Gandur negó que la Corte desproteja a los fiscales

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo pública su versión sobre la reunión malograda con representantes del Ministerio Público que había sido convocada para tratar las condiciones de seguridad de los Tribunales penales de la capital. El acta firmada por los vocales Antonio Gandur (presidente) y Antonio Estofán, y la secretaria de Superintendencia, Gabriela Blanco, indica que el encuentro se tensó luego de que Washington Navarro Dávila, fiscal N°5 y protagonista de una serie de sucesos recientes, dijese que la Corte desprotegía a los fiscales. Frente a ello, Gandur replicó que jamás había ocurrido tal desprotección; citó los ejemplos de los fiscales Diego López Ávila (N°4) y Adriana Giannoni (N°8) -presentes en el intercambio-, y terminó sin más la audiencia.

Según el acta en cuestión y además de los mencionados, asistieron al encuentro de hace una semana los fiscales Mariana Rivadeneira (N°1), Claudio Bonari (N°2), María del Carmen Reuter (N°3) y Adriana Reinoso Cuello (N°6), y el jefe de todos ellos, Edmundo Jiménez. El instrumento precisa que Gandur ordenó que, en adelante, los planteos sean formulados por escrito. Y que, luego de que este abandonó la audiencia, los miembros del Ministerio Público solicitaron a Estofán que aquella continuara con los presentes. “Pero el vocal (aludido) señaló que al tratarse de una reunión institucional y al haberse retirado el titular del cuerpo, los asuntos debían plasmarse por nota”, consignó la fedataria Blanco.

Luego de notificarse sobre el contenido del acta, Jiménez pidió que sea fijada una nueva audiencia “con premura” esgrimiendo que quedaban “temáticas graves y urgentes” de seguridad sin tratar: el jefe de los fiscales sugirió que en esa otra reunión podría confeccionarse un acta con la versión de los hechos de todos los participantes. La nota, que lleva la firma de los fiscales de Instrucción en funciones en la capital -con la excepción de Bonari, que está de licencia-, circula desde ayer entre las vocalías de la Corte. Si bien había una decisión tomada en cuanto a evitar los contactos verbales, la puerta para un segundo encuentro estaba más abierta que cerrada.

Una garita y más cámaras

Durante la madrugada del 17 de noviembre hubo un robo en la Fiscalía N°5, que encabeza Navarro Dávila. De un armario que allí había se llevaron armas, dinero, celulares y papeles. La investigación penal de este suceso acaecido en los Tribunales penales de Av. Sarmiento y Laprida quedó en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar (N°7). Algunos días antes, Héctor Gustavo Lazarte, prosecretario de Navarro Dávila, había sido acusado de cohecho. La pesquisa depende de la fiscala Rivadeneira.

Mientras el Ministerio Público trata de esclarecer los delitos ocurridos en su esfera, la Asociación de Magistrados de Tucumán sentó posición en favor de Navarro Dávila -quien recientemente fue apercibido por la Corte por negarse a proporcionar información sobre la marcha de un caso-. En un texto muy crítico, las autoridades salientes Roberto Paz y Marcela Tejeda (mañana asumen sus reemplazantes) añadieron las quejas de Roberto Guyot, juez de Ejecución Penal, quien sostiene que no están dadas las condiciones de seguridad para ejercer sus funciones. Según Paz y Tejeda, el alto tribunal nunca se dignó a contestar los requerimientos del magistrado.

En el acta que firmaron Gandur, Estofán y Blanco consta que esta última había informado a los representantes del Ministerio Público sobre las últimas gestiones ejecutadas en materia de seguridad. Blanco expresó que habían procedido a arreglar de inmediato los daños que generó el robo en la Fiscalía N°5 y que confeccionaron un informe sobre la custodia policial; que estaban determinando las necesidades de seguridad del fuero penal, y que iban a triplicar las cámaras y a reforzar las cerraduras. La secretaria de Superintendencia asimismo dio cuenta de que habían comenzado los aprestos para instalar una garita.

La Corte informó a los fiscales, siempre según el acta, que por la cuestión de la seguridad había solicitado audiencias con el gobernador Juan Manzur y con el ministro Regino Amado. A este último el alto tribunal le había pedido que asignara más personal policial y que enviara los curriculum de los guardias afectados a los centros judiciales de la provincia.