31 Octubre 2016
CFK, que vuelve a tribunales, se desligó de Báez
Mediante las redes sociales, Cristina aseguró que el reparto de obras públicas en su gestión fue “horizontal” y le pegó a la Justicia La ex jefa de Estado debe presentarse a las 10 ante el juez federal Ercolini. Afuera la esperarán militantes de La Cámpora.
“CIRCO MEDIÁTICO”. Cristina apeló a Twitter para criticar a la Justicia. credito
BUENOS AIRES.- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner prestará hoy declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, en la causa en la que se le atribuyen preferencias en la adjudicación de obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez.
La presencia de la ex mandataria en el despacho del juez federal Julián Ercoloni está prevista a las 10 y estará rodeada de medidas especiales de seguridad en torno al edificio, ante el anuncio de una concentración en su apoyo. La Cámara de Casación Federal, a cargo de esas instalaciones, pidió el viernes al Ministerio de Seguridad que disponga los medios para reforzar la seguridad interior y exterior de tribunales.
En concreto, se convino que la ex presidenta no pueda hacer declaraciones a la prensa ni a su seguidores en la puerta de los tribunales, como sí en cambio ocurrió en abril pasado, cuando miles de manifestantes la aguardaron tras declarar ante el juez Claudio Bonadio, en medio de rumores sobre su eventual detención. Fuentes judiciales anticiparon que se dispondrá un vallado especial, de modo que Cristina pueda tomar contacto con sus seguidores y los medios de prensa a un centenar de metros del edificio judicial, frente al Correo Argentino, también ubicado sobre la avenida Comodoro Py.
Con la indagatoria de Cristina, la primera en esta causa, el juez Ercolini iniciará una ronda de interrogatorios que proseguirá hasta fin de noviembre, en torno a la existencia de un plan para beneficiar a Báez, detenido por presunto lavado de dinero, con decenas de obras públicas para su empresa Austral Construcciones.
Ayer, la ex presidenta descartó las acusaciones en su contra y a través de su cuenta de Twitter aseguró que durante su gobierno la obra pública tuvo una “distribución horizontal”, ya que el contratista santacruceño ocupó el lugar 38 en la nómina de proveedores, mientras que Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, se ubicó en el tercer lugar.
Según publicó, el primer lugar en el ránking de adjudicatarios más favorecidos lo tuvo Techint, el grupo que encabeza el empresario Paolo Rocca.
La ronda de indagatorias continuará mañana con la citación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el miércoles 2, con la del mismo Báez; y el jueves 3, con el también detenido ex secretario del área, José López.
En total incluirá 17 imputados que deberán responder por las acusaciones que realizaron los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, quienes el viernes pasado ampliaron su denuncia contra la ex presidenta en base a nuevas pruebas sobre la presunta operatoria en favor de Baéz.
La base de la denuncia es una auditoría realizada por la nueva gestión de Vialidad Nacional, que detectó 49 obras adjudicadas al grupo Báez, de las cuales sólo dos se habrían terminado en el plazo previsto, lo que obligó a ampliar el presupuesto originalmente asignado.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, anticipó que ésta se va a presentar y no pedirá postergar el interrogatorio, como sí ocurrió hace dos semanas cuando adujo el inminente nacimiento de su tercer nieto.
La convocatoria a “acompañar” a la ex presidenta a tribunales fue lanzada desde La Cámpora y otras agrupaciones cristinistas, que pusieron como sitio de reunión las 9 en avenida Antártida Argentina y Letonia, a unos 200 metros de la puerta de los tribunales. El presidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar, pidió en sendos oficios a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, que se refuerce la seguridad y que se actúe “bajo el estricto respeto a los derechos humanos”.
Se trata de la cuarta causa en que la ex presidenta está imputada por supuestos delitos cometidos junto a Báez. La primera está a cargo del juez Sebastián Casanello, por supuesto lavado de dinero producto de sobreprecios en la obra pública.
La tercera es la causa Hotesur, en la que Cristina está sospechada de recibir dinero del empresario bajo la forma de alquileres de habitaciones de hotel, y el caso de Los Sauces es la misma maniobra anterior, pero con alquileres de inmuebles. (Télam)
La presencia de la ex mandataria en el despacho del juez federal Julián Ercoloni está prevista a las 10 y estará rodeada de medidas especiales de seguridad en torno al edificio, ante el anuncio de una concentración en su apoyo. La Cámara de Casación Federal, a cargo de esas instalaciones, pidió el viernes al Ministerio de Seguridad que disponga los medios para reforzar la seguridad interior y exterior de tribunales.
En concreto, se convino que la ex presidenta no pueda hacer declaraciones a la prensa ni a su seguidores en la puerta de los tribunales, como sí en cambio ocurrió en abril pasado, cuando miles de manifestantes la aguardaron tras declarar ante el juez Claudio Bonadio, en medio de rumores sobre su eventual detención. Fuentes judiciales anticiparon que se dispondrá un vallado especial, de modo que Cristina pueda tomar contacto con sus seguidores y los medios de prensa a un centenar de metros del edificio judicial, frente al Correo Argentino, también ubicado sobre la avenida Comodoro Py.
Con la indagatoria de Cristina, la primera en esta causa, el juez Ercolini iniciará una ronda de interrogatorios que proseguirá hasta fin de noviembre, en torno a la existencia de un plan para beneficiar a Báez, detenido por presunto lavado de dinero, con decenas de obras públicas para su empresa Austral Construcciones.
Ayer, la ex presidenta descartó las acusaciones en su contra y a través de su cuenta de Twitter aseguró que durante su gobierno la obra pública tuvo una “distribución horizontal”, ya que el contratista santacruceño ocupó el lugar 38 en la nómina de proveedores, mientras que Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Macri, se ubicó en el tercer lugar.
Según publicó, el primer lugar en el ránking de adjudicatarios más favorecidos lo tuvo Techint, el grupo que encabeza el empresario Paolo Rocca.
La ronda de indagatorias continuará mañana con la citación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el miércoles 2, con la del mismo Báez; y el jueves 3, con el también detenido ex secretario del área, José López.
En total incluirá 17 imputados que deberán responder por las acusaciones que realizaron los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, quienes el viernes pasado ampliaron su denuncia contra la ex presidenta en base a nuevas pruebas sobre la presunta operatoria en favor de Baéz.
La base de la denuncia es una auditoría realizada por la nueva gestión de Vialidad Nacional, que detectó 49 obras adjudicadas al grupo Báez, de las cuales sólo dos se habrían terminado en el plazo previsto, lo que obligó a ampliar el presupuesto originalmente asignado.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, anticipó que ésta se va a presentar y no pedirá postergar el interrogatorio, como sí ocurrió hace dos semanas cuando adujo el inminente nacimiento de su tercer nieto.
La convocatoria a “acompañar” a la ex presidenta a tribunales fue lanzada desde La Cámpora y otras agrupaciones cristinistas, que pusieron como sitio de reunión las 9 en avenida Antártida Argentina y Letonia, a unos 200 metros de la puerta de los tribunales. El presidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar, pidió en sendos oficios a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, que se refuerce la seguridad y que se actúe “bajo el estricto respeto a los derechos humanos”.
Se trata de la cuarta causa en que la ex presidenta está imputada por supuestos delitos cometidos junto a Báez. La primera está a cargo del juez Sebastián Casanello, por supuesto lavado de dinero producto de sobreprecios en la obra pública.
La tercera es la causa Hotesur, en la que Cristina está sospechada de recibir dinero del empresario bajo la forma de alquileres de habitaciones de hotel, y el caso de Los Sauces es la misma maniobra anterior, pero con alquileres de inmuebles. (Télam)
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