21 Noviembre 2016
Hasta el martes, el presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, Javier Jantus, tiene plazo para detallar las razones por las que decidió modificar la constitución de la comisión de Petición, Poderes y Legales.
Ocurre que, el viernes, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo remitió un oficio (N°1.660) a la sede del Concejo para solicitarle a Jantus que en 48 horas informe “antecedentes, motivos y fundamentos” de esa decisión. El mismo viernes, los concejales Walter “Kabuby” Aráoz, Héctor “Pilón” Aguirre (peronistas) y Benjamín Zelaya y Maximiliano García (radicales) le enviaron a Jantus una carta documento para que se dé por notificado del amparo y de la medida Cautelar interpuestos. Jantus había removido a Zelaya de ese comité y puso en su lugar a Marcelo Rojas, al radical Lucas Cerúsico y a José Macome.
Los ediles opositores habían presentado un recurso de amparo el martes ante la Justicia por lo que consideraron un “abuso de autoridad” de parte del presidente de ese cuerpo. “Para mí el planteo es un absurdo, llegó demasiado lejos y se lo hizo sin una reflexión profunda”, señaló Jantus, quien agregó que tomó la decisión amparándose en lo que le permite el reglamento del Concejo. Esto es lo primero que argumentará, dijo, cuando envíe su respuesta a la Justicia. “El reglamento prevé que las comisiones duren un año y hoy todas se encuentran con plazo vencido”, detalló. Pero el vencimiento no es la única razón; según Jantus esta comisión venía trabando la asunción de un nuevo edil, Rodolfo Aranda. Hace más de 15 días que está pendiente la jura. Por eso decidió disolverla y conformarla con otros integrantes.
Mañana está prevista una reunión de labor parlamentaria a fin de establecer cuáles son los temas que están pendientes. Jantus no descartó la posibilidad de llamar a sesión ordinaria antes de que termine la semana. El miércoles pasado también se habló de algunas sanciones que les cabrían a los ediles que no dan quórum. “El artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 5.529) establece que se podrá compeler a los ‘inasistentes’ por medio de la fuerza pública o por multas que fijará el Concejo. Asimismo, se podrá declarar cesantes a aquellos concejales que injustificadamente no concurran a cuatro reuniones consecutivas”, había subrayado Jantus.
“Hay que avanzar. Esta pulseada por el ‘poder’ y por la presidencia del Concejo es lógica, pero todo tiene un límite”, dijo. La “pulseada” a la que hace referencia Jantus tiene que ver con la elección de un nuevo presidente y las internas que llevaron a que seis sesiones cayeran por falta de quórum. Ahora se sumó este nuevo conflicto.
En los cruces han entrado nuevos actores a escena. En la última sesión, del miércoles pasado, que también cayó, el edil Pedro Albornoz Piossek (PRO) señaló al legislador radical Ariel García, al ex intendente, Daniel Toledo, y al ex gobernador, José Alperovich, como quienes desde afuera apuestan al “desgaste” del Concejo y del intendente, Mariano Campero.
Ocurre que, el viernes, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo remitió un oficio (N°1.660) a la sede del Concejo para solicitarle a Jantus que en 48 horas informe “antecedentes, motivos y fundamentos” de esa decisión. El mismo viernes, los concejales Walter “Kabuby” Aráoz, Héctor “Pilón” Aguirre (peronistas) y Benjamín Zelaya y Maximiliano García (radicales) le enviaron a Jantus una carta documento para que se dé por notificado del amparo y de la medida Cautelar interpuestos. Jantus había removido a Zelaya de ese comité y puso en su lugar a Marcelo Rojas, al radical Lucas Cerúsico y a José Macome.
Los ediles opositores habían presentado un recurso de amparo el martes ante la Justicia por lo que consideraron un “abuso de autoridad” de parte del presidente de ese cuerpo. “Para mí el planteo es un absurdo, llegó demasiado lejos y se lo hizo sin una reflexión profunda”, señaló Jantus, quien agregó que tomó la decisión amparándose en lo que le permite el reglamento del Concejo. Esto es lo primero que argumentará, dijo, cuando envíe su respuesta a la Justicia. “El reglamento prevé que las comisiones duren un año y hoy todas se encuentran con plazo vencido”, detalló. Pero el vencimiento no es la única razón; según Jantus esta comisión venía trabando la asunción de un nuevo edil, Rodolfo Aranda. Hace más de 15 días que está pendiente la jura. Por eso decidió disolverla y conformarla con otros integrantes.
Mañana está prevista una reunión de labor parlamentaria a fin de establecer cuáles son los temas que están pendientes. Jantus no descartó la posibilidad de llamar a sesión ordinaria antes de que termine la semana. El miércoles pasado también se habló de algunas sanciones que les cabrían a los ediles que no dan quórum. “El artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 5.529) establece que se podrá compeler a los ‘inasistentes’ por medio de la fuerza pública o por multas que fijará el Concejo. Asimismo, se podrá declarar cesantes a aquellos concejales que injustificadamente no concurran a cuatro reuniones consecutivas”, había subrayado Jantus.
“Hay que avanzar. Esta pulseada por el ‘poder’ y por la presidencia del Concejo es lógica, pero todo tiene un límite”, dijo. La “pulseada” a la que hace referencia Jantus tiene que ver con la elección de un nuevo presidente y las internas que llevaron a que seis sesiones cayeran por falta de quórum. Ahora se sumó este nuevo conflicto.
En los cruces han entrado nuevos actores a escena. En la última sesión, del miércoles pasado, que también cayó, el edil Pedro Albornoz Piossek (PRO) señaló al legislador radical Ariel García, al ex intendente, Daniel Toledo, y al ex gobernador, José Alperovich, como quienes desde afuera apuestan al “desgaste” del Concejo y del intendente, Mariano Campero.
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