Si le pasa algo, los culpables serán -sostiene él- los hermanos radicales Ariel y Maximiliano García y el peronista Héctor Aguirre. Eso es lo que el concejal macrista Pedro Albornoz Piossek publicó en su perfil de Facebook el lunes por la noche. En medio del trance que atraviesa el Concejo Deliberante de Yerba Buena, el edil acusó al legislador y a sus dos colegas, respectivamente, de haberlo amenazado y escrachado.
Estos amedrentamientos incluyen -a decir suyo- publicaciones en las redes sociales, dirigidas también en contra de su esposa, Pamela Galetto. Albornoz Piossek sostiene que se valen de “soldaditos reales” y de cuentas falsas.
Estas acusaciones se producen en momentos en que el Concejo yerbabuenense parece un barco a la deriva, partido por una fisura que amenaza con hundirlo. De un lado de esa grieta ha quedado la facción conformada por él y por sus colegas Javier Jantus, Marcelo Rojas, José Macome y Lucas Cerúsico. En la otra parte, permanece de pie el cuarteto conformado por Aguirre, García, Walter Aráoz y Benjamín Zelaya. Aunque aún no ha asumido, el décimo edil, Rodolfo Aranda, se encuentra cerca de la primera agrupación.
Y esa asunción es -justamente- uno de los motivos visibles de la disputa, que lleva casi un mes. Es que desde el 27 de octubre hasta el 15 de noviembre hubo seis sesiones consecutivas que cayeron por falta de quórum. Todas fueron convocadas para que se acepte el pliego de Aranda y/o para que los concejales elijan, de entre sí, a sus futuras autoridades. Los mandatos se encuentran vencidos desde el viernes 28 del mes pasado.
Cinco de esos cónclaves fracasaron porque el grupo de los cuatro -como se lo conoce- no dio quorúm (en tres ocasiones no bajaron al recinto; una vez se fueron en medio de una votación y en otra oportunidad llegaron tarde y el resto se negó a esperarlos). El otro espacio, en tanto, faltó a una reunión. Hasta aquí, el macrista Rojas se posiciona como el sucesor de Jantus en la presidencia del cuerpo, pues lidera la terna de la mayoría. Se trata de un candidato afín al intendente, el radical Mariano Campero. Inicialmente, Zelaya aspiraba a ese puesto, y contaba con las venias de sus tres aliados. De todos modos, hoy esa elección ha pasado a un segundo plano. Porque entretanto se ha desencadenado una serie de episodios que los han enfrentado más todavía:
1) Jantus cambió la composición de la comisión Petición, Poderes y Legales. Ese grupo de trabajo era presidido por Zelaya. Pero el todavía presidente adujo que su colega -otrora compañero de bloque hasta que se separaron, durante esta puja política- tenía paralizado el pliego de Aranda, con la intención de no dejarlo asumir hasta que se concrete la elección de autoridades. Cuando lo desplazaron, Zelaya y el resto interpusieron un recurso de amparo en el que alegan abuso de poder. Jantus contestó ayer, por escrito, el requerimiento judicial, en el que justificó las razones de su proceder. “Tenía el marco normativo para hacerlo”, puso.
2) El grupo de los cuatro presentó, en el Concejo, un proyecto de interpelación contra Campero. Quieren que dé explicaciones por el caso del niño de cinco años que murió el viernes 11, cuando el transporte escolar en el que iba al jardín de infantes fue aplastado por un eucalipto, que cayó a su paso sobre la avenida Solano Vera. “Si Mariano (Campero) quiere sesionar, que primero conteste esas preguntas”, planteó Aguirre.
3) El sindicato municipal divulgó que la mujer de Albornoz Piossek tiene una licencia de taxis, y le indicó a Campero que se trataría de una irregularidad. Ante esto, Aguirre -como vocero del grupo- respaldó el pedido de los gremialistas. Albornoz Piossek acusó a Ariel García de estar detrás de esa situación, en un intento de desestabilización del cuerpo.
4) Aranda le envió el lunes una nota a Jantus, en la que le solicita que arbitre las medidas para que le permitan una asunción “inmediata”, en reemplazo de la banca que ha quedado vacía luego de que Lisandro Argiró dejara su puesto para asumir como secretario de Gobierno del municipio. Además, pidió que se sancione a los concejales que no dan quórum.
Con esos cruces como telón de fondo, ayer, pasadas las 13, comenzaron las reuniones parlamentarias, habituales de los martes. De esos cónclaves participaron los presidentes de los bloques. Antes de entrar, Aguirre se excusó: “acordamos con Javier (Jantus) en que intentaremos bajar los decibeles; no haremos más declaraciones hasta el jueves”. ¿Por qué menciona esa fecha? En principio, si prosperan las conversaciones convocarían a una sesión para mañana.
A las 15.30, esos encuentros parlamentarios habían acabado ya. Pero dos personas seguían reunidas: Jantus y Aguirre. “Estamos aquí, departiendo algunos temas”, dijo Jantus. Y luego contó que decidieron que cada uno aportará los proyectos de ordenanza que le parezcan importantes. Aunque no tengan dictamen, los llevarán al recinto y los tratarán. En ese temario se introduciría la elección de autoridades y una iniciativa sobre arbolado urbano, entre otras cuestiones.
La elección de Aranda, en cambio, podría quedar afuera. “Todavía no hay acuerdo con ese tema. Yo considero que es imperioso, porque se trata de un ciudadano que está esperando para ejercer su derecho constitucional de representar a los demás”, opinó Jantus. Pero la otra agrupación no quiere avanzar al respecto, porque, debido a que se ha judicializado la discusión sobre la comisión disuelta, pretenden que primero se pronuncie la Justicia. Amén de este entredicho, y a juzgar por sus declaraciones, pareciera que los concejales yerbabuenenses han empezado a destrabar sus conflictos.
Respuesta a la Justicia
“Por esa comisión pasan casi todos los temas que se tratan. Hacía semanas que no se reunían, pese a que tenían una cuestión importante sobre la cual emitir dictamen, como es la asunción de Rodolfo Aranda. Y no lo hacían, justamente, para frenar su incorporación. Entonces, me pareció prudente constituir una nueva comisión. Además, tenía el respaldo normativo para hacerlo”. Ese es el argumento central de la respuesta que el presidente del Concejo de Yerba Buena, Javier Jantus, le presentó ayer, por escrito, a la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El edil debía explicar las razones por las que decidió modificar la constitución de la comisión de Petición, Poderes y Legales.