Por Roberto Delgado
12 Noviembre 2016
Claudia Lizárraga pasó 18 años denunciando a su ex marido, Víctor Hugo Argañaraz, por golpes y amenazas. El 18 de octubre la mató a golpes y cuchilladas, casi delante de dos policías, dos semanas después de haberle dado una tremenda paliza a uno de sus hijos (que defendía a su madre) y una semana después de haber tenido un altercado con agresión a un automovilista y haber sido dejado libre por orden de un fiscal. “Es la fotografía de lo que se hace mal en la Policía y en la Justicia. Es la historia de una mujer que clamó durante años por protección, no se la dimos y terminó siendo asesinada por el hombre que hizo de su vida un infierno”, dijo la fiscala Adriana Giannoni. Incluso el día de la tragedia, las fuentes de la justicia y de la Policía cubrieron su responsabilidad diciendo que “no existen registros de que la mujer haya reclamado algún tipo de medida restrictiva”, como si ella hubiera podido hacer algo. Por ello los vecinos hicieron al día siguiente una protesta despotricando contra jueces, fiscales y policías, advirtiendo que si soltaban a Argañaraz -que ya había protagonizado varios episodios de violencia en el barrio- lo iban a matar ellos.
¿Qué ocurrió en las tres semanas que pasaron desde esta tragedia? Hubo una epidemia de denuncias de violencia doméstica, reflejada a medias por la prensa. En algunos casos, con precisión de las circunstancias del infierno vivido por las víctimas -el 19 de octubre (llamado miércoles negro en la marcha contra la violencia de género) llegaba golpeada y quemada al hospital una joven, Viviana B. Vázquez: su tía María dijo que “siempre era golpeada, pero ella negaba que el tipo le pegaba”-. En otros casos, las publicaciones mostraron la diversidad de circunstancias: en barrio La Milagrosa fue detenido un hombre por la paliza que le dio a su hija de 19 años el sábado 5/11, y ese día fueron detenidos tres jóvenes por golpear a sus madres; uno en el barrio Kirchner y otros en la zona sur de la capital. En estos días, también, tuvo lugar el juicio oral por la violación en grupo y sometimiento a trabajos serviles en un local policial a Celeste, una joven trans, ocurrido en 2012. Hubo condena a dos agentes por privación ilegítima de la libertad pero se ordenó que se volviera a investigar el abuso sexual, en un fallo que dejó inquietud acerca de cómo se interpretan institucionalmente estos casos. Hay que recordar que, cuando se conoció el escándalo de la violación masiva, varias organizaciones referentes de la diversitdad sexual dijeron que la violación a chicas trans en las comisarías “es lo más común, pero no denuncian por miedo” (LA GACETA, 5/12/13).
Es un tema para reflexión sobre la mirada policial y judicial a la diversidad de género. Hay, además, una coincidencia a resaltar. Los acusados en este caso eran agentes de la comisaría 4a, la misma que durante años recibió las denuncias de Claudia Lizárraga. La misma comisaría que, según el abogado Bernardo Lobo Bugeau, representante de los hijos de la mujer asesinada, “se ponían siempre del lado del victimario”.
Mucha laxitud
¿Son sólo los policías, o estas omisiones van más allá? La referente de La Casa de las Mujeres, Hilda Disatnik, puso el dedo en la llaga cuando dijo que ellas vienen pidiendo la emergencia desde hace 10 años. “Sí existen hombre golpeadores con alguna patología, pero la mayoría son agresivos que creen que las mujeres son su propiedad”. Esos son mirados con cierta empatía por las instituciones “laxas”, al decir de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que trasladó hace unos días la responsabilidad a los jueces que demoran las causas. Pero el Gobierno nacional también tiene lo suyo. Pese a que en noviembre incorporó a una referente feminista, Fabiana Túñez, como directora del Consejo Nacional de las Mujeres, y a que en julio lanzó el Plan Nacional para erradicación de la violencia de género, no se ve que se haya avanzado mucho en forma coordinada. Hace unos días la senadora (ahora opositora) Beatriz Mirkin dijo que en el Presupuesto se programaron $ 250 millones para el Consejo de las Mujeres (que es el que tiene que llevar adelante el plan). “Es evidente que no es una prioridad”, dijo Mirkin. Disatnik criticó, por su parte, el anuncio de que se construirán 36 refugios para mujeres (hay 60 en el país), porque, dijo, hace falta al menos uno en cada ciudad y esa cifra anunciada es irrisoria. Se entiende: la fiscala Giannoni dijo que, de acuerdo a las estadísticas que sacó de los 12 días de su último turno, hay 23 denuncias por día (fueron 283 causas); quedan sin medidas 157 y son archivadas 143 por falta de apoyo a las víctimas en esos días cruciales que median entre la denuncia y la llegada de la mujer golpeada al fiscal. “El sistema carece de gabinetes y medios para continuar con la investigación”, dice. Esos días se llaman “la ruta crítica” y en el plan nacional se contempla el acompañamiento terapéutico a la víctima para que no se caiga la denuncia.
Pero la implementación del plan está en observación. Precisamente, el mes pasado se presentó un “informe sombra” de las organizaciones de defensa de derechos de la mujer ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). El Cedaw se reunió con los responsables argentinos y los resultados de la recopilación de datos e conocerán el 21 de noviembre (Página/12, “A examen por los retrocesos en cuestiones de género”, 31/10). Lo que se conoce son informes parciales. Por ejemplo, se anunció (LA GACETA, 9/8) que la Nación proveerá pulseras electrónicas con geolocalización (para victimarios) y teléfonos para llamar a emergencia con sólo pulsarlos (para víctimas) a Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. De Tucumán no se habla. Las únicas pulseras que se tratará de conseguir (140) son las tobilleras para presos por drogas con arresto domiciliario, según anunció el ministro Regino Amado (31/8) en medio de la efervescencia de las noticias por narcotráfico.
La advertencia de la fiscala Giannoni de que no se da respuestas quedó perdida entre la abundancia de informaciones sobre el tema. Pero esa nota (”Hay 23 denuncias diarias por violencia de género en Tucumán”, 29/10) fue especialmente llamativa porque tocó el tema de la falta de psicólogos y asistentes (hay un gabinete que da citas para tres meses a todo tipo de casos de consulta en el Poder Judicial) y porque se advierte que los policías están ocupados masivamente en hacer servicios adicionales “en fiambrerías, bancos, cibers y no protegiendo víctimas”. Silencio oficial.
Muchos allá, ninguno acá
¿Cómo es que no hay psicólogos en la Justicia, si hay una Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema con una veintena de funcionarios para atender estos casos? Es que esa OVD, que tiene 14 secretarios y cuatro prosecretarios, atiende solamente las denuncias en Tribunales (un 17%) y aunque hace un estudio pormenorizado de sus casos, no tiene elementos para hacer un informe in situ, según reconoció Marta Palazzo, la jefa de la oficina. La gran mayoria de los casos de violencia de género entran por las comisarías y no hay psicólogos para atenderlos ni acompañantes terapéuticos. Silencio oficial.
La Justicia sigue en su guerra intestina Corte Suprema (Antonio Gandur)-Ministerio Fiscal (Edmundo Jiménez) y el anunciado encuentro para coordinar tareas se dilata desde hace un año. A pesar de que por la creación de la OVD desde 2010 ya debería haber coordinación entre los tres poderes y las provincias del NOA. Nada se ha hecho, excepto una Oficina de la Mujer que hasta ahora sólo hizo talleres de concientización.
Esa misma falta de coordinación existe en el Gobierno -que tiene una Secretaría de la Mujer, una Dirección de Familia y un Observatorio de la Mujer- donde cada uno hace cosas por su lado y exhibe sus propias estadísticas no sujetas a control de eficiencia. Ahora Giannoni, que entra en turno, anunció tolerancia cero en estos casos y para ello convocó a los responsables de estos equipos y del municipal, para que ellos aporten sus psicólogos al Poder Judicial. Pero nunca dejará de ser un esfuerzo parcial: falta saber qué harán los otros fiscales, tanto de la Capital como del Sur y de Monteros. La discoordinación sigue siendo lo único que todos tienen en común.
¿Qué ocurrió en las tres semanas que pasaron desde esta tragedia? Hubo una epidemia de denuncias de violencia doméstica, reflejada a medias por la prensa. En algunos casos, con precisión de las circunstancias del infierno vivido por las víctimas -el 19 de octubre (llamado miércoles negro en la marcha contra la violencia de género) llegaba golpeada y quemada al hospital una joven, Viviana B. Vázquez: su tía María dijo que “siempre era golpeada, pero ella negaba que el tipo le pegaba”-. En otros casos, las publicaciones mostraron la diversidad de circunstancias: en barrio La Milagrosa fue detenido un hombre por la paliza que le dio a su hija de 19 años el sábado 5/11, y ese día fueron detenidos tres jóvenes por golpear a sus madres; uno en el barrio Kirchner y otros en la zona sur de la capital. En estos días, también, tuvo lugar el juicio oral por la violación en grupo y sometimiento a trabajos serviles en un local policial a Celeste, una joven trans, ocurrido en 2012. Hubo condena a dos agentes por privación ilegítima de la libertad pero se ordenó que se volviera a investigar el abuso sexual, en un fallo que dejó inquietud acerca de cómo se interpretan institucionalmente estos casos. Hay que recordar que, cuando se conoció el escándalo de la violación masiva, varias organizaciones referentes de la diversitdad sexual dijeron que la violación a chicas trans en las comisarías “es lo más común, pero no denuncian por miedo” (LA GACETA, 5/12/13).
Es un tema para reflexión sobre la mirada policial y judicial a la diversidad de género. Hay, además, una coincidencia a resaltar. Los acusados en este caso eran agentes de la comisaría 4a, la misma que durante años recibió las denuncias de Claudia Lizárraga. La misma comisaría que, según el abogado Bernardo Lobo Bugeau, representante de los hijos de la mujer asesinada, “se ponían siempre del lado del victimario”.
Mucha laxitud
¿Son sólo los policías, o estas omisiones van más allá? La referente de La Casa de las Mujeres, Hilda Disatnik, puso el dedo en la llaga cuando dijo que ellas vienen pidiendo la emergencia desde hace 10 años. “Sí existen hombre golpeadores con alguna patología, pero la mayoría son agresivos que creen que las mujeres son su propiedad”. Esos son mirados con cierta empatía por las instituciones “laxas”, al decir de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que trasladó hace unos días la responsabilidad a los jueces que demoran las causas. Pero el Gobierno nacional también tiene lo suyo. Pese a que en noviembre incorporó a una referente feminista, Fabiana Túñez, como directora del Consejo Nacional de las Mujeres, y a que en julio lanzó el Plan Nacional para erradicación de la violencia de género, no se ve que se haya avanzado mucho en forma coordinada. Hace unos días la senadora (ahora opositora) Beatriz Mirkin dijo que en el Presupuesto se programaron $ 250 millones para el Consejo de las Mujeres (que es el que tiene que llevar adelante el plan). “Es evidente que no es una prioridad”, dijo Mirkin. Disatnik criticó, por su parte, el anuncio de que se construirán 36 refugios para mujeres (hay 60 en el país), porque, dijo, hace falta al menos uno en cada ciudad y esa cifra anunciada es irrisoria. Se entiende: la fiscala Giannoni dijo que, de acuerdo a las estadísticas que sacó de los 12 días de su último turno, hay 23 denuncias por día (fueron 283 causas); quedan sin medidas 157 y son archivadas 143 por falta de apoyo a las víctimas en esos días cruciales que median entre la denuncia y la llegada de la mujer golpeada al fiscal. “El sistema carece de gabinetes y medios para continuar con la investigación”, dice. Esos días se llaman “la ruta crítica” y en el plan nacional se contempla el acompañamiento terapéutico a la víctima para que no se caiga la denuncia.
Pero la implementación del plan está en observación. Precisamente, el mes pasado se presentó un “informe sombra” de las organizaciones de defensa de derechos de la mujer ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). El Cedaw se reunió con los responsables argentinos y los resultados de la recopilación de datos e conocerán el 21 de noviembre (Página/12, “A examen por los retrocesos en cuestiones de género”, 31/10). Lo que se conoce son informes parciales. Por ejemplo, se anunció (LA GACETA, 9/8) que la Nación proveerá pulseras electrónicas con geolocalización (para victimarios) y teléfonos para llamar a emergencia con sólo pulsarlos (para víctimas) a Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. De Tucumán no se habla. Las únicas pulseras que se tratará de conseguir (140) son las tobilleras para presos por drogas con arresto domiciliario, según anunció el ministro Regino Amado (31/8) en medio de la efervescencia de las noticias por narcotráfico.
La advertencia de la fiscala Giannoni de que no se da respuestas quedó perdida entre la abundancia de informaciones sobre el tema. Pero esa nota (”Hay 23 denuncias diarias por violencia de género en Tucumán”, 29/10) fue especialmente llamativa porque tocó el tema de la falta de psicólogos y asistentes (hay un gabinete que da citas para tres meses a todo tipo de casos de consulta en el Poder Judicial) y porque se advierte que los policías están ocupados masivamente en hacer servicios adicionales “en fiambrerías, bancos, cibers y no protegiendo víctimas”. Silencio oficial.
Muchos allá, ninguno acá
¿Cómo es que no hay psicólogos en la Justicia, si hay una Oficina de Violencia Doméstica en la Corte Suprema con una veintena de funcionarios para atender estos casos? Es que esa OVD, que tiene 14 secretarios y cuatro prosecretarios, atiende solamente las denuncias en Tribunales (un 17%) y aunque hace un estudio pormenorizado de sus casos, no tiene elementos para hacer un informe in situ, según reconoció Marta Palazzo, la jefa de la oficina. La gran mayoria de los casos de violencia de género entran por las comisarías y no hay psicólogos para atenderlos ni acompañantes terapéuticos. Silencio oficial.
La Justicia sigue en su guerra intestina Corte Suprema (Antonio Gandur)-Ministerio Fiscal (Edmundo Jiménez) y el anunciado encuentro para coordinar tareas se dilata desde hace un año. A pesar de que por la creación de la OVD desde 2010 ya debería haber coordinación entre los tres poderes y las provincias del NOA. Nada se ha hecho, excepto una Oficina de la Mujer que hasta ahora sólo hizo talleres de concientización.
Esa misma falta de coordinación existe en el Gobierno -que tiene una Secretaría de la Mujer, una Dirección de Familia y un Observatorio de la Mujer- donde cada uno hace cosas por su lado y exhibe sus propias estadísticas no sujetas a control de eficiencia. Ahora Giannoni, que entra en turno, anunció tolerancia cero en estos casos y para ello convocó a los responsables de estos equipos y del municipal, para que ellos aporten sus psicólogos al Poder Judicial. Pero nunca dejará de ser un esfuerzo parcial: falta saber qué harán los otros fiscales, tanto de la Capital como del Sur y de Monteros. La discoordinación sigue siendo lo único que todos tienen en común.
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