Oficialistas piden una ley de Acceso a la Información

En los últimos meses -e incluso en años anteriores-, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO habían formulado proyectos de ley destinados a garantizar el acceso a la información pública entre la ciudadanía. Ahora, con la aprobación de una norma nacional con idéntico espíritu -sancionada por el Congreso en septiembre-, es el oficialismo de la Legislatura quien impulsa la difusión de todos los actos de gobierno.

Nancy Bulacio (secretaria del bloque Tucumán Crece), Ramón Santiago Cano (presidente de esa bancada), Sara Assán y otros cuatro oficialistas rubricaron un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27.275). “Se trata de un derecho fundamental, no sólo porque facilita el control ciudadano y la rendición de cuentas de los gobernantes, sino porque es un requisito para el ejercicio de otros derechos, como salud, educación y vivienda”, afirmó Bulacio en los fundamentos de la iniciativa.

Además, mencionó en el texto al gobernador, Juan Manzur. “Haciendo referencia a sus dichos, en relación a su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la importancia que resulta para el correcto funcionamiento de la libertad de prensa, símbolo del republicanismo, considero esencial la adhesión (a la norma nacional)”, consignó Bulacio.

El proyecto cuenta con cinco artículos (el 5° es de forma). Además de proponer la vigencia del régimen nacional en Tucumán, expresa que la norma “tiene por objetivo regular y garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”, remarca el artículo 2°. El siguiente apartado señala el ámbito de aplicación. “(Están) obligados a brindar información pública en la Provincia: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los entes autárquicos y descentralizados dependientes del Estado provincial y las empresas concesionarias de servicios públicos, obras y entes de contralor”, expresa. El artículo 4° nombra como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia del PE.

En los fundamentos, la autora del proyecto consideró que “es necesario tener un compromiso esencial” con la ciudadanía. “Para esto, resulta primordial que la Provincia cuente también con una ley en ese sentido, siendo que la libertad de acceso a la información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles”, remarcó la oficialista Bulacio.

“Buscar, solicitar, analizar”

La ley nacional N° 27.275, promulgada por el presidente Mauricio Macri el 28 de septiembre, les garantiza a los ciudadanos del territorio nacional “la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información” pública.

Aclara a la vez la posibilidad de existencia de documentación clasificada (referida, por ejemplo, a la seguridad interna de la Nación).

En el período 2011-2015, habían sido presentados diversos proyectos tendientes a la difusión de los actos de gobierno. Este año, miembros el bloque UCR (presidido por José Canelada), Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos), el bussista Claudio Viña (FR) y el radical Luis González (bloque Arturo Illia) habían firmado una iniciativa “de Política Transparente en el Bicentenario”, que preveía el acceso a la información entre otros puntos. El macrista Luis Brodersen (PRO-A) también elevó un proyecto de adhesión a la norma nacional.