Un decreto oculto durante un año revela que la Legislatura gastó en subsidios millones destinados a sueldos

Un decreto del Poder Ejecutivo (PE) que permaneció oculto durante un año y 20 días dejó en evidencia cuál fue el origen financiero de los subsidios millonarios otorgados de forma discrecional por la Legislatura en el 2015 electoral.

El viernes, tras una serie de planteos formales realizados por el legislador Eudoro Aráoz (UCR), en el Boletín Oficial de la Provincia salió publicado el decreto 2.941/3 (SH), dictado el 16 de septiembre de 2015; es decir, durante la gestión del ex gobernador y hoy senador del FPV, José Alperovich.

El instrumento dispuso la extracción de $ 550 millones del programa “Obligaciones a cargo del Tesoro de la Provincia” y su envío al Poder Legislativo, entonces presidido por el actual mandatario provincial, Juan Luis Manzur.

Según el decreto 2.941/3 (SH), ese dinero estaba destinado a la partida principal 100, denominada “gastos en personal”, y puntualmente a la partida subparcial 111, “retribución del cargo”. Es decir, había sido girada para que la Legislatura afrontara sueldos.

Sin embargo, mediante una serie de decretos del Legislativo, la gestión de Manzur redistribuyó gran parte de esos recursos y los cargó en la subpartida 514, “ayudas sociales a personas”. Este tipo de subsidios fueron eliminados en agosto pasado por el actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Sin embargo, las sospechas generadas por el manejo de esos fondos públicos generó denuncias en el fuero penal (tanto provincial como federal) y demandas en el fuero contencioso administrativo.

La difusión del instrumento rubricado durante el alperovichismo se produjo un mes después de que LA GACETA revelara la existencia de otro decreto “oculto” (el N° 41/1, firmado el 29 de octubre por Manzur). Mediante ese texto, el gobernador designó como asesor ad honórem del Poder Ejecutivo al propio Alperovich, con rango de ministro, y dispuso la cobertura de “los gastos emergentes por el cumplimiento” de sus tareas.

Ampliación “secreta”

El presupuesto original de la Legislatura para 2015 era de $ 959 millones (equivalía a cerca del 3% del presupuesto general de la Provincia). El 9 de septiembre de ese año, durante la anterior conformación legislativa, el bloque oficialista Tucumán Crece impulsó la autorización para la ampliación de los recursos del Estado provincial.

“El incremento en las erogaciones estará destinado a las partidas de ‘personal’, para posibilitar al PE atender la planilla salarial. Los saldos disponibles (...) resultan insuficientes para atender las obligaciones asumidas como consecuencia de (...) las paritarias”, señaló el entonces titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro (PJ), luego de que Manzur, quien presidía el debate parlamentario, le diera la palabra.

Aunque no se dijo una palabra al respecto en el recinto, la Cámara también aprobó una suba de sus propios fondos. Así, el presupuesto de la Legislatura para 2015 creció el 60% y pasó a $ 1.529 millones.

La partida que más se incrementó sin embargo no fue la destinada a los sueldos, sino a subsidios. Aunque en el presupuesto original de la Cámara estaban previstos $ 156 millones para esos auxilios financieros, para finales de 2015 habían sido ejecutados $ 615,6 millones (es decir, el 40% de los recursos anuales de la Legislatura).

LA GACETA había revelado en noviembre pasado, con fotos y registros bancarios, cómo era el manejo “físico” de esa plata. Varias veces a la semana, un empleado legislativo concurría a una sucursal céntrica del Banco del Tucumán-Grupo Macro y extraía por ventanilla sumas millonarias. Luego transportaba el dinero en valijas (en cada una cabían $ 6 millones) hasta la sede legislativa de Muñecas 951, donde los subsidios se entregaban en mano, en efectivo.

Hasta ahora, más allá de las notas periodísticas, no existían informes oficiales referidos al origen financiero de los recursos legislativos ejecutados en el año electoral.

Dos decretos firmados por Alperovich explican cómo llegaron a las arcas del cuerpo parlamentario los $ 570 millones incorporados al presupuesto 2015. Uno de esos instrumentos, el 2.941/3 (SH), permaneció oculto 387 días, y determinó el giro de $ 550 millones. En cambio, el otro documento -el 2.812/3 (SH), que habilitó el envío de los casi $ 20 millones restantes- salió publicado en el Boletín Oficial tres días antes de que el actual senador del FPV concluyera su gestión como jefe del Ejecutivo tucumano, el 26 de octubre de 2015.

Instrumentos internos

El decreto 2.812/3 (SH), dictado el 7 de septiembre de 2015 -es decir, dos días antes de que la Legislatura actualizara la ley de Presupuesto de la Provincia- también determinó que los $ 20 millones extraídos del Tesoro fueran remitidos a la partida 100 (gastos en personal) del Poder Legislativo.

Así, si bien los $ 570 millones enviados desde el PE estaban previstos para sueldos, la gestión de Manzur efectuó reasignaciones presupuestarias a través de decretos, que no fueron publicados.

En abril pasado, el radical José Manuel Cano, titular del Plan Belgrano, había advertido sobre esas readecuaciones internas “secretas”, y había dicho que gran parte de esos recursos habían sido gastados por el oficialismo en las elecciones provinciales de 2015.

El lunes pasado, el legislador Aráoz, también de la UCR, le requirió por escrito al vicegobernador Jaldo copias certificadas de esa documentación. Son seis decretos del Poder Legislativo dictados entre el 8 de septiembre de 2015 y el 28 de octubre de ese año; es decir, durante la gestión de Manzur. También había requerido al Poder Ejecutivo un ejemplar del decreto 2.941/3 (SH) de 2015, publicado finalmente el viernes en el Boletín Oficial. Aráoz criticó “el ocultismo de los actos de gobierno”. E instó al oficialismo “a exhibir la documentación respaldatoria” por los $ 615,6 millones en subsidios de 2015.

Sobre los “gastos sociales”

- Se conoce como “gastos sociales” a los subsidios que entrega el Poder Legislativo; sobre todo, los ejecutados como “ayudas sociales”.

- El régimen aparece en 1992, con la ley de Residencia Oficial, que habilitaba la rendición de ese tipo de gastos en los tres poderes.

- La ley de Administración Financiera (2007) llevó a que el sistema cambie. El Tribunal de Cuentas dictó la nueva forma de rendición por acordada.

- En 2015, la Legislatura repartió $ 615 millones en supuestos subsidios. Se investiga los fondos fueron malversados o usados como sueldos.

- La única paga legal a legisladores es la dieta ($ 32.000 al mes). Pero  Ramírez (PJ) admitió el cobro de $150.000 al mes en gastos sociales.