27 Septiembre 2016
POR SU EX CARGO. Investigarán cómo utilizó los fondos de la ex Afsca. DyN (archivo)
BUENOS AIRES.- El presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, fue denunciado penalmente por el Gobierno nacional por supuesto fraude a la administración y malversación de fondos públicos, en al menos $ 10 millones , cuando era titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informaron que la denuncia se debió a “irregularidades halladas en los subsidios que debían salir a concurso para proyectos de medios de comunicación comunitarios pero fueron otorgados a dedo a asociaciones civiles”.
Por su parte, el vocero de Nuevo Encuentro, Fernando Torrillate, ex director de Imagen y Comunicación de Afsca, aseguró que durante la gestión anterior del organismo se actuó en el marco de la ley al tiempo que acusó al oficialismo de insistir con denuncias falsas para “cubrir la profunda crisis social que generan sus políticas públicas”.
La denuncia se basa en una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el manejo de los subsidios de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fonacom) durante 2014 y 2015.
“Allí había de todo: desde facturas por $ 42.000 por prestación de servicios de un empleado de Afsca al mismo Afsca, facturas de almuerzos por $ 6.000 y más pesos, y facturas de viajes en ómnibus” agregaron las fuentes.
Lo cierto es que informantes del Enacom revelaron que una de las asociaciones que recibieron el subsidio, “en la región de Cuyo, destinó los fondos, más de tres millones de pesos, entre otras cosas, a un curso que se tituló ‘¿Qué significa para nosotros representar el kirchnerismo?’”.
Todo legal
Sin embargo, Torrillate aseguró que todo lo actuado durante la gestión de Sabbatella en la Afsca fue lo que correspondía, en el marco de la ley aprobada por el Congreso de la Nación, con concursos públicos y con procedimientos correctos. “El problema de fondo que tiene gobierno es que Afsca, a través de los fondos concursables, apoyaba a los medios comunitarios y el Enacom les da la espalda”, agregó.
En este contexto, aseveró que el Gobierno nacional “pretende cuestionar los proyectos financiados a través del Fomeca porque en realidad desprecian el financiamiento a medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera”.
“No extraña que insistan con denuncias falsas contra los dirigentes que formaron y forman parte del proyecto nacional y popular”, sostuvo Torrillate, quien consideró que la maniobra es “para cubrir la profunda crisis social que generan sus políticas públicas y para esconder los gravísimos casos de corrupción que pesan sobre gran parte del entorno presidencial”.
Además de Sabbatella también fue denunciada Andrea Conde, que ocupaba la Dirección de Proyectos Especiales de la Afsca y fue candidata a legisladora porteña por Nuevo Encuentro en las últimas elecciones.
La demanda penal, por los supuestos delitos de “defraudación contra la administración pública”, “defraudación por administración fraudulenta” y “malversación de caudales públicos” recayó por sorteo en el juzgado federal 9, de Luis Rodríguez, que ahora deberá determinar qué pasos sigue en la investigación judicial. (DyN)
Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informaron que la denuncia se debió a “irregularidades halladas en los subsidios que debían salir a concurso para proyectos de medios de comunicación comunitarios pero fueron otorgados a dedo a asociaciones civiles”.
Por su parte, el vocero de Nuevo Encuentro, Fernando Torrillate, ex director de Imagen y Comunicación de Afsca, aseguró que durante la gestión anterior del organismo se actuó en el marco de la ley al tiempo que acusó al oficialismo de insistir con denuncias falsas para “cubrir la profunda crisis social que generan sus políticas públicas”.
La denuncia se basa en una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el manejo de los subsidios de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (Fonacom) durante 2014 y 2015.
“Allí había de todo: desde facturas por $ 42.000 por prestación de servicios de un empleado de Afsca al mismo Afsca, facturas de almuerzos por $ 6.000 y más pesos, y facturas de viajes en ómnibus” agregaron las fuentes.
Lo cierto es que informantes del Enacom revelaron que una de las asociaciones que recibieron el subsidio, “en la región de Cuyo, destinó los fondos, más de tres millones de pesos, entre otras cosas, a un curso que se tituló ‘¿Qué significa para nosotros representar el kirchnerismo?’”.
Todo legal
Sin embargo, Torrillate aseguró que todo lo actuado durante la gestión de Sabbatella en la Afsca fue lo que correspondía, en el marco de la ley aprobada por el Congreso de la Nación, con concursos públicos y con procedimientos correctos. “El problema de fondo que tiene gobierno es que Afsca, a través de los fondos concursables, apoyaba a los medios comunitarios y el Enacom les da la espalda”, agregó.
En este contexto, aseveró que el Gobierno nacional “pretende cuestionar los proyectos financiados a través del Fomeca porque en realidad desprecian el financiamiento a medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera”.
“No extraña que insistan con denuncias falsas contra los dirigentes que formaron y forman parte del proyecto nacional y popular”, sostuvo Torrillate, quien consideró que la maniobra es “para cubrir la profunda crisis social que generan sus políticas públicas y para esconder los gravísimos casos de corrupción que pesan sobre gran parte del entorno presidencial”.
Además de Sabbatella también fue denunciada Andrea Conde, que ocupaba la Dirección de Proyectos Especiales de la Afsca y fue candidata a legisladora porteña por Nuevo Encuentro en las últimas elecciones.
La demanda penal, por los supuestos delitos de “defraudación contra la administración pública”, “defraudación por administración fraudulenta” y “malversación de caudales públicos” recayó por sorteo en el juzgado federal 9, de Luis Rodríguez, que ahora deberá determinar qué pasos sigue en la investigación judicial. (DyN)
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