21 Septiembre 2016
IMPUTADOS. Los jueces Ramón Tarchini Saavedra, María Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno, y el empresario Luis Pericás. FOTO TOMADA DE NUEVODIARIOWEB.COM.AR
El superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ) ordenó hoy auditar los tres juzgados del fuero penal que se vieron involucrados en una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán, informaron fuentes judiciales.
Se trata de los que dirigían los ex jueces santiagueños Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Angel Moreno, acusados junto al empresario periodístico, Luis Manuel Pericás de cometer una estafa por más de 10 millones de pesos a través de medidas cautelares.
La auditoria estará a cargo de los camaristas María Angélica Peralta de Aguirre, Élida Suárez de Bravo y José Luis Guzmán, quienes fueron designados por el STJ y analizarán los fallos emitidos por los ex jueces cuestionados a cargo de los Juzgados del Crimen de I, II y IV Nominación.
Las mismas fuentes informaron a Télam que la Cámara Oral designada deberá establecer si durante la gestión de los ex jueces detenidos por la millonaria defraudación a la provincia de Tucumán, se cometieron otras irregularidades e ilícitos para ser corregidas en tiempo y forma.
El escándalo judicial, que derivó en las renuncias y posteriores detenciones de los ex jueces santiagueños, se descubrió cuando la Fiscalía de Tucumán denunció la millonaria defraudación por las irregularidades judiciales cometidas en el expediente caratulado "Luis Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer".
En el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados, hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por el empresario Pericás y ordenaron embargos por 10 millones de pesos, de los cuales se llegaron a cobrar más de 7 de los fondos de coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
En referencia a la restitución de los fondos cobrados indebidamente, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito "para la inmediata remisión de los casi 3 millones de pesos que quedaron en los bancos, y los más de 7 millones cobrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan".
Los ex magistrados se encuentran imputados de los delitos de "prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada",
En tanto, los ex funcionarios judiciales Tarchini Saavedra y Moreno permanecen detenidos en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones" y Martínez Llanos en una clínica privada de la ciudad de Santiago del Estero. (Télam)
El superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ) ordenó hoy auditar los tres juzgados del fuero penal que se vieron involucrados en una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno de Tucumán, informaron fuentes judiciales.Se trata de los que dirigían los ex jueces santiagueños Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Angel Moreno, acusados junto al empresario periodístico Luis Manuel Pericás de cometer una estafa por más de $ 10 millones a través de medidas cautelares.
La auditoria estará a cargo de los camaristas María Angélica Peralta de Aguirre, Élida Suárez de Bravo y José Luis Guzmán, quienes fueron designados por el STJ y analizarán los fallos emitidos por los ex jueces cuestionados a cargo de los Juzgados del Crimen de I, II y IV Nominación.
Las mismas fuentes informaron a Télam que la Cámara Oral designada deberá establecer si durante la gestión de los ex jueces detenidos por la millonaria defraudación a la provincia de Tucumán se cometieron otras irregularidades e ilícitos para ser corregidas en tiempo y forma.
El escándalo judicial, que derivó en las renuncias y posteriores detenciones de los ex jueces santiagueños, se descubrió cuando la Fiscalía de Tucumán denunció la millonaria defraudación por las irregularidades judiciales cometidas en el expediente caratulado "Luis Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer".
En el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados, hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por el empresario Pericás y ordenaron embargos por 10 millones de pesos, de los cuales se llegaron a cobrar más de 7 de los fondos de coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
En referencia a la restitución de los fondos cobrados indebidamente, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito "para la inmediata remisión de los casi 3 millones de pesos que quedaron en los bancos, y los más de 7 millones cobrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan".
Los ex magistrados se encuentran imputados de los delitos de "prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada",
En tanto, los ex funcionarios judiciales Tarchini Saavedra y Moreno permanecen detenidos en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones" y Martínez Llanos en una clínica privada de la ciudad de Santiago del Estero. (Télam)
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
