22 Noviembre 2016
BUENOS AIRES.- La diputada nacional Elisa Carrió denunció hoy a tres funcionarios del Ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren, por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber supuestamente beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tras ser sorteada en la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Carlos Rívolo deberá determinar si hay elementos para impulsarla.
Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
Carrió pidió investigar si los tres pudieron haber firmado resoluciones, hecho gestiones o haberse interesado de manera personal "en operaciones vinculadas a empresas de las que fueron parte" antes de llegar a la función pública.
Ello habría afectado la "imparcialidad" y "fidelidad" en el desempeño de sus funciones, consideró la diputada en su denuncia, a la que accedió Télam.
En particular se refirió a la distribución entre las empresas fraccionadoras de gas licuado, de los cupos de gas propano para ser envasados, "fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido".
"Esos permisos terminan definiendo la extensión de los beneficios de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales", agregó Carrió.
La diputada argumentó que los denunciados desempeñaron "cargos jerárquicos en las principales petroleras" del país antes de ser nombrados por Aranguren en su cartera.
En este sentido, señaló el caso de Sureda, quien entre 1999 y 2015 fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy, la mayor productora de crudo.
En tanto, sobre Popik argumentó que trabajó para Repsol YPF y, luego, en Exxon y Axion Energy Además, denunció que a través de resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasado, los funcionarios denunciados "habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican SUR SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor".
En relación a una tercera empresa, Refinol SA, Carrió indicó que se habría beneficiado con una deducción sustancial de la carga que tenía impuesta.
"Estos posibles beneficios a las empresas mencionadas antes habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado", agregó.
En ese contexto, remarcó que, en caso de que estos actos hayan sido "convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no lo exime de las consecuencias del tipo penal, en tanto las jerarquías funcionales y su directo interés en ellos".
La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tras ser sorteada en la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Carlos Rívolo deberá determinar si hay elementos para impulsarla.
Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
Carrió pidió investigar si los tres pudieron haber firmado resoluciones, hecho gestiones o haberse interesado de manera personal "en operaciones vinculadas a empresas de las que fueron parte" antes de llegar a la función pública.
Ello habría afectado la "imparcialidad" y "fidelidad" en el desempeño de sus funciones, consideró la diputada en su denuncia, a la que accedió Télam.
En particular se refirió a la distribución entre las empresas fraccionadoras de gas licuado, de los cupos de gas propano para ser envasados, "fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido".
"Esos permisos terminan definiendo la extensión de los beneficios de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales", agregó Carrió.
La diputada argumentó que los denunciados desempeñaron "cargos jerárquicos en las principales petroleras" del país antes de ser nombrados por Aranguren en su cartera.
En este sentido, señaló el caso de Sureda, quien entre 1999 y 2015 fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy, la mayor productora de crudo.
En tanto, sobre Popik argumentó que trabajó para Repsol YPF y, luego, en Exxon y Axion Energy Además, denunció que a través de resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasado, los funcionarios denunciados "habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican SUR SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor".
En relación a una tercera empresa, Refinol SA, Carrió indicó que se habría beneficiado con una deducción sustancial de la carga que tenía impuesta.
"Estos posibles beneficios a las empresas mencionadas antes habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado", agregó.
En ese contexto, remarcó que, en caso de que estos actos hayan sido "convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no lo exime de las consecuencias del tipo penal, en tanto las jerarquías funcionales y su directo interés en ellos".
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