10 Diciembre 2016
LES SOBRA CONFIANZA. Martín Olari Ugrote y Gabriel Mérola son los abogados que representarán a la UIF en el juicio contra los Ale. la gaceta / Foto de José Nuno
“Después de analizar su situación, nos dimos cuenta de una cosa: el ‘Clan Ale’ era una especie de polirrubro del delito”, aseguró Martín Olari Ugrote, abogado de la Unidad de Investigación Financiera que será querellante en el juicio que comenzará el próximo viernes. “Y lo más importante es que consideramos que tenemos pruebas sólidas para que sean condenados”, agregó Gabriel Mérola, que también lo acompañará en esa función.
Rubén “La Chancha” Ale, Ángel “El Mono” Ale y María Jesús Rivero están acusados de dirigir una asociación ilícita integrada por otras 14 personas cuya única finalidad era el lavado de activos generados en actividades delictivas como trata de personas, extorsión, robo de cosechas, usurpación, malversación de fondos públicos y evasión fiscal, entre otros.
“Este caso es particular. La UIF, en base a la denuncia que realizó Susana Trimarco, y el aporte de otros testigos, muchos de ellos que están protegidos, logró establecer el verdadero patrimonio de los acusados. Para ello hubo que hacer un entrecruzamiento de datos con otros organismos. Fue un trabajo muy detallado y los resultados están a la vista”, dijeron los profesionales.
Los representantes destacaron además que el papel que cumplió el organismo. “Se recibió la denuncia, se la investigó, se consiguieron pruebas, hizo la presentación en la Justicia, acompañó la causa y ahora es querellante. Además de ser el primer juicio por lavado de activos que desarrollará en la provincia, también será histórico por cómo participó la UIF en el proceso”, comentó Olari Ugrote.
Los abogados sonrieron cuando se enteraron que los defensores de los acusados eran perseguidos políticos por la relación de Trimarco con el kirchnerismo. “Nuestro trabajo fue técnico. No tiene nada que ver con la política. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, los actuales titulares del organismo, vendrán a la provincia a la primera audiencia para respaldar la tarea que se desarrolló”, señalaron en una charla con LA GACETA.
Aclaraciones
Según las estimaciones realizadas por los abogados del organismo, al “Clan Ale” se lo acusa de haber ingresado más de $39 millones de pesos entre los años 2002 y 2013. “Es cierto que el poderío de los Ale fue mucho mayor, pero tomamos ese lapso de tiempo por una cuestión legal. Si hubieran realizado esa actividad en años anteriores, ya estarían prescriptos”, señalaron.
Los investigadores informaron que los acusados podrían haber ingresado al mercado legal el dinero proveniente de ilícitos utilizando testaferros. La “Chancha” habría utilizado a sus parejas Valeria Fernanda Bestán y María Florencia Cuño y a sus empleados Fabián Antonio González, Julia Esther Picone (esposa del último), Víctor Suárez y Roberto Dilascio, pareja de Rivero. En tanto que las empresas que se investigaron por ser sospechadas de haber sido utilizadas para cumplir con este ilícito son la remisería Cinco Estrellas, la Gerenciadora del NOA -empresa que se hizo cargo del fútbol de San Martín- y Transportadora Leonel.
El caso del “Mono” no es tan complicado. Se lo acusa de haber utilizado a Ana María Ruiz y Andrea Acosta (ninguna está imputada) para la adquisición de propiedades. Los “sabuesos” de la AFIP y de la UIF depositaron todas sus miradas de Point Limits, empresa que es de su propiedad y que encierra a cinco casas de juegos.
“Cada uno cumplía un rol en la organización. Sospechamos, por ejemplo, que la remisería también era un sistema para trasladar a las víctimas de trata o un lugar donde se realizaban diferentes negocios ilegales como el cobro de préstamos”, destacaron en la charla con LA GACETA.
Olari Ugrota y Mérola destacaron que la acusación es sólida, ya que cuenta con numerosas pruebas recolectadas a lo largo del procedimiento. “Por ejemplo, Rubén Ale negó ser miembro de la empresa que gerenció el fútbol de San Martín, pero en su casa se secuestró todo tipo de documentación referida a esa firma. Hasta el acta fundacional fue ubicada al igual que libros donde figuran movimientos como venta de entradas y contratos realizados”, dijeron.
Los profesionales destacaron que más allá de los dichos de testigos de identidad reservada y de escuchas telefónicas, no cuentan con pruebas para vincular al “Clan Ale” en el narcotráfico. Si serán juzgados por este delito Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero.
“Solo hay dos personas imputadas, pero se trata de poca cantidad. De todas maneras, estamos listos y confiados por la acusación de lavado de activos que es la que realmente nos interesa. Creemos que hay elementos para que reciban una condena”, señalo Mérola.
Olari Ugrota agregó: “sobre la pena es más dura en el aspecto económico, puesto que si se los encuentra culpable, serán obligados a pagar una multa de entre dos y 10 veces del monto de lo que se acusa de haber lavado activos”, concluyó
Rubén “La Chancha” Ale, Ángel “El Mono” Ale y María Jesús Rivero están acusados de dirigir una asociación ilícita integrada por otras 14 personas cuya única finalidad era el lavado de activos generados en actividades delictivas como trata de personas, extorsión, robo de cosechas, usurpación, malversación de fondos públicos y evasión fiscal, entre otros.
“Este caso es particular. La UIF, en base a la denuncia que realizó Susana Trimarco, y el aporte de otros testigos, muchos de ellos que están protegidos, logró establecer el verdadero patrimonio de los acusados. Para ello hubo que hacer un entrecruzamiento de datos con otros organismos. Fue un trabajo muy detallado y los resultados están a la vista”, dijeron los profesionales.
Los representantes destacaron además que el papel que cumplió el organismo. “Se recibió la denuncia, se la investigó, se consiguieron pruebas, hizo la presentación en la Justicia, acompañó la causa y ahora es querellante. Además de ser el primer juicio por lavado de activos que desarrollará en la provincia, también será histórico por cómo participó la UIF en el proceso”, comentó Olari Ugrote.
Los abogados sonrieron cuando se enteraron que los defensores de los acusados eran perseguidos políticos por la relación de Trimarco con el kirchnerismo. “Nuestro trabajo fue técnico. No tiene nada que ver con la política. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, los actuales titulares del organismo, vendrán a la provincia a la primera audiencia para respaldar la tarea que se desarrolló”, señalaron en una charla con LA GACETA.
Aclaraciones
Según las estimaciones realizadas por los abogados del organismo, al “Clan Ale” se lo acusa de haber ingresado más de $39 millones de pesos entre los años 2002 y 2013. “Es cierto que el poderío de los Ale fue mucho mayor, pero tomamos ese lapso de tiempo por una cuestión legal. Si hubieran realizado esa actividad en años anteriores, ya estarían prescriptos”, señalaron.
Los investigadores informaron que los acusados podrían haber ingresado al mercado legal el dinero proveniente de ilícitos utilizando testaferros. La “Chancha” habría utilizado a sus parejas Valeria Fernanda Bestán y María Florencia Cuño y a sus empleados Fabián Antonio González, Julia Esther Picone (esposa del último), Víctor Suárez y Roberto Dilascio, pareja de Rivero. En tanto que las empresas que se investigaron por ser sospechadas de haber sido utilizadas para cumplir con este ilícito son la remisería Cinco Estrellas, la Gerenciadora del NOA -empresa que se hizo cargo del fútbol de San Martín- y Transportadora Leonel.
El caso del “Mono” no es tan complicado. Se lo acusa de haber utilizado a Ana María Ruiz y Andrea Acosta (ninguna está imputada) para la adquisición de propiedades. Los “sabuesos” de la AFIP y de la UIF depositaron todas sus miradas de Point Limits, empresa que es de su propiedad y que encierra a cinco casas de juegos.
“Cada uno cumplía un rol en la organización. Sospechamos, por ejemplo, que la remisería también era un sistema para trasladar a las víctimas de trata o un lugar donde se realizaban diferentes negocios ilegales como el cobro de préstamos”, destacaron en la charla con LA GACETA.
Olari Ugrota y Mérola destacaron que la acusación es sólida, ya que cuenta con numerosas pruebas recolectadas a lo largo del procedimiento. “Por ejemplo, Rubén Ale negó ser miembro de la empresa que gerenció el fútbol de San Martín, pero en su casa se secuestró todo tipo de documentación referida a esa firma. Hasta el acta fundacional fue ubicada al igual que libros donde figuran movimientos como venta de entradas y contratos realizados”, dijeron.
Los profesionales destacaron que más allá de los dichos de testigos de identidad reservada y de escuchas telefónicas, no cuentan con pruebas para vincular al “Clan Ale” en el narcotráfico. Si serán juzgados por este delito Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero.
“Solo hay dos personas imputadas, pero se trata de poca cantidad. De todas maneras, estamos listos y confiados por la acusación de lavado de activos que es la que realmente nos interesa. Creemos que hay elementos para que reciban una condena”, señalo Mérola.
Olari Ugrota agregó: “sobre la pena es más dura en el aspecto económico, puesto que si se los encuentra culpable, serán obligados a pagar una multa de entre dos y 10 veces del monto de lo que se acusa de haber lavado activos”, concluyó
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