22 Septiembre 2016
ACUSADO. Pericás fue detenido en Buenos Aires y llevado a Santiago el 15. elliberal.com
SANTIAGO DEL ESTERO.- El superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ) ordenó ayer auditar los tres juzgados del fuero penal involucrados en una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno de Tucumán, según informaron fuentes judiciales.
Las oficinas que serán revisadas serán las que dirigían los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno. Están acusados junto al empresario periodístico Luis Manuel Pericás (dueño de LV7) de cometer una estafa por más de $ 10 millones mediante medidas cautelares.
La auditoria estará a cargo de los camaristas María Angélica Peralta de Aguirre, Élida Suárez de Bravo y José Luis Guzmán, quienes fueron designados por el STJ. Analizarán los fallos emitidos por los ex jueces cuestionados, que ocupaban los Juzgados del Crimen de la Iª, IIª y IVª Nominación.
La Cámara Oral designada para la tarea deberá establecer si durante la gestión de los ex magistrados detenidos por la maniobra se cometieron otras irregularidades e ilícitos para ser corregidos.
El escándalo judicial que derivó en las renuncias y posteriores detenciones de los ex jueces santiagueños se descubrió cuando la Fiscalía de Estado del Gobierno de Tucumán, encabezada por Daniel Leiva, denunció la millonaria defraudación por las irregularidades judiciales cometidas en el expediente caratulado “Luis Pericás, en contra de Marcelo Ditinis y Gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer”. Ditinis, hoy legislador, se desempeñó antes como secretario de Estado de Prensa y Difusión.
En el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por el empresario Pericás y ordenaron embargos por $ 10 millones, de los cuales se llegaron a cobrar más de $ 7 millones de los fondos de coparticipación federal.
“Es una situación muy compleja, no tengo registros de haber presenciado algo así, nunca tuvimos acceso a la causa (de Pericás); advertimos denegación de justicia y encubrimiento, no había proceso o elemento que habilite a los juzgados a dictar estas medidas cautelares”, había explicado Leiva.
En referencia a la restitución de los fondos cobrados indebidamente, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito “para la inmediata remisión de los casi $ 3 millones que quedaron en los bancos, y los más de $ 7 millones cobrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan”.
Los ex magistrados se encuentran imputados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”. Tarchini Saavedra y Moreno permanecen detenidos en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones” y Martínez Llanos en una clínica de Santiago del Estero. (Télam)
Las oficinas que serán revisadas serán las que dirigían los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno. Están acusados junto al empresario periodístico Luis Manuel Pericás (dueño de LV7) de cometer una estafa por más de $ 10 millones mediante medidas cautelares.
La auditoria estará a cargo de los camaristas María Angélica Peralta de Aguirre, Élida Suárez de Bravo y José Luis Guzmán, quienes fueron designados por el STJ. Analizarán los fallos emitidos por los ex jueces cuestionados, que ocupaban los Juzgados del Crimen de la Iª, IIª y IVª Nominación.
La Cámara Oral designada para la tarea deberá establecer si durante la gestión de los ex magistrados detenidos por la maniobra se cometieron otras irregularidades e ilícitos para ser corregidos.
El escándalo judicial que derivó en las renuncias y posteriores detenciones de los ex jueces santiagueños se descubrió cuando la Fiscalía de Estado del Gobierno de Tucumán, encabezada por Daniel Leiva, denunció la millonaria defraudación por las irregularidades judiciales cometidas en el expediente caratulado “Luis Pericás, en contra de Marcelo Ditinis y Gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer”. Ditinis, hoy legislador, se desempeñó antes como secretario de Estado de Prensa y Difusión.
En el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por el empresario Pericás y ordenaron embargos por $ 10 millones, de los cuales se llegaron a cobrar más de $ 7 millones de los fondos de coparticipación federal.
“Es una situación muy compleja, no tengo registros de haber presenciado algo así, nunca tuvimos acceso a la causa (de Pericás); advertimos denegación de justicia y encubrimiento, no había proceso o elemento que habilite a los juzgados a dictar estas medidas cautelares”, había explicado Leiva.
En referencia a la restitución de los fondos cobrados indebidamente, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito “para la inmediata remisión de los casi $ 3 millones que quedaron en los bancos, y los más de $ 7 millones cobrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan”.
Los ex magistrados se encuentran imputados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”. Tarchini Saavedra y Moreno permanecen detenidos en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones” y Martínez Llanos en una clínica de Santiago del Estero. (Télam)
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