Dicen que todo es nulo por la incompatibilidad de los letrados

El Poder Legislativo exigió la declaración de nulidad de todo el juicio iniciado por el legislador opositor Luis Brodersen (PROA) para determinar la constitucionalidad de los gastos sociales. Los abogados Álvaro del Barco Mugavero y Juan José Francisco Gómez expresaron que los letrados que asisten al demandante están incursos en incompatibilidad porque son empleados de la misma Legislatura. El cuestionamiento alcanza a los profesionales Rafael Rillo Cabane, Carlos Valls, Hernán Correa y Carlos Correa.

“Resulta ser que todos los nombrados perciben sueldos del Poder Legislativo. Y que los abogados no pueden demandar en causa ajena a sus empleadores y que el hecho de que presten servicios a las órdenes de Brodersen no faculta a este legislador a encomendarles juicios de naturaleza personal o que estén fuera de su órbita personal”, manifestaron Del Barco Mugavero y Gómez. En respaldo de su planteo, estos letrados citaron la Ley 5.473 (Estatuto para el Personal de la Administración Pública) y la Ley de Ética Pública vigente en el orden nacional, que, según afirmaron, constituye una derivación razonable de la Constitución Nacional, de los principios éticos y del ordenamiento jurídico en general -Tucumán carece de ley propia en materia de ética pública-.

“El vicio denunciado desnaturaliza la personería de Brodersen por no encontrarse patrocinado legalmente por un profesional habilitado”, dijeron los abogados del Poder Legislativo. Y añadieron que esta situación de incompatibilidad era plenamente conocida por el demandante: “no se trata de un particular sorprendido en su buena fe, sino que Brodersen, a sabiendas de la situación, encomendó las tareas incompatibles”.

Del Barco Mugavero y Gómez manifestaron que la Legislatura había sido perjudicada por la actuación controvertida de los letrados de Brodersen en la medida en que había sido colocada en una situación de desventaja evidente. “Además, está el interés de toda la comunidad puesto que ha sido infringido el bien jurídico protegido por la norma”, acotaron. Y en virtud de este planteo, que se suma a la maraña de impugnaciones presentadas contra decisiones de los jueces y los jueces mismos, los abogados de la Legislatura conjeturaron que el juicio “Brodersen” debía “sufrir un proceso de reingeniería legal”. El punto de partida de ese “nuevo comienzo” debía ser, según los letrados, la declaración de nulidad de todas las actuaciones, entre ellas, de la resolución que confirma la obligación de aportar al proceso los recibos de los gastos sociales.