Posse insiste en remunerar a los consejeros de la abogacía

Con la excepción de los consejeros abogados, todas las autoridades del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) perciben ingresos del Estado por su desempeño como vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, jueces y legisladores. Los representantes de los letrados de la capital y del sur actúan ad honorem desde el origen del órgano encargado de preseleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia. Esa situación debe cambiar, según Daniel Posse, vocal del alto tribunal y titular del CAM. “Todos deberían cobrar y cobrar bien. La tarea de los consejeros de la abogacía debería ser rentada”, definió el presidente en una intervención que generó sorpresa durante la sesión del viernes.

No es que la cuestión sea nueva, es que no estaba prevista en el orden del día. Se trata de un asunto sensible que genera controversia, y que, por ello, venía tratándose en conversaciones informales y reservadas. Posse mismo admitió que era improbable que la integración actual del Consejo pudiese modificar el régimen de los representantes de la abogacía. “Quedará para el próximo CAM, si es que quiere”, apuntó en presencia de los consejeros Fernando Juri, Raúl Fermoselle, José Dantur, Martín Tello, José Adle, Rolando Granero y Jorge Conrado Martínez (los cuatro últimos son las autoridades votadas por los letrados). Frente al comentario de Posse, Tello, consejero titular por los abogados del sur, tomó la palabra e informó que él había discutido la cuestión con sus colegas y cambiado de opinión. Según su criterio, correspondía que la función de consejero del estamento profesional continuase siendo ad honorem.

La hora de la discordia

El debate sobre el estatus económico de los representantes de la abogacía en el CAM surgió a colación de una propuesta de actualización de honorarios remitida por la Escuela Judicial. Posse expresó que la hora cátedra ascendía en el presente a $ 650 y que los responsables del departamento académico del Consejo proponían llevar ese monto a $ 790 hasta mayo de 2017. A partir de entonces, la hora cátedra pasaría a $ 990: este valor es el punto de referencia para abonar a los docentes de la Escuela Judicial y, desde este año, también a los jurados de los concursos. El presidente opinó que el incremento le parecía razonable en función de la inflación y de los aumentos concedidos en el Poder Judicial.

La apreciación no convenció al consejero titular por los abogados de la capital. “Esta propuesta viene sin un estudio del impacto del aumento sobre el presupuesto. ¿Quién pidió la actualización? No parece que haya sido objetada”, interrogó Adle. A continuación, la secretaria Sofía Nacul corroboró que la Dirección de la Escuela no había solicitado un análisis administrativo para su propuesta de elevar el monto de la hora cátedra.

El consejero por los abogados de la capital agregó que no le parecía adecuada la manera de adoptar decisiones relativas a fondos públicos, y recordó que el CAM pagaba honorarios a numerosos jurados y docentes. En ese tren, cuestionó la propia existencia de la Escuela Judicial, que brinda capacitación sin costo para los aspirantes a la magistratura: “nadie retribuye (a los académicos) como aquí. En el CAM damos posgrados gratuitos cuando en otras instituciones los alumnos pagan hasta $ 150.000. Se trata de una erogación muy grande cuando nuestra función es preseleccionar jueces (a partir de la organización de concursos públicos de antecedentes y de oposición)”.

Ante la acotación crítica de Adle, el juez Dantur opinó que la actualización del valor de la hora cátedra merecía un estudio más profundo y sugirió diferir su tratamiento, moción que terminó prevaleciendo. Previamente, Posse defendió las buenas contraprestaciones en general y la Escuela Judicial en particular. “Es una política pública del CAM”, afirmó.

Reforma

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) aprobó este viernes la apertura de los concursos respectivos para seis nuevas vocalías de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y dos fiscalías ante ese tribunal. Con estos últimos, son 53 los procesos en trámite en el CAM. “Intentemos avanzar con los concursos múltiples (permite acumular la tramitación para cargos idénticos, con ahorro de tiempo y dinero)”, sugirió el consejero José Dantur, quien presentó un proyecto al respecto junto al consejero Carlos Caramuti (de licencia por enfermedad). El consejero Fernando Juri dijo que la Fiscalía de Estado estaba analizando la modificación de la ley. “La idea es evitar un veto. Sí hay interés en el Poder Ejecutivo”, informó el legislador oficialista.