Según Billone, sí hay independencia judicial

En su primer día como presidente electo del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone destaca a los que, el día de mañana, lo sucederán en la tarea gremial. En una entrevista en su estudio de la calle Entre Ríos, dice que él viene de esa tradición y escuela: todo empezó allá por los años 80, cuando Ernesto Gastaminza, patriarca de la agrupación “Mariano Moreno”, lo instó a pelear por una silla en el Consejo Directivo de la entidad. Billone tenía 26 o 27 años y lo impensado, que alguien de su edad se sentara en la mesa con “los grandes”, sucedió durante la gestión del ex presidente Juan Nicolás Aráoz. “En esta campaña advierto que lo más importante fue la participación masiva de los abogados jóvenes”, reflexiona como quien revive una mística inolvidable.

Los chicos que hoy militan en el oficialismo provienen de las comisiones internas, del Consultorio Jurídico Gratuito, de la Clínica de Práctica Profesional y de la Escuela de Graduados que la alianza “Alberdi-Moreno-Belgrano” puso en marcha sucesivamente durante las últimas tres décadas de gobierno de la entidad. Billone asegura que esas realizaciones explican el último triunfo del frente. “Nos votan por nuestras propuestas”, resume.

-Algunos dijeron que usted era el candidato de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). ¿Por qué?

-Más que de la Universidad, donde me desempeño como consejero superior, puedo haber sido un candidato respaldado de un modo concreto y directo por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Yo acompañé a (la decana) Adela Seguí en su proyecto. En ese ámbito impulsé la creación de un espacio que está dando grandes satisfacciones, que es el Centro de Graduados. Quienes me apoyaron pudieron ver mi tarea, y se sintieron contenidos y convocados.

-¿Cómo define la situación actual de independencia judicial en Tucumán?

-Considero que la Justicia provincial es independiente, sin perjuicio de situaciones concretas de duda y desconfianza. El inconveniente que se advierte no pasa por la independencia sino por la crisis del sistema en el que día a día ejercemos la profesión. Se trata de un modelo obsoleto y agotado, que no ha sabido incorporar las bondades de la tecnología y que está requiriendo perentorias correcciones. Para coadyuvar en la tarea de análisis nosotros propusimos la creación de un Observatorio de la Justicia. Estamos ante una situación virtualmente terminal, semejante a la de un enfermo que necesita un diagnóstico para poder ser curado: a partir de este Observatorio podríamos disponer de información certera para compartir en una mesa de diálogo. No podemos seguir echándole la culpa al otro por lo que funciona mal.

-¿Cómo compatibiliza la idea de que hay independencia con el hecho de que ningún funcionario más allá de un inspector o comisario haya sido juzgado por presunta corrupción en la Justicia local?

-Seguramente existen hechos de corrupción. La eternización de los trámites investigativos; la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad en lo relativo a la recolección de antecedentes para el análisis de la fiscalía; la desacertada eliminación de la Fiscalía Anticorrupción... Todo esto ha coadyuvado. Pero insisto en que ello está relacionado más al agotamiento de las reglas de tramitación de los procesos y de la estructura judicial que a la falta de independencia de la Justicia. La idea de que no hay independencia judicial remite inmediatamente a la de indefensión: me parece que es poco prudente. Hay que tender hacia el rediseño de los procesos, y hacia la búsqueda de soluciones en un clima de respeto y de diálogo.

-¿Qué pasaría si no encuentra el canal de diálogo que pretende?

-No hay peor gestión que la que no se hace. Voy a apelar a la buena voluntad y criterio de quienes encabezan el Poder Judicial. Agotado ese camino, no nos quedará otra opción que hacer las denuncias y exigir las rectificaciones, pero sin descuidar la misión del Colegio como usina de proyectos para la mejora de la Justicia.

-¿Qué propone frente a la situación de que los jueces son “indestituibles” porque nunca funcionó el Jurado de Enjuiciamiento llamado a depurar la Justicia provincial?

-La experiencia nos hace escépticos en este sentido. Es muy fácil trabar el avance de los procedimientos de destitución. Debemos analizar la situación con detenimiento y proponer alternativas, aún cuando ellas impliquen entrar en el plano constitucional.

-Mientras tanto, la ciudadanía no puede hacer nada frente a los malos jueces.

-Así es. Así como hay buenos y malos abogados, hay buenos y malos jueces. El problema es que estén todos mezclados.

Una lista ganó todos los cargos

La Junta Electoral ad hoc del Colegio de Abogados de la Capital confirmó que el oficialismo volvió a quedarse con todos los cargos renovados durante los comicios del jueves. La alianza gobernante “Alberdi-Moreno-Belgrano” mantendrá el control sobre el Consejo Directivo, y el Tribunal de Ética y Disciplina, preeminencia que con matices se remonta a la década de 1980.

Con mandato hasta 2020, Marcelo Billone ocupará la presidencia mientras que Guillermo Arévalo hará lo propio con la secretaría; Hugo Danesi, con la protesorería; Melisa Hanssen Giffoniello, con la vocalía titular II; Marcelo Fénik, con la vocalía titular IV; Flaviana Yubrin, con la vocalía titular VI; Alejandro Turbay, con la vocalía suplente II y Julia Chara llenará la vocalía suplente IV. Los restantes integrantes del Consejo Directivo llegaron a sus sillas con el oficialismo en 2014: en el ínterin, el prosecretario Rodolfo Gilli se pasó a la oposición e, incluso, promovió la formación de la lista “General San Martín”, que en los últimos comicios quedó en tercer lugar, después de “Unidad y Consenso”. Hasta 2018, el Tribunal de Ética estará integrado por Juan Pablo Torres, Germán Müler y Esteban Padilla (titulares), y por Mónica del Valle Almasán, Francisco Moya, Gabriela Saade, Horacio Bliss y Nuria Ribó. Todos los cargos son desempeñados ad honorem y serán asumidos el 6 de diciembre.

Billone logró el 42% de los votos (1.029) mientras que los presidenciables opositores José Bulacio (“Unidad y Consenso”) y Bernardo Lobo Bugeau (“General San Martín”) consiguieron respectivamente 859 y 547 sufragios. En 2012, el presidente saliente Francisco García Posse había cosechado 1.453 votos (55,6% de los emitidos). Por efecto del mecanismo de tacha y sustitución de postulantes, el oficialista Arévalo resultó el candidato más votado (1.061) mientras que Gilda Pedicone de Valls (885 votos), que aspiraba a encabezar el Tribunal de Ética, tuvo el mejor desempeño en la oposición.