Sandra vive, pero hace 41 años “está muerta”

Sandra vive, pero hace 41 años “está muerta”

Uno de los litigios que procuran esclarecer la situación lleva nueve años de trámite judicial. Dos de los hijos de Barraza “vienen de un repollo”: sólo poseen filiación paterna. Barraza tiene acta de nacimiento y de defunción; tiene número de documento, pero no DNI; tiene CUIL, pero no acceso a su cuenta bancaria.

FACSÍMIL DEL ACTA DE DEFUNCIÓN. En el instrumento público consta que Barraza murió de una insuficiencia respiratoria el 1/4/75. dos días después de nacer. la gaceta / fotos de diego aráoz FACSÍMIL DEL ACTA DE DEFUNCIÓN. En el instrumento público consta que Barraza murió de una insuficiencia respiratoria el 1/4/75. dos días después de nacer. la gaceta / fotos de diego aráoz

Sandra Elizabeth Barraza es y no es al mismo tiempo. Su existencia prueba que es posible estar vivo y, a la vez, muerto. Que es posible tener un número de documento nacional de identidad, pero ser incapaz de acreditarlo. O que Hamlet, la criatura de William Shakespeare, estaba equivocado cuando creyó que había que elegir entre to be or not to be (“ser o no ser, esa es la cuestión”). Pero no sólo falló una de las cláusulas más difundidas de la literatura universal: también falló en alguna medida el principio de la no contradicción que desde la época de Platón ilumina la lógica y la filosofía. Barraza es, al mismo tiempo, una afirmación y una negación verdaderas.

Esta mujer tangible de carne y hueso como la que más llegó a LA GACETA y contó que había nacido el 30 de marzo de 1975 en la Maternidad de esta capital y que su papá y su mamá habían sido Roberto Orlando Barraza y Graciela del Valle Herrera. Pero también mostró un papel que decía que había “fallecido dos días después” de nacer en el mismo lugar. Increíble. En el Registro Civil consta que murió de una insuficiencia respiratoria y que ese hecho procede de la denuncia que rubricó Domingo Molina, empleado de la Maternidad, ante María E. Cabrera de Rotger, jefa interina del Registro. El médico Carlos Alberto Curia certificó la muerte.

Pero Barraza respira: no es un holograma. Inhala y exhala a un ritmo normal. Y lleva haciéndolo desde hace 41 años con el nombre y el apellido que reclama para sí, pese a que el acta de defunción estatuye lo contrario. Durante todo ese tiempo vivió sin documento nacional de identidad “físico”: una tirilla ajada con la leyenda “constancia de actualización en trámite” expedida primero en 1990 y, luego, en 2002, le permitió, a partir de los 16, concretar algunos trámites. Entre ellos, anotar a sus primeros tres hijos. El milagro burocrático-jurídico-filosófico ocurrió no una sino tres veces: quien no tenía identidad, pudo sin embargo transmitirla a su descendencia.



La vida indocumentada de Barraza, vecina de San Cayetano, se desarrolló sin sobresaltos hasta que nació MA, la cuarta de los cinco hijos que tuvo con su pareja, Martín Antonio Brizuela. Fue en ese momento cuando la progenitora se notificó de la existencia del acta de defunción.

Para entonces, el Registro Civil presentaba ya un nivel de informatización que le permitía advertir la inconsistencia. Si Barraza estaba muerta, ¿cómo podía haberse reproducido? El rechazo de la inscripción de MA y, luego, de RO (el menor de los chicos) no sólo dejaba a la mamá en el limbo -en el que sigue- sino que también extendía la incertidumbre sobre su progenie. Con el agravante de que los tres chicos anteriores -los hermanos de MA y de RO- habían sido registrados a partir de la tirilla. El escollo originó en sede judicial otra solución inverosímil: los últimos dos hijos de Barraza tienen padre, pero no madre. Quizá sea la única hipótesis de un par de hermanos nacidos de una mujer fallecida muchos años antes de darlos a luz. Como dice la abogada María de los Ángeles Gutiérrez, los niños “vienen literalmente de un repollo”.

O sea que Hamlet estaba equivocado y que el cuento de la cigueña llevaba razón.

Un problema ajeno

La historia insólita dejó de ser chistosa en 2004, cuando comenzó la serie de procesos kafkianos llamados a aclarar la situación. “El Estado no supo qué hacer”, resume Gutiérrez. El pleito que quedó en pie lleva nueve años de trámite. Sólo la discusión de la competencia insumió cuatro años: distintos jueces dijeron sucesivamente que el problema era ajeno. Por fin el debate fue zanjado y el caso quedó radicado en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pero en vez de atender la cuestión de fondo -la existencia de una mujer sin ciudadanía ni identidad reconocidas-, la Justicia ingresó en la tortuosa dilucidación sobre si correspondía o no redargüir de falsedad al acta de defunción, es decir, si cabía o no destruir la eficacia probatoria del instrumento público confeccionado en el Registro Civil.

¿Falla aislada o delito?

El análisis de los papeles implicó casi cinco años de trámite y tropezó con el hecho previsible de que ya habían perecido todos los que, en su momento, los habían firmado. No se sabe cómo ni por qué Barraza fue dada por muerta; si hubo una confusión o si, por el contrario, el acta de fallecimiento es una pieza de una estrategia delictiva. Recuérdese que en 1975 eran más corrientes que hoy la compraventa y sustracción de niños, y las filiaciones ficticias.

Nadie puede explicar qué pasó: si se trata de una falla aislada del sistema o de un acto criminal deliberado. O si hay más casos. El esclarecimiento está lejos: Barraza ni siquiera consiguió la habilitación judicial para someterse a un estudio de ADN junto a quienes reivindica como familiares de sangre (su madre y hermanos) o para imprimir sus huellas dactilares en un lector electrónico.

La cuestión es más exasperante todavía. Como hasta hace relativamente poco tiempo la base de datos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) no estaba cruzada (coordinada) con la del Renaper (Registro Nacional de las Personas), Barraza pudo obtener un código único de identificación laboral o CUIL. Se acumulan las incoherencias: carece de DNI, pero, gracias a la administración pública concebida como una suma de compartimentos estancos, dispone de “carta de ciudadanía” en el mercado laboral formal (hace aportes a la seguridad social, pero no puede cobrar las asignaciones familiares). Todo funcionaba de alguna manera hasta que, hace un par de meses, el sanatorio en el que trabaja como empleada de cocina decidió bancarizar el pago de los salarios.

Como Barraza no está en condiciones de probar “que es quien es”, tampoco puede abrir y ejecutar operaciones en la caja de ahorros. Una medida cautelar de la Sala III intentó paliar la situación, pero los haberes siguen inmovilizados e inaccesibles para quien los generó, que es y no es al mismo tiempo, que existe y no existe. Y que con “su ser y no ser” pone en jaque a Shakespeare y a Platón, al tiempo que corrobora, como dijo hace poco el escritor Martín Caparrós, que la realidad aporta extremos a los que la ficción no se hubiera atrevido.

Publicidad
Tamaño texto
Comentarios
Comentarios