Por Gustavo Rodríguez
26 Septiembre 2016
Julio César Trayán fue detenido acusado de integrar una banda que traficaba drogas. Su nombre brilla sobre los otros tres arrestados porque confirmó una relación que hasta el lunes sólo tenía cuerpo de rumor: la de “narcos” y políticos.
Ramón Santiago “Cacho” Cano camina por la Legislatura con el mismo semblante de una persona que acaba de pelear con el diablo. Esta especie de Judas de la política vernácula negó conocer las actividades ilícitas que supuestamente realizaban dos integrantes de la familia Trayán. Habló de una amistad de años con el padre de Julio César, su puntero de Villa Muñecas, y de su hermana Marcela, que fue arrestada en 2010 por comercializar drogas en Las Talitas. Tampoco pudo desmentir que en junio firmó una nota a Juan José, otro hijo de su amigo, para que ingresara a trabajar a la empresa 9 de Julio que realiza el servicio de recolección de residuos en la ciudad cuyo Concejo Deliberante presidió. Mucho menos explicó por qué permitió que un hombre cobrara el sueldo del municipio para que hiciera política para él. Y hasta quedó en ridículo al auspiciar una charla contra las adicciones en el club que preside su ex empleado.
El peso del escándalo cayó sobre las espaldas de Cano porque él fue el último que lo cobijó. Pero Julio César Trayán era mucho más que un hombre de “Cacho”. Ocupa un cargo en el Partido Justicialista. En la Justicia sospechan que este dirigente aprovechó su condición para eludir los controles. Hasta tratan de encontrar si no usaba una chapa o presentaba una nota membretada de la Legislatura, similar a la que Cano le firmó a su hermano. Los investigadores se agarran la cabeza al pensar que el acusado también pudo haber usado los contactos que cosechó como integrante de “Kolina” (agrupación de Alicia Kirchner) y de La Cámpora (de Máximo Kirchner).
En el sur también asomó un caso que prometió generar escándalo. “Castells” está sindicado de ser barrabrava de Deportivo Aguilares y de estar vinculado con los dirigentes oficialistas de esa ciudad. Se quedó solo cuando fue detenido, acusado de venta de drogas. En su lugar de encierro pensó que podría recibir una dura pena. Por eso habría decidido acogerse a la figura de testigo arrepentido. Quería aportar datos sobre el circuito de la droga en el sur de la provincia a cambio de no recibir una dura pena. Nunca dio ese paso. Cambió de defensor (era asistido por un abogado del Poder Judicial y ahora cuenta con la ayuda de dos reconocidos profesionales) y un forense confirmó que no podría hablar por cuestiones psicológicas.
Los tucumanos no terminan de entender que su provincia se transformó en una base del narcotráfico. Ese demonio que les roba el alma a los jóvenes hasta matarlos, que compra voluntades y que lentamente degrada a las instituciones. Por eso se alarman cada vez que las fuerzas de seguridad desarticulan una banda o secuestran 50 kilos de “merca” en Trancas transportadas en un camión cargado de tomates que tenía como destino el Mercofrut. Allí llegan entre 15 y 20 camiones por día a descargar productos y al menos el 80% provienen de las zonas rojas de Salta y de Jujuy. En ese lugar no existe un destacamento policial para realizar controles.
El kirchnerismo regó las semillas de los desaciertos que se cometieron en la política de lucha contra el narcotráfico en los últimos años. La entonces ministra Nilda Garré desplazó 1.200 gendarmes de la zona de fronteras e instaló radares para detectar los vuelos de aviones. Esos aparatos tenían un alcance de 30 kilómetros y no detectaban las avionetas.
En los 90, durante la presidencia de Carlos Menen, en nuestra provincia se creó lo que hoy es la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Debía investigar a los grupos “narcos” de la región. Llegó a contar hasta con un helicóptero que se lo llevaron; y disminuyeron el número de efectivos cuando comenzaron a desarticular bandas importantes. Los demás presidentes (Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) jamás miraron al NOA. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, denunciado por sus vínculos con el narcotráfico, intentó desarmar Drogas Peligrosas. Y no lo hizo porque el entonces senador José Cano, por recomendación del comisario Gonzalo Corvalán - jefe de la división-, le había advertido de su importancia. Se frenó la iniciativa, pero no pudo evitarse que el jefe terminara en una oficina de Minoridad y que la repartición, hasta el fin del kirchnerismo, tuviera 15 hombres y dos móviles (entre ellos un Duna modelo 92).
Mauricio Macri entendió que la frontera se había corrido de Salta y Jujuy a Trancas. Por eso crearon nuevas dependencias para la lucha contra el narcotráfico y potencializaron las que estaban en el olvido. El ministro de Gobierno Regino Amado, viejo zorro de la política, captó rápidamente el mensaje y, antes de que lo autorizara la Legislatura, firmó convenios con Gendarmería Nacional y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el fin de incrementar su presencia en la provincia. Esas soluciones son simplistas y efectistas. Se necesitan muchas más y no vienen con uniformes. Por ejemplo, fortalecer a la Justicia Federal, incorporar recursos tecnológicos (como un escáner en el Mercofrut), contar con un penal federal y multiplicar las campañas de prevención y los centros para atender a los enfermos.
En medio de este crudo panorama, los responsables de los tres poderes del Estado provincial dieron la nota. Desde el gobernador Juan Manzur, pasando por su vice, Osvaldo Jaldo, y concluyendo con el presidente de la Corte, Antonio Gandur, anunciaron que los funcionarios deben superar un análisis toxicológico para seguir ocupando un cargo. La tribuna celebró la medida. El mensaje es que están más preocupados por atacar al adicto y no a los que les venden drogas. No lo ven como a un enfermo que necesita y debe ser recuperado. Y tampoco pueden escudarse en un discurso moralista, porque si fuera así, “Cacho” Cano, que hasta ahora ahora no cometió delito, pero sí está cuestionado éticamente, debería haber abandonado su banca.
Ramón Santiago “Cacho” Cano camina por la Legislatura con el mismo semblante de una persona que acaba de pelear con el diablo. Esta especie de Judas de la política vernácula negó conocer las actividades ilícitas que supuestamente realizaban dos integrantes de la familia Trayán. Habló de una amistad de años con el padre de Julio César, su puntero de Villa Muñecas, y de su hermana Marcela, que fue arrestada en 2010 por comercializar drogas en Las Talitas. Tampoco pudo desmentir que en junio firmó una nota a Juan José, otro hijo de su amigo, para que ingresara a trabajar a la empresa 9 de Julio que realiza el servicio de recolección de residuos en la ciudad cuyo Concejo Deliberante presidió. Mucho menos explicó por qué permitió que un hombre cobrara el sueldo del municipio para que hiciera política para él. Y hasta quedó en ridículo al auspiciar una charla contra las adicciones en el club que preside su ex empleado.
El peso del escándalo cayó sobre las espaldas de Cano porque él fue el último que lo cobijó. Pero Julio César Trayán era mucho más que un hombre de “Cacho”. Ocupa un cargo en el Partido Justicialista. En la Justicia sospechan que este dirigente aprovechó su condición para eludir los controles. Hasta tratan de encontrar si no usaba una chapa o presentaba una nota membretada de la Legislatura, similar a la que Cano le firmó a su hermano. Los investigadores se agarran la cabeza al pensar que el acusado también pudo haber usado los contactos que cosechó como integrante de “Kolina” (agrupación de Alicia Kirchner) y de La Cámpora (de Máximo Kirchner).
En el sur también asomó un caso que prometió generar escándalo. “Castells” está sindicado de ser barrabrava de Deportivo Aguilares y de estar vinculado con los dirigentes oficialistas de esa ciudad. Se quedó solo cuando fue detenido, acusado de venta de drogas. En su lugar de encierro pensó que podría recibir una dura pena. Por eso habría decidido acogerse a la figura de testigo arrepentido. Quería aportar datos sobre el circuito de la droga en el sur de la provincia a cambio de no recibir una dura pena. Nunca dio ese paso. Cambió de defensor (era asistido por un abogado del Poder Judicial y ahora cuenta con la ayuda de dos reconocidos profesionales) y un forense confirmó que no podría hablar por cuestiones psicológicas.
Los tucumanos no terminan de entender que su provincia se transformó en una base del narcotráfico. Ese demonio que les roba el alma a los jóvenes hasta matarlos, que compra voluntades y que lentamente degrada a las instituciones. Por eso se alarman cada vez que las fuerzas de seguridad desarticulan una banda o secuestran 50 kilos de “merca” en Trancas transportadas en un camión cargado de tomates que tenía como destino el Mercofrut. Allí llegan entre 15 y 20 camiones por día a descargar productos y al menos el 80% provienen de las zonas rojas de Salta y de Jujuy. En ese lugar no existe un destacamento policial para realizar controles.
El kirchnerismo regó las semillas de los desaciertos que se cometieron en la política de lucha contra el narcotráfico en los últimos años. La entonces ministra Nilda Garré desplazó 1.200 gendarmes de la zona de fronteras e instaló radares para detectar los vuelos de aviones. Esos aparatos tenían un alcance de 30 kilómetros y no detectaban las avionetas.
En los 90, durante la presidencia de Carlos Menen, en nuestra provincia se creó lo que hoy es la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Debía investigar a los grupos “narcos” de la región. Llegó a contar hasta con un helicóptero que se lo llevaron; y disminuyeron el número de efectivos cuando comenzaron a desarticular bandas importantes. Los demás presidentes (Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) jamás miraron al NOA. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, denunciado por sus vínculos con el narcotráfico, intentó desarmar Drogas Peligrosas. Y no lo hizo porque el entonces senador José Cano, por recomendación del comisario Gonzalo Corvalán - jefe de la división-, le había advertido de su importancia. Se frenó la iniciativa, pero no pudo evitarse que el jefe terminara en una oficina de Minoridad y que la repartición, hasta el fin del kirchnerismo, tuviera 15 hombres y dos móviles (entre ellos un Duna modelo 92).
Mauricio Macri entendió que la frontera se había corrido de Salta y Jujuy a Trancas. Por eso crearon nuevas dependencias para la lucha contra el narcotráfico y potencializaron las que estaban en el olvido. El ministro de Gobierno Regino Amado, viejo zorro de la política, captó rápidamente el mensaje y, antes de que lo autorizara la Legislatura, firmó convenios con Gendarmería Nacional y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el fin de incrementar su presencia en la provincia. Esas soluciones son simplistas y efectistas. Se necesitan muchas más y no vienen con uniformes. Por ejemplo, fortalecer a la Justicia Federal, incorporar recursos tecnológicos (como un escáner en el Mercofrut), contar con un penal federal y multiplicar las campañas de prevención y los centros para atender a los enfermos.
En medio de este crudo panorama, los responsables de los tres poderes del Estado provincial dieron la nota. Desde el gobernador Juan Manzur, pasando por su vice, Osvaldo Jaldo, y concluyendo con el presidente de la Corte, Antonio Gandur, anunciaron que los funcionarios deben superar un análisis toxicológico para seguir ocupando un cargo. La tribuna celebró la medida. El mensaje es que están más preocupados por atacar al adicto y no a los que les venden drogas. No lo ven como a un enfermo que necesita y debe ser recuperado. Y tampoco pueden escudarse en un discurso moralista, porque si fuera así, “Cacho” Cano, que hasta ahora ahora no cometió delito, pero sí está cuestionado éticamente, debería haber abandonado su banca.
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