Zecca evalúa llamar a un diálogo sobre crimen

Durante todo el miércoles hubo rumores sobre la respuesta que el arzobispo Alfredo Zecca daría a la nota que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán le escribió con el fin de que precise quiénes son, según su criterio, los funcionarios corruptos. Pero el miércoles pasó sin novedades oficiales al respecto en el alto tribunal, según confirmó ayer el presidente Antonio Gandur. Por el lado del Arzobispado sólo hizo comentarios el abogado Facundo Maggio, quien manifestó que Zecca evalúa abrir una mesa de diálogo sobre crimen organizado y droga. “Seguramente invitaremos a la mesa a los miembros del Poder Judicial que están preocupados por la temática”, expresó.

El profesional explicó que la Iglesia barajaba la apertura de un espacio de encuentro entre los sectores interesados en la lucha contra el flagelo de la droga y el crimen organizado. “En ese ámbito, los sacerdotes que asisten a los más vulnerables día a día podrían poner en conocimiento de los poderes públicos sobre los problemas con los cuales conviven”, acotó. Y añadió: “por lo demás y específicamente respecto de la investigación penal (de la muerte del párroco Juan Viroche), el fiscal (Diego López Ávila) está actuando con absoluta prudencia y profesionalismo”.

El martes, los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar habían solicitado a Zecca que explicitara a quiénes se refería cuando hablaba de la corrupta complicidad de miembros de los poderes públicos que permiten que los delitos queden impunes y sigan creciendo hasta amenazar la posibilidad de una convivencia justa y pacífica en la sociedad tucumana. El comentario objetado forma parte de un comunicado emitido por el Arzobispado y el Presbiterio el 13 de octubre pasado, a propósito del fallecimiento en circunstancias no esclarecidas de Viroche y de los delitos que este denunciaba. “Las expresiones generales e imprecisas no hacen más que afectar el buen nombre y honor de quienes cotidiana y dignamente ejercen su función en el Poder Judicial”, dijeron cuatro de los cinco vocales de la Corte. El juez Daniel Posse no firmó el comunicado porque había viajado a Bolivia en representación del Consejo Asesor de la Magistratura con los consejeros Raúl Fermoselle y Martín Tello, el funcionario Fernando Ganami y la secretaria privada Norma Ávila.

Los miembros de la Corte consideraron que las declaraciones genéricas del Arzobispo de Tucumán no constituían un aporte para la solución del conflicto que ponía de relieve: “toda vez que no precisa de ningún modo en qué consistirían los hechos de corrupción ni cuáles serían sus autores”. Gandur, Goane, Estofán y Sbdar invitaron a Zecca a mantener una instancia de diálogo respetuoso y honesto, en la que aquel pudiese manifestar sus concretas denuncias y preocupaciones.

El comunicado previo

El clero había deslizado la hipótesis de impunidad y de corrupción estatal luego de afirmar que le dolía el fallecimiento del párroco de La Florida, y la pérdida de miles de vidas de adolescentes, jóvenes y adultos que se apagan consumidas por la droga, el alcohol y la violencia, además del escándalo de la explotación sexual infantojuvenil.

“Como ciudadanos responsables nos toca continuar exigiendo a las instituciones democráticas que destierren la corrupción, el miedo y la instalación del delito organizado”, habían manifestado Zecca y los presbíteros de la provincia en el texto cuya vaguedad objetó la Corte. El “contracomunicado” judicial llegó en un momento complejo para el arzobispo, a quien algunos sectores critican por el manejo del caso de Juan Viroche.