideraron Brodersen y su letrado.
El macrista, a través de su representante legal y secretario de bloque, Carlos Correa, objetó ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, la estrategia de los letrados de la Legislatura (actúan Juan José Francisco Gómez y Álvaro del Barco Mugavero) y de la Provincia (firma Aldo Cerutti).
La semana pasada, los abogados oficiales justificaron la devolución de una medida cautelar dictada por ese tribunal -por solicitud por Brodersen-, mediante la cual se ordenaba el resguardo de la documentación respaldatoria de las millonarias ayudas a personas. Ese instrumento designaba además al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, depositario judicial de los recibos.
Según Gómez y del Barco Mugavero, el oficio N° 1.539 -que comunicaba la cautelar- era nulo y, por lo tanto, procedían a restituirlo. Cerutti, luego, adhirió a la postura de sus colegas.
Según Brodersen, la nulidad de la resolución judicial sobre la custodia de los recibos legislativos sólo compete en este caso a la Sala II o a la Corte Suprema, según sea la instancia de disputa. “La orden judicial debió ser cumplida, lo que no aconteció, tal como se desprende de la devolución (del oficio) por parte de la Legislatura y de la Provincia”, retrucó el macrista. Y advirtió que el Estado provincial se está arrogando “facultades jurisdiccionales” que no posee. “También se coloca (a la Provincia) en una evidente desobediencia judicial”, indicó el legislador, siempre vía su abogado. Por ello, requirió que el tribunal dicte una nueva medida para el resguardo e inmovilización de los papeles en pugna.
Sin voluntad
En noviembre de 2015, LA GACETA reveló que la plata destinada a subsidios por la Legislatura era retirada de un banco en valijas y en una camioneta oficial sin identificación. En ese año electoral, que comenzó con la gestión del actual gobernador, Juan Luis Manzur, se destinaron más de $ 600 millones a presuntas ayudas. En agosto pasado, Jaldo derogó esa asistencia a personas físicas (siguen los aportes a ONG). Eso no evitó el avance de diversas causas judiciales, en las cuales los recibos de los denominados “gastos sociales” son considerados evidencia clave. La Sala II, tras dictar la cautelar que ordenó la custodia de esos papeles, fue recusada por los abogados estatales (la jueza Ebe López Piossek debería dirimir la cuestión). Luego, la Legislatura y la Provincia declinaron de recibir la notificación judicial al respecto. “Esto demuestra que (el Gobierno no tiene la) voluntad de resguardar la documentación relativa a los ‘gastos sociales’”, consideraron Brodersen y su letrado.
Lo más popular
