El aumento en la tarifa del gas sería de un 38% promedio a partir de abril

Un aumento fijo u otro gradual. Esa es la cuestión esencial que hoy se ventilará durante la audiencia pública que se desarrollará en el Complejo Ferial de la capital cordobesa. Allí, la empresa de distribución Gasnor planteará la necesidad de incrementar las tarifas para atender la creciente demanda de servicios, mientras la Defensoría del Pueblo de Tucumán reclamará que se realicen más obras para llevar el gas natural a zonas postergadas del interior provincial.

Si bien antes de establecer el valor definitivo del reajuste debe escucharse las propuestas de las transportadoras del fluido, en Gasnor estiman que el incremento promedio que se aplicaría, a partir del 1 de abril del año que viene, sería del 38%. Todo esto en un escenario ideal con un plan de inversiones medio de unos $ 1.300 millones para el próximo quinquenio. Esto, además, dependerá de lo que establezca, en definitiva, el Ente Regulador del Gas (Enargas) respecto del plan de obras presentado por la distribuidora.

Precisamente en el sitio oficial del Enargas, puede observarse que Gasnor elevó un programa de obras 2017/2021 por un monto total de $ 2.300 millones para los cuatro distritos dentro de su concesión (Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero). “Es un escenario ideal, pero su realización depende de muchos factores”, señaló a LA GACETA una fuente de la empresa.

El plan quinquenal de la compañía contempla un incremento en el número de clientes (de entre 80.000 a 90.000 casos en ese período), de acuerdo con las proyecciones de obras a ejecutar. Se estima que habrá incrementos diferenciados, de acuerdo con las categorías de usuarios, ya que en muchos casos dependerá también de los reajustes que se propongan en otras áreas del sistema, como por ejemplo, en el transporte y hasta en el valor del gas a boca de pozo.

Las exposiciones

La exposición de hoy en Córdoba, por parte de Gasnor, será formulada por la subgerenta de Relaciones Institucionales, Alicia Heredia. Antes se escucharán las propuestas de las distribuidoras de Gas Cuyana y del Gas del Centro, además de la del Gobierno nacional. Con posterioridad hablará el defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo, quien planteará la necesidad de fortalecer la tarifa social, entre otras cuestiones.

En diálogo con nuestro diario, el ombudsman provincial indicó que es fundamental que tanto el Enargas como la distribuidora Gasnor formulen aumentos graduales y que éstos se apliquen con posterioridad al invierno, cuando más se utiliza el fluido.

“Somos concientes que, durante casi una década, no hubo reajustes de la tarifa, pero no nos olvidemos que este año pasó a un incremento promedio del 300%. Por lo tanto, la razonabilidad indica que el aumento no debe ser de golpe para no seguir dañando el poder adquisitivo de la sociedad”, puntualizó.

Juri Debo insistió en que, durante su ponencia, planteará la gradualidad del aumento, tal como lo sugirió para la luz (que no se aplique el reajuste en momentos de mayor consumo como el verano).

Paralelamente, sostiene que es necesario que Gasnor encare las obras para brindarle gas natural al interior tucumano. “No es posible que, en un marco de inclusión social, en zonas como Taco Ralo o los propios Valles Calchaquíes, un usuario que necesita el fluido deba adquirir una garrafa que le cuesta casi siete veces más que a otro usuario que tiene gas natural”, comparó.

Según el defensor del Pueblo, la garrafa sólo tiene carácter social en lo teórico porque en la práctica, a traves de su precio, “es una clara demostración del desequilibrio que hay entre los distintos estratos sociales”.

Al mismo tiempo, indicó que las compañías distribuidoras de servicios públicos privatizados deberían tomar en cuenta, al momento de definir la tarifa social, la situación socioeconómica de la población. En ese sentido, sostuvo que es necesario el establecimiento de una tarifa social única y automática, “de tal modo que el usuario no tenga que están realizando trámites administrativos para demostrarle su condición a la empresa de luz, del agua y hasta del gas”. Del mismo modo, se debería tomar en cuenta los datos georeferenciales para corroborar que un usuario vive en situación de pobreza.