27 Octubre 2016
GÓMEZ. El fiscal federal opina que el caso es un “crimen mafioso”. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
El fiscal Diego López Ávila, que investiga la muerte del padre Juan Viroche, envió un oficio al ministro fiscal, Edmundo Jiménez y otro al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, para que analicen la actuación del fiscal federal Gustavo Gómez en este caso.
El miércoles 5 de octubre, luego de que se encontrara el cuerpo del sacerdote en la parroquia Nuestra Señora del Valle de La Florida, Gómez concedió entrevistas a varios medios de comunicación a nivel nacional donde aseguró que Viroche había sido víctima de un crimen mafioso.
El funcionario brindó esa información sin haber tenido contacto con el expediente y estando fuera de la provincia, ya que se encontraba de licencia y a punto de dictar conferencias en otras ciudades del país.
Días después, y ante la posibilidad de ser citado a declarar como testigo, decidió presentar un escrito para explicar su postura sobre el tema. Gómez reconoció que llegó a esa conclusión por los dichos de un sacerdote a través de un mensaje de WhastApp.
“El Padre apareció colgado. Es un mensaje mafioso por cuanto la gran cantidad de casos de jóvenes que se han suicidado en Tucumán como consecuencia del síndrome de abstinencia, lo han hecho ahorcándose...”, fue otra de las conclusiones a la que arribó.
En la nota también escribió: “A mi entender el padre Juan no reviste un perfil de personalidad acorde a un suicidio. Máxime en las condiciones en las que fue encontrado. Seguir a Jesús implica para el sacerdote un compromiso de por vida. Un compromiso con la vida. Su actitud valiente para enfrentar los flagelos mencionados y su determinación en llegar hasta su propio sacrificio no puede interpretarse como un suicidio”.
La intención de López Ávila es que, tanto el ministro fiscal como los miembros de la Corte analicen la actuación del fiscal federal y -si lo creen conveniente- enviar una nota a quien corresponda repudiando las opiniones que había vertido en los últimos días. También solicitó que, en caso de que se comprobara una falta ética, se le pida a Alejandra Gils Carbó, procuradora General de la Nación, que inicie un expediente para determinar si le corresponde o no una sanción. Jiménez confirmó que recibió el escrito, pero que hasta el momento no se decidió si se le dará curso o no. Una vez que se defina esto, resolverán los pasos a seguir.
Pedro Escobar, el representante legal de la familia Viroche, se excusó de opinar sobre el planteo que realizó López Ávila. Sin embargo, sobre Gómez opinó: “pienso que sus declaraciones fueron imprudentes. Recién se descubría el hecho y él habló en los medios. Por eso, en la carta que le envía al fiscal le da las explicaciones del caso, como si estuviera tratando de enmendar un error”.
“En ese escrito dio vueltas sobre lo mismo y sólo cambió palabras. Además, las denuncias de venta y el tráfico de droga, la prostitución infantil y la trata de personas que hacía el padre Juan eran de público conocimiento. Él, como fiscal federal, debería haber actuado de oficio en esos casos. Y todavía, que yo sepa, no hay ninguna causa abierta”, agregó.
El miércoles 5 de octubre, luego de que se encontrara el cuerpo del sacerdote en la parroquia Nuestra Señora del Valle de La Florida, Gómez concedió entrevistas a varios medios de comunicación a nivel nacional donde aseguró que Viroche había sido víctima de un crimen mafioso.
El funcionario brindó esa información sin haber tenido contacto con el expediente y estando fuera de la provincia, ya que se encontraba de licencia y a punto de dictar conferencias en otras ciudades del país.
Días después, y ante la posibilidad de ser citado a declarar como testigo, decidió presentar un escrito para explicar su postura sobre el tema. Gómez reconoció que llegó a esa conclusión por los dichos de un sacerdote a través de un mensaje de WhastApp.
“El Padre apareció colgado. Es un mensaje mafioso por cuanto la gran cantidad de casos de jóvenes que se han suicidado en Tucumán como consecuencia del síndrome de abstinencia, lo han hecho ahorcándose...”, fue otra de las conclusiones a la que arribó.
En la nota también escribió: “A mi entender el padre Juan no reviste un perfil de personalidad acorde a un suicidio. Máxime en las condiciones en las que fue encontrado. Seguir a Jesús implica para el sacerdote un compromiso de por vida. Un compromiso con la vida. Su actitud valiente para enfrentar los flagelos mencionados y su determinación en llegar hasta su propio sacrificio no puede interpretarse como un suicidio”.
La intención de López Ávila es que, tanto el ministro fiscal como los miembros de la Corte analicen la actuación del fiscal federal y -si lo creen conveniente- enviar una nota a quien corresponda repudiando las opiniones que había vertido en los últimos días. También solicitó que, en caso de que se comprobara una falta ética, se le pida a Alejandra Gils Carbó, procuradora General de la Nación, que inicie un expediente para determinar si le corresponde o no una sanción. Jiménez confirmó que recibió el escrito, pero que hasta el momento no se decidió si se le dará curso o no. Una vez que se defina esto, resolverán los pasos a seguir.
Pedro Escobar, el representante legal de la familia Viroche, se excusó de opinar sobre el planteo que realizó López Ávila. Sin embargo, sobre Gómez opinó: “pienso que sus declaraciones fueron imprudentes. Recién se descubría el hecho y él habló en los medios. Por eso, en la carta que le envía al fiscal le da las explicaciones del caso, como si estuviera tratando de enmendar un error”.
“En ese escrito dio vueltas sobre lo mismo y sólo cambió palabras. Además, las denuncias de venta y el tráfico de droga, la prostitución infantil y la trata de personas que hacía el padre Juan eran de público conocimiento. Él, como fiscal federal, debería haber actuado de oficio en esos casos. Y todavía, que yo sepa, no hay ninguna causa abierta”, agregó.
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