Creen que el bono acelerararía la inflación

En un momento en cual la inflación comienza a transitar una curva descendente, el pago de un bono de fin de año para los trabajadores, de los sectores público y privado, tal como exige la Confederación General del Trabajo (CGT), no ayudará a consolidar la baja de los precios en la economía. El especialista Eduardo Robinson sostiene que, ante la obligación de otorgar incentivos a los trabajadores, las empresas trasladarán estas erogaciones a los precios de los productos y de los bienes de la economía.

Robinson propone que, para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, el Gobierno nacional y los sindicatos deberían promover la firma de acuerdos para otorgar bonos adicionales según la productividad de los trabajadores, tanto del sector privado como del público.

“Cada empresa tiene su propia realidad, en un año de fuerte recesión. Entonces, el Poder Ejecutivo no debería avalar el pago de sumas fijas. En todo caso, cada empresa, según sus posibilidades, debería estudiar el pago de incentivos según la productividad laboral. Lo mismo debería regir para los empleados públicos”, analiza el experto, consultado por LA GACETA.

En el sector público de Tucumán se pagan casi dos sueldos más el medio aguinaldo de fin de año. Esta inyección de dinero, advierte Robinson, se vuelva directamente a los precios de la economía. “Por esta razón, los incrementos de sumas fijas lo único que provocan es impacto en los precios”, insiste.

En el caso de los empleados públicos, el pago de bonos adicionales se traduce, según Robinson, en más impuestos, en un marco de elevada presión tributaria y de déficit fiscal en las cuentas públicas.

Informalidad laboral

Las estadísticas oficiales sobre pobreza, que determinaron una cifra del 32%, muestran que este flagelo social está asociado al trabajo informal o a la falta de empleo. Debido a que la estrecha relación entre situación social e inserción laboral, es necesario evaluar las demandas de los sindicatos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), a la luz de la conformación del mercado de laboral en la Argentina.

En estudio reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) remarca que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), se estima que la estructura del empleo en el país tiene la siguiente configuración:

• Los asalariados registrados en empresas privadas y los empleados públicos constituyen el 50% del total de ocupados.

• Otro 26% está conformado por asalariados no registrados y servicio doméstico.

• El restante 24% son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta.

Los potenciales beneficiarios de las demandas de la CGT representan la mitad de los ocupados, advierte Idesa. “La otra mitad, conformados por los asalariados “informales y por los que trabajan por su cuenta, quedan excluidos porque no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo; no tienen quién les pague un bono de fin de año, ni aguinaldo para quedar eximidos del Impuesto a las Ganancias”, insiste el estudio.

Según Idesa, excluyendo a los empleadores y a los profesionales independientes, el 42% del total de los ocupados son informales. “Esto explica que la mitad de los ocupados representados por los sindicatos cobren remuneraciones del orden de los $ 20.0000 mensuales, mientras que la otra mitad, conformada por los informales y por los cuentapropistas, apenas alcancen una media de $ 9.000 mensuales”, subraya.

Las demandas sindicales tienen dos efectos, según Idesa. En primer lugar, no llegan a los trabajadores de ingresos más bajos porque trabajan en la informalidad. En segundo lugar, agregan presiones inflacionarias debido a que los precios de los bienes y de los servicios de la Canasta Básica Total (CBT) se determinan en mercados formales, o sea, donde inciden las paritarias, los impuestos y los mayores costos laborales del bono.

El debate sobre políticas públicas está cargado de enunciados en favor de la inclusión social, pero de ideas que van en el sentido contrario. “Se reclaman beneficios para los pobres, pero aumentar las presiones inflacionarias mediante incrementos de los costos laborales, o profundizando el déficit fiscal. Esto es regresivo y excluyente. La manera de promover la inclusión social es aportando soluciones para reducir la informalidad”, concluye el estudio.