En medio de las peleas internas, concejales de Yerba Buena ventilan que a un funcionario le habrían dado licencias de taxis

Cuando todavía no salen de una discusión, ¿entran a otra? En medio del debate por las sesiones truncas y por las denuncias por la contratación de la consultora Reale Dalla Torre, el Concejo Deliberante y la intendencia de Yerba Buena vuelven a ser noticia. Esta vez, cuatro concejales le mandaron un expediente al intendente, Mariano Campero, en el que le piden información sobre ocho licencias de taxis.

El documento lleva las firma de los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz y de los radicales Maximiliano García y Benjamín Zelaya. Sin embargo, no son ellos quiénes han iniciado el trámite, sino los dirigentes del sindicato de empleados de esa Municipalidad. Sucede que ese gremio entregó, días atrás, una nota al Concejo, en la que mencionan "irregularidades" en el servicio de autos de alquiler.

Entre esas supuestas anormalidades detalladas por el revisor de cuentas y por el secretario gremial del sindicato -Miguel Aguilar y Jorge Godoy, respectivamente- sobresale lo siguiente: licencias mellizas (0175-0644-0173-0330), cónyuge de un funcionario público propietaria de licencias (0331-0096), transferencia de licencias (0011-0135) y propietarios de taxis con domicilio en otras jurisdicciones.

A raíz de esa misiva inicial, es que los ediles le pidieron a Campero información sobre las licencias mencionadas por los síndicos, puesto que es la Dirección de Transporte del municipio la que tiene a su cargo la adjudicación de los permisos. "Se deberá consignar apellido y nombre de los titulares, datos de los vehículos y fecha de adjudicación", escribieron.

Aguirre aclara que, aunque todavía no cuenta con elementos probatorios, sospecha que las irregularidades ocurrieron desde 2012 en adelante, durante la gestión del ex intendente Daniel Toledo, de la que él fue secretario de Gobierno, durante un tiempo. "Vamos a investigar", dice.

En las últimas semanas, los ediles yerbabuenenses afrontaron una discusión política, puesto que desde el 28 de octubre deben elegir, de entre sí, a sus próximas autoridades. El plazo se encuentra vencido y hubo cuatro sesiones consecutivas convocadas para ese fin y/o para que asuma un nuevo concejal, Rodolfo Aranda, que cayeron por falta de quórum. Además, el viernes pasado, un dirigente político, Sebastián Luna, denunció a Campero, a su jefe de Gabinete, Manuel Courel, y a los 10 concejales por la contratación de una consultora mendocina.