Los taxistas, en pie de lucha contra Uber

“Nos dijeron que Uber estaba queriendo entrar acá. Nosotros no queremos que venga”. Con esas palabras, Marcelo Federico Verni, el dirigente de la Asociación de Taxistas Unidos de Yerba Buena, anticipa que se les avecinan unos días complicados. Las versiones sobre el desembarco de la aplicación -que permite contratar viajes en autos privados- han puesto en guardia a los choferes de esa y de otras ciudades tucumanas.

Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil. Así, conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio. La empresa opera en decenas de ciudades de todo el mundo, y tiene su sede en San Francisco, California. Actualmente, según cifras del diario “La Nación”, unos 1.000 choferes argentinos trabajan con la aplicación, que tiene 29.000 usuarios activos.

Movilizados

Para mañana -según afirmó Verni- la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (ATIAT), liderada por Antonio Rodríguez, ha convocado a una reunión, en la que participarán representantes del municipio pedemontano, de la capital provincial, de Alberdi, de Las Talitas, de Tafí Viejo y de Concepción. “En Yerba Buena no terminamos de resolver nuestros problemas, y, ahora tenemos otro”, añade Verni.

Consultado al respecto, el intendente, Mariano Campero, dijo que por el momento “no había nada”, y que “no eran ciertos” los rumores sobre algún contacto entre la gente de Uber y la intendencia. Actualmente, en el Concejo Deliberante yerbabuenense se está elaborando un proyecto de ordenanza para regular la actividad. “Hoy nadie sabe de quiénes son las licencias. No hay ningún padrón en este municipio”, ejemplifica Verni.

También en el Concejo Deliberante de la capital tucumana desestimaron que haya habido contactos con Uber. Ante una consulta de LA GACETA, José Francisco Argañaraz (Interbloque Acuerdo para el Bicentenario)- vicepresidente de la Comisión de Transporte del cuerpo legislativo de la ciudad de Tucumán, fue rotundo en su respuesta: “no está planteado el tema en el Concejo. Lo que se conoce es más mediático, por lo que está pasando en Buenos Aires, por el fallo judicial que estableció que no es delito conducir vehículos para Uber”. “En lo que a mí respecta, en lo personal, la medida es errónea. Porque, de legalizarse el sistema, estaríamos dando el paso a la informalidad; si ya tenemos problemas con el servicio actual, ¿cómo haremos con una actividad que carece de domicilio legal, y cuyos choferes no poseen un registro especial para transportar pasajeros en la ciudad, habilitación, control técnico, ni seguros?”, se preguntó el edil de Cambiemos. Sí reconoció que el Concejo recibió hace dos meses “una inquietud al respecto de los propietarios de taxis”.

Al respecto, Julio Rodríguez, delegado gremial y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, coincidió con Verni. “Estamos en estado de Alerta y Movilización, y no bajaremos los brazos. Uber sigue trabajando en la ilegalidad y no tributa. Le miente a la gente y no cuenta con seguros ni tiene conductores profesionales. Estamos sorprendidos por el accionar de un juez y un fiscal que no conocen el verdadero trabajo de los taxistas. Con total desconocimiento dicen que lo de Uber es una simple falta contravencional. Ya presentamos una apelación y expresamos nuestro descontento”, le dijo el dirigente de los taxistas a LA GACETA.

El fallo de la discordia

Esta semana, un tribunal de la Capital Federal desestimó la denuncia penal del sindicato de taxistas contra Uber por considerar que no es delito sino “un entuerto netamente comercial”, según consignó la agencia DYN. El fallo sostiene que quienes conducen vehículos para “Uber” desarrollan, en ese contexto, “una actividad comercial lícita”, y que podrían existir “faltas administrativas o infracciones de tránsito”, mas no delitos.

El juez de instrucción porteño Luis Zelaya se adhirió al dictamen del fiscal Jorge Ballestero y desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia que la gremial de los taxistas formuló contra 33 conductores de “Uber” por los presuntos delitos de “entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”. El fiscal “descartó las hipótesis de la instigación delictiva o de la asociación ilícita, al puntualizar que finalmente se trata del desarrollo de una actividad comercial lícita”.

A su vez, el fallo subraya que “todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto”.

La decisión, consignó DyN, fue apelada por el estudio Cúneo Libarona, que representa a los taxistas. Los conductores también sufrieron otro revés cuando los camaristas Juan Cicciaro y Mariano Scotto desestimaron el planteo del sindicato de taxistas de convetirse en querellante. “Una asociación sindical es una persona jurídica privada y en el ámbito penal no puede representar a sus afiliados si el delito aparece perjudicándolos individualmente”, sostiene el fallo.