05 Octubre 2016
EN EL CONGRESO. Los diputados Orellana, Santillán, Carrizo y Gallardo analizan el Presupuesto con los trabajadores. foto de Mabel Carrizo
El presidente de la comisión asesora de la Fundación Miguel Lillo, Eduardo García Hamilton, confirmó que no van a quedar sin trabajo los contratados. Explicó que se trata de 110 empleados y que ya le plantearon a las autoridades nacionales la situación.
Además, señaló que el próximo año la fundación ya podría ser parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo titular es Lino Barañao. Actualmente, están bajo la órbita del Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich. “Estar en ese ministerio nos parece mucho más razonable”, aseguró.
García Hamilton confirmó que la partida presupuestaria este año sufrió un recorte de, aproximadamente, $ 30 millones. “Teníamos un presupuesto de $ 170 millones pero lo redujeron en abril con retroactividad a enero, y eso generó un desfasaje porque ya habíamos gastado enero, febrero y marzo”, dijo. Esto los obligó a cerrar obras para poder cumplir con los sueldos e investigaciones en marcha.
Actualmente, en la fundación trabajan 310 personas, de las cuales 110 son contratadas, confirmó García Hamilton. La Fundación posee una biblioteca, un museo, un jardín botánico y dos centros culturales. Hay investigadores y personal de administración que están en estas condiciones.
Para hacer frente a lo que queda del año están solicitando ante las autoridades nacionales “sobretechos” (compensaciones al presupuesto que están contempladas en la ley de presupuesto nacional). Si consiguen eso, entonces, sostuvo el presidente, les permitiría regularizar la situación de algunos contratados. “Eso es por lo que estamos peleando y necesitamos nos den presupuesto, desde la jefatura de Gabinete de la Nación nos tienen que autorizar a través de una resolución. Podríamos pasar a planta a 20 contratados el año que viene”, explicó García Hamilton.
Además, para el próximo año reclaman $ 170 millones, el mismo monto que 2016 pero sin ningún tipo de recorte, explicó.
Por otra parte, la semana pasada miembros del INTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron con los diputados peronistas Mabel Carrizo de Salim, Mirian Gallardo, Marcelo Santillán y José Orellana para analizar los recortes presupuestarios.
De esa reunión trascendió que en el proyecto de presupuesto 2017 se prevé asignarle a la Fundación Lillo una partida de $ 141,9 millones, lo que significa una reducción respecto al año anterior.
Consultado sobre estos datos, García Hamilton confirmó que ese había sido el monto que elevó el Poder Ejecutivo y que ellos solicitaron que se modifique. Por el momento no hubo mayores precisiones, pero confían en que se llegue a la cifra que reclaman.
“Sin el personal contratado la realización de numerosas tareas se verá afectada”, advirtió la diputada Carrizo, referente de La Cámpora. “El recorte de Presupuesto que ya viene aconteciendo durante este año ha afectado la realización de viajes de campo de colecta y observación, restringe la capacidad de llevar a cabo los proyectos de investigación que se encuentran en marcha, entre otras tareas que hacen al quehacer científico”, dijo.
En el campo
De la reunión con los diputados también participaron miembros del INTA. La preocupación que plantearon es que se habla de una reducción en salarios de $ 218 millones, lo que generaría ineludiblemente que 700 personas se encuentren con su fuente laboral en riesgo, explicaron ante los parlamentarios tucumanos.
Comentaron que hubo reducciones de carácter presupuestario, y como consecuencia se dio de baja al programa Cambio Rural, en el que se ha afectado a 5.000 productores y a 60 agentes de proyecto de todo el país. Además, hay un proyecto de ley para que el INTA pase a la órbita del Ministerio de Modernización de la Nación.
Además, señaló que el próximo año la fundación ya podría ser parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo titular es Lino Barañao. Actualmente, están bajo la órbita del Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich. “Estar en ese ministerio nos parece mucho más razonable”, aseguró.
García Hamilton confirmó que la partida presupuestaria este año sufrió un recorte de, aproximadamente, $ 30 millones. “Teníamos un presupuesto de $ 170 millones pero lo redujeron en abril con retroactividad a enero, y eso generó un desfasaje porque ya habíamos gastado enero, febrero y marzo”, dijo. Esto los obligó a cerrar obras para poder cumplir con los sueldos e investigaciones en marcha.
Actualmente, en la fundación trabajan 310 personas, de las cuales 110 son contratadas, confirmó García Hamilton. La Fundación posee una biblioteca, un museo, un jardín botánico y dos centros culturales. Hay investigadores y personal de administración que están en estas condiciones.
Para hacer frente a lo que queda del año están solicitando ante las autoridades nacionales “sobretechos” (compensaciones al presupuesto que están contempladas en la ley de presupuesto nacional). Si consiguen eso, entonces, sostuvo el presidente, les permitiría regularizar la situación de algunos contratados. “Eso es por lo que estamos peleando y necesitamos nos den presupuesto, desde la jefatura de Gabinete de la Nación nos tienen que autorizar a través de una resolución. Podríamos pasar a planta a 20 contratados el año que viene”, explicó García Hamilton.
Además, para el próximo año reclaman $ 170 millones, el mismo monto que 2016 pero sin ningún tipo de recorte, explicó.
Por otra parte, la semana pasada miembros del INTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron con los diputados peronistas Mabel Carrizo de Salim, Mirian Gallardo, Marcelo Santillán y José Orellana para analizar los recortes presupuestarios.
De esa reunión trascendió que en el proyecto de presupuesto 2017 se prevé asignarle a la Fundación Lillo una partida de $ 141,9 millones, lo que significa una reducción respecto al año anterior.
Consultado sobre estos datos, García Hamilton confirmó que ese había sido el monto que elevó el Poder Ejecutivo y que ellos solicitaron que se modifique. Por el momento no hubo mayores precisiones, pero confían en que se llegue a la cifra que reclaman.
“Sin el personal contratado la realización de numerosas tareas se verá afectada”, advirtió la diputada Carrizo, referente de La Cámpora. “El recorte de Presupuesto que ya viene aconteciendo durante este año ha afectado la realización de viajes de campo de colecta y observación, restringe la capacidad de llevar a cabo los proyectos de investigación que se encuentran en marcha, entre otras tareas que hacen al quehacer científico”, dijo.
En el campo
De la reunión con los diputados también participaron miembros del INTA. La preocupación que plantearon es que se habla de una reducción en salarios de $ 218 millones, lo que generaría ineludiblemente que 700 personas se encuentren con su fuente laboral en riesgo, explicaron ante los parlamentarios tucumanos.
Comentaron que hubo reducciones de carácter presupuestario, y como consecuencia se dio de baja al programa Cambio Rural, en el que se ha afectado a 5.000 productores y a 60 agentes de proyecto de todo el país. Además, hay un proyecto de ley para que el INTA pase a la órbita del Ministerio de Modernización de la Nación.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
