09 Diciembre 2016
CUESTIONES POLÍTICAS. Milani, ex jefe del Ejército durante el último tramo kirchnerista, creo que la Justicia lo “persigue” por su relación con CFK. DyN (archivo)
La paciencia de la familia Ledo puede parecer enorme: desde hace 40 años -casi 15.000 días- espera saber el destino de Alberto Agapito Ledo, conscripto riojano desaparecido en 1976 en Tucumán. Pero no. A dos meses de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara que el ex jefe del Ejército César Milani tiene que ser citado a indagatoria por el caso y luego de que el juez federal N°1 Daniel Bejas se apartara, los Ledo pidieron nuevamente que se concrete la citación.
Los expedientes están desde hace poco más de 10 días en manos del juez federal N°2, Fernando Poviña, pero este se encuentra de licencia y retomará las actividades la semana entrante, según se les informó a los querellantes.
“No vamos a dejar que pase mucho más tiempo, ya fue demasiado. Reiteramos el pedido que habíamos hecho el 3 de octubre a Bejas. Las organizaciones que nos acompañan decidieron que vamos a movilizarnos”, advirtió Graciela Ledo, hermana de la víctima. Viajó a la provincia para presentar el escrito en los Tribunales Federales locales junto a los abogados Adriana Mercado Luna, Viviana Reinoso, María Elisa Reinoso y Bernardo Lobo Bugeau.
“Nos atendieron muy bien y nos dijeron que están en el período de conocimiento del caso y que después tendremos noticias. Bejas dejó pasar mucho tiempo, no obró como debía. Dilató la causa más de tres años. No nos garantizó el derecho a la verdad y a la justicia, que es lo único que pedimos”, lamentó Ledo.
Aseguró que tienen expectativas en que Poviña reimpulse el expediente. “Tenemos esperanzas, sin ellas no podríamos haber estado tantos años esperando. Pero la esperanza tiene un límite. Vamos a seguir y a seguir. La fuerzas no se nos han terminado y las ganas tampoco”, sentenció.
Lobo Bugeau, representante local del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, actúa por ahora como querellante particular de la familia. Está previsto, sin embargo, que se constituya como representante de la Nación próximamente.
El compromiso del Gobierno es participar activamente del caso, comentó Ledo. “Hace un mes viajamos con la mami (Marcela Brizuela de Ledo) a Buenos Aires. Nos entrevistamos con el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) y con el ministro de Justicia (Germán Garavano). Le pedimos que se sean querellantes. Nos dijeron que nos iban a responder y finalmente lo harán”, concluyó.
La causa -suma 15 cuerpos- pasó por un derrotero judicial por los planteos de los fiscales, de las querellas y de las defensas de Milani y de Esteban Sanguinetti (ex capitán implicado en los hechos).
Ledo era un estudiante de 20 años. Cursaba la carrera de Historia en la UNT. Fue convocado al servicio militar en 1975, durante el Operativo Independencia. En 1976, cuando desapareció, integraba el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. En mayo de 1976, un grupo de esa dependencia se trasladó a Monteros presuntamente bajo las órdenes de Milani y de Sanguinetti. Entre los que llegaron a la provincia estaba Ledo. Habría sido secuestrado del sitio en el que se encontraban afincados, el predio de una escuela. El Ejército, sin embargo, sostuvo que desertó.
Disfrazar la desaparición forzada de conscriptos bajo esa figura fue habitual durante el terrorismo de Estado, de acuerdo con las investigaciones judiciales. Según el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, cuanto menos 129 jóvenes soldados desaparecieron entre 1975 y 1983. Al menos 12 fueron vistos por última vez en Tucumán. Según el fiscal federal N°1, Carlos Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado Ledo y falsificado el sumario de deserción.
En julio de 2013, cuando se presentó espontáneamente en los tribunales federales tucumanos, Milani -jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández- había explicado que entre el 75 y el 76 estuvo 40 días en la provincia, en dos oportunidades, con la unidad a la que pertenecía. En esos años tenía 21 años y era subteniente, según dijo. “Estuvimos en una escuela en Monteros y reparábamos y limpiábamos caminos. No tuvimos que ver con la parte de inteligencia, de operativa ni con nada”, había explicado en ese entonces.
Los expedientes están desde hace poco más de 10 días en manos del juez federal N°2, Fernando Poviña, pero este se encuentra de licencia y retomará las actividades la semana entrante, según se les informó a los querellantes.
“No vamos a dejar que pase mucho más tiempo, ya fue demasiado. Reiteramos el pedido que habíamos hecho el 3 de octubre a Bejas. Las organizaciones que nos acompañan decidieron que vamos a movilizarnos”, advirtió Graciela Ledo, hermana de la víctima. Viajó a la provincia para presentar el escrito en los Tribunales Federales locales junto a los abogados Adriana Mercado Luna, Viviana Reinoso, María Elisa Reinoso y Bernardo Lobo Bugeau.
“Nos atendieron muy bien y nos dijeron que están en el período de conocimiento del caso y que después tendremos noticias. Bejas dejó pasar mucho tiempo, no obró como debía. Dilató la causa más de tres años. No nos garantizó el derecho a la verdad y a la justicia, que es lo único que pedimos”, lamentó Ledo.
Aseguró que tienen expectativas en que Poviña reimpulse el expediente. “Tenemos esperanzas, sin ellas no podríamos haber estado tantos años esperando. Pero la esperanza tiene un límite. Vamos a seguir y a seguir. La fuerzas no se nos han terminado y las ganas tampoco”, sentenció.
Lobo Bugeau, representante local del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, actúa por ahora como querellante particular de la familia. Está previsto, sin embargo, que se constituya como representante de la Nación próximamente.
El compromiso del Gobierno es participar activamente del caso, comentó Ledo. “Hace un mes viajamos con la mami (Marcela Brizuela de Ledo) a Buenos Aires. Nos entrevistamos con el secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) y con el ministro de Justicia (Germán Garavano). Le pedimos que se sean querellantes. Nos dijeron que nos iban a responder y finalmente lo harán”, concluyó.
La causa -suma 15 cuerpos- pasó por un derrotero judicial por los planteos de los fiscales, de las querellas y de las defensas de Milani y de Esteban Sanguinetti (ex capitán implicado en los hechos).
Ledo era un estudiante de 20 años. Cursaba la carrera de Historia en la UNT. Fue convocado al servicio militar en 1975, durante el Operativo Independencia. En 1976, cuando desapareció, integraba el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. En mayo de 1976, un grupo de esa dependencia se trasladó a Monteros presuntamente bajo las órdenes de Milani y de Sanguinetti. Entre los que llegaron a la provincia estaba Ledo. Habría sido secuestrado del sitio en el que se encontraban afincados, el predio de una escuela. El Ejército, sin embargo, sostuvo que desertó.
Disfrazar la desaparición forzada de conscriptos bajo esa figura fue habitual durante el terrorismo de Estado, de acuerdo con las investigaciones judiciales. Según el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, cuanto menos 129 jóvenes soldados desaparecieron entre 1975 y 1983. Al menos 12 fueron vistos por última vez en Tucumán. Según el fiscal federal N°1, Carlos Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado Ledo y falsificado el sumario de deserción.
En julio de 2013, cuando se presentó espontáneamente en los tribunales federales tucumanos, Milani -jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández- había explicado que entre el 75 y el 76 estuvo 40 días en la provincia, en dos oportunidades, con la unidad a la que pertenecía. En esos años tenía 21 años y era subteniente, según dijo. “Estuvimos en una escuela en Monteros y reparábamos y limpiábamos caminos. No tuvimos que ver con la parte de inteligencia, de operativa ni con nada”, había explicado en ese entonces.
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