30 Octubre 2016
Un empleado judicial fue suspendido por el Ministerio Público Fiscal después de que un particular lo denunciara por cohecho, según se pudo confirmar.
El sospechoso, que depende de la Fiscalía V que conduce Washigton Navarro Dávila, fue acusado de haber solicitado una suma de dinero a cambio de realizar modificaciones en la causa que se había iniciado en su contra.
El denunciante, según trascendió, habría aporto varias pruebas para comprobar sus dichos. Entre otras, de acuerdo a la versión a la que tuvo acceso LA GACETA pese al hermetismo que existe en Tribunales, mensajes enviados a través de celulares, escritos y hasta información sobre los gastos que habría realizado el empleado y que no condicen con sus ingresos.
El ministro fiscal Edmundo Jiménez confirmó que el acusado fue suspendido por 30 días, aunque no pudo aclarar si la sanción es con o sin goce de sueldo. Añadió que además del trámite administrativo se inició una investigación penal que estaría a cargo de la fiscala Marta Mariana Rivadeneira, quien ya habría ordenado que analicen los celulares del acusado y del denunciado.
El investigado, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, tendría el cargo de prosecretario y habría negado la acusación en su contra. Los denunciantes, en cambio, aseguraron que con el correr de los días seguirán sumando pruebas para probar sus dichos.
El sospechoso, que depende de la Fiscalía V que conduce Washigton Navarro Dávila, fue acusado de haber solicitado una suma de dinero a cambio de realizar modificaciones en la causa que se había iniciado en su contra.
El denunciante, según trascendió, habría aporto varias pruebas para comprobar sus dichos. Entre otras, de acuerdo a la versión a la que tuvo acceso LA GACETA pese al hermetismo que existe en Tribunales, mensajes enviados a través de celulares, escritos y hasta información sobre los gastos que habría realizado el empleado y que no condicen con sus ingresos.
El ministro fiscal Edmundo Jiménez confirmó que el acusado fue suspendido por 30 días, aunque no pudo aclarar si la sanción es con o sin goce de sueldo. Añadió que además del trámite administrativo se inició una investigación penal que estaría a cargo de la fiscala Marta Mariana Rivadeneira, quien ya habría ordenado que analicen los celulares del acusado y del denunciado.
El investigado, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, tendría el cargo de prosecretario y habría negado la acusación en su contra. Los denunciantes, en cambio, aseguraron que con el correr de los días seguirán sumando pruebas para probar sus dichos.
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