19 Octubre 2016
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) reprobó el ítem “balance 2015”. El lunes, la Comisión de Hacienda se reunió y definió no aprobar ese estado contable. El dictamen con los fundamentos estará listo hasta el viernes, según confirmaron miembros de la Comisión, ya que deberá ser elevado a consideración del Consejo Superior.
El balance estaba en estudio en la comisión y había llegado con el dictamen de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), que señalaba varios “puntos flojos”. Entre ellos, la falta de registro de los gastos de varias unidades académicas y secretarías. Además, “vales de caja” del Rectorado por más de $ 3,8 millones y todo el registro de los movimientos de fondos realizados por la ya extinta Secretaría de Proyectos Nacionales de Inclusión y Desarrollo, que manejaban miembros de La Cámpora durante los últimos años de la gestión kirchnerista.
Por todo esto, los consejeros que integran la comisión tomaron la decisión de aconsejarle al Consejo Superior que no apruebe el balance 2015.
El SIU Pilagá es un sistema que permite llevar el registro de la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y de recaudación en las universidades. Solo siete facultades cuentan con este sistema, pero apenas tres tenían los registros actualizados a la fecha del cierre del balance: Arquitectura, Ciencias Económicas y Artes, según señala el dictamen de auditoría.
En el caso de Educación Física presentó datos actualizados, pero no en su totalidad. Bioquímica, Derecho y Ciencias Exactas tenían los registros atrasados al igual que Agronomía, Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión Universitaria que, además, debían mucha documentación, según consignó auditoría interna.
Entre las facultades que no cuentan con el Pilagá está Psicología, que pese a esto lo mismo tiene ordenada su documentación. También Ciencias Naturales y la Secretaría de Ciencia y Técnica, que posee documentación pendiente y sin control. En tanto, las facultades de Odontología y Medicina no pudieron ser verificadas al momento del cierre, por lo tanto tampoco se sabe cómo y en qué gastaron. Desde auditoría le reclamaron a la Dirección General Administrativa, que confecciona el balance, que debería haber previsto esto ya que se hicieron las mismas observaciones en el balance 2014.
Pero ese informe advierte que a la fecha hay excesiva documentación pendiente de rendir, como los $70 millones de la Dirección de Construcciones Universitarias (por la que hay una causa judicial en trámite); más de $ 2,5 millones de Residencias Universitarias; más de $1,3 millón de la facultad de Bioquímica y $ 3,3 millones de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
El balance estaba en estudio en la comisión y había llegado con el dictamen de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), que señalaba varios “puntos flojos”. Entre ellos, la falta de registro de los gastos de varias unidades académicas y secretarías. Además, “vales de caja” del Rectorado por más de $ 3,8 millones y todo el registro de los movimientos de fondos realizados por la ya extinta Secretaría de Proyectos Nacionales de Inclusión y Desarrollo, que manejaban miembros de La Cámpora durante los últimos años de la gestión kirchnerista.
Por todo esto, los consejeros que integran la comisión tomaron la decisión de aconsejarle al Consejo Superior que no apruebe el balance 2015.
El SIU Pilagá es un sistema que permite llevar el registro de la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y de recaudación en las universidades. Solo siete facultades cuentan con este sistema, pero apenas tres tenían los registros actualizados a la fecha del cierre del balance: Arquitectura, Ciencias Económicas y Artes, según señala el dictamen de auditoría.
En el caso de Educación Física presentó datos actualizados, pero no en su totalidad. Bioquímica, Derecho y Ciencias Exactas tenían los registros atrasados al igual que Agronomía, Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión Universitaria que, además, debían mucha documentación, según consignó auditoría interna.
Entre las facultades que no cuentan con el Pilagá está Psicología, que pese a esto lo mismo tiene ordenada su documentación. También Ciencias Naturales y la Secretaría de Ciencia y Técnica, que posee documentación pendiente y sin control. En tanto, las facultades de Odontología y Medicina no pudieron ser verificadas al momento del cierre, por lo tanto tampoco se sabe cómo y en qué gastaron. Desde auditoría le reclamaron a la Dirección General Administrativa, que confecciona el balance, que debería haber previsto esto ya que se hicieron las mismas observaciones en el balance 2014.
Pero ese informe advierte que a la fecha hay excesiva documentación pendiente de rendir, como los $70 millones de la Dirección de Construcciones Universitarias (por la que hay una causa judicial en trámite); más de $ 2,5 millones de Residencias Universitarias; más de $1,3 millón de la facultad de Bioquímica y $ 3,3 millones de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
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