Un fiscal investiga a la familia Soria en La Florida

La muerte del padre Juan Viroche continúa volcando la atención del poder político e institucional de la provincia hacia La Florida, localidad en la que el padre desarrollaba su tarea pastoral y en la que alzó su voz contra la venta de drogas y contra presuntos atropellos del poder político. Esta vez, el que posó su vista sobre la comuna del este de Tucumán fue el fiscal de turno, Washington Navarro Dávila, que abrió una investigación de oficio contra la familia Soria.

El magistrado tomó la decisión luego de leer en la edición de ayer de LA GACETA una información periodística en la que un grupo de empleados y ex empleados de La Florida denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de la comuna, cuyo ex delegado es Arturo Soria (actual asesor del Poder Ejecutivo y asiduo acompañante del gobernador, Juan Manzur, en sus salidas diarias al interior provincial) y cuya actual conductora es su esposa, Inés Gramajo.

“Desde hace unos años que hay ‘aprietes’. A muchos empleados, ya sean contratados o de planta transitoria, la gestión de Soria los obligaba a dejar una parte del sueldo. El cura Viroche nos acompañó para contar todo esto, cuando nos recibieron los legisladores de la comisión de Derechos Humanos”, había contado a nuestro diario Francisco Chirino, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda del Río Salí y vecino de La Florida.

“Trabajamos en la casa de Soria, en todas las tapias y galpones que están al lado de su casa. Ahí guarda los camiones de su empresa de transporte. Entre 2010 y 2015 hice trabajos ahí. El último año nos presionaba para que dejemos la mitad del aguinaldo”, dijo otro vecino, Juan José López. Otros residentes de esa localidad susurraban sus denuncias y pedían que se preserve su identidad, según explicaron, por miedo a represalias de la familia que gobierna la comuna hace poco más de una década.

Ante esas y otras declaraciones, Navarro Dávila tomó ayer una serie de medidas judiciales. En primer lugar, abrió de oficio la investigación contra los Soria. Luego, pidió colaboración de la Policía Federal para llevar adelante su cometido. También envió oficios a Mesa de Entradas de Tribunales para saber si existe alguna denuncia contra Soria o Gramajo y si existe alguna investigación previa en contra de ellos. De ser así, el fiscal se declararía incompetente para entender en el asunto.

Además de esos trámites, también solicitó información a la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Es que los vecinos, junto a Viroche, se habían reunido en junio con los legisladores que integran ese grupo de trabajo para denunciar los presuntos “aprietes” e irregularidades en la administración de la comuna. El fiscal no descartó tomar más medidas.