08 Octubre 2016
El juez federal Sebastián Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez, quien está procesado por lavado de activos y esta semana cumplió medio año detenido en el penal de Ezeiza. El magistrado emitió un fallo en el que recordó que el procesamiento por lavado de activos “fue confirmado por el Tribunal revisor”, hecho que evidenciaría “la flaqueza de lo pretendido (por la defensa), en tanto luce como un intento tardío de objetar lo que ya fue revisado y homologado”.
“La confirmación de un auto de procesamiento por parte de la Cámara es un argumento de peso para rechazar un planteo de este tenor”, sostuvo el titular del juzgado federal 7, quien compartió la postura con el representante del Ministerio Público, el fiscal Guillermo Marijuan.
El planteo realizado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro se basó en la presunta “inexistencia de delito precedente que justifique la figura de lavado de activos”. “El dinero que giró el Estado, era legítimo”, dijeron.
El magistrado les respondió que “la aseveración de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era dinero lícito o legítimo producto de las ganancias declaradas por la realización de obra pública, es lisa y llanamente una alteración de los términos del reproche”. Sostuvo que la investigación permitió “forjar la fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria”. (Télam)
“La confirmación de un auto de procesamiento por parte de la Cámara es un argumento de peso para rechazar un planteo de este tenor”, sostuvo el titular del juzgado federal 7, quien compartió la postura con el representante del Ministerio Público, el fiscal Guillermo Marijuan.
El planteo realizado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro se basó en la presunta “inexistencia de delito precedente que justifique la figura de lavado de activos”. “El dinero que giró el Estado, era legítimo”, dijeron.
El magistrado les respondió que “la aseveración de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era dinero lícito o legítimo producto de las ganancias declaradas por la realización de obra pública, es lisa y llanamente una alteración de los términos del reproche”. Sostuvo que la investigación permitió “forjar la fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria”. (Télam)
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