“Ningún funcionario debería avergonzarse de exhibir su patrimonio”

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni, del servicio de orientación legal la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), participó junto a profesionales de Adepa de la elaboración del Protocolo de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística. La normativa, que será anunciada hoy por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está destinada a amparar a los trabajadores de los medios que pudieran llegar a ser objeto de amenazas por la labor que ejercen, anticipó Badeni, en diálogo con LA GACETA.

“El objetivo es darles a los periodistas un marco de protección muy amplio, no solamente jurídico, sino también con recursos que les permitan sobrellevar esos momentos de angustia con mayor tranquilidad. Será un paso muy importante. Se instrumenta a nivel nacional con esperanza de que se adhieran todas las provincias”, indicó el constitucionalista.

Aclaró que hay trabajadores de medios de comunicación que fueron “mucho más castigados” en otros países, como México o Colombia. Aunque consideró clave que el protocolo de protección comience a regir cuanto antes en el país. “Hay determinado tipo de hechos que investiga el periodismo, como el tráfico de personas y de estupefacientes, lavado de dinero o delitos de corrupción, que generan por supuesto un riesgo para el periodista. Por eso, queremos que haya una garantía. En los últimos años, quienes más han combatido la corrupción y denunciado el narcotráfico han sido precisamente periodistas, quienes han sido objeto de amenazas muy serias. No queremos que se repita eso”, añadió Badeni.

Reconoció además que la ley de Acceso a la Información Pública, sancionada recientemente por el Congreso de la Nación, es “un paso muy importante”. “Con el correr del tiempo, y en la medida en que los periodistas actúen con firmeza, la ley va a dar muy buenos resultados”, consideró el abogado. Badeni fue consultado luego sobre la vigencia en Tucumán de la ley 3.981/73, que penaliza la difusión de las declaraciones juradas de funcionarios. “Ningún funcionario debería tener vergüenza de informar su estado patrimonial; al contrario, es un deber para demostrar la transparencia en el ejercicio de la función pública. No veo por qué se tienen que preocupar. Ahora, si se oponen, uno puede sospechar”, señaló el constitucionalista.