17 Septiembre 2016
La presentación espontánea del ex legislador oficialista Iván Llorens Dip (2011-2015), quien solicitó medidas en la causa federal por presunta evasión mediante el uso de la partida millonaria “ayudas sociales a personas” de la Legislatura, derivó en una serie de trámites procesales con final abierto en esa pesquisa.
Debido a los planteos del letrado Pedro Nicolás Brito, defensor del ex parlamentario alperovichista, el juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, le había solicitado días atrás la remisión del expediente sobre el caso al fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alberto Brito, a quien le había delegado la investigación en febrero pasado, con el objetivo de que el representante legal de Llorens Dip pudiera compulsar la pesquisa, trámite previsto por la normativa penal. Complementando su petición, el abogado del ex legislador cuestionó una serie de medidas impulsadas por el representante del Ministerio Público Fiscal; entre ellas, la supuesta inconstitucionalidad del oficio que le había girado el 1 de septiembre al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para solicitarle toda la documentación respaldatoria por las ayudas sociales a personas repartidas por la Cámara entre junio, julio y agosto de 2015 (es decir, en la última parte de la gestión del hoy gobernador, Juan Manzur, al frente de la administración del cuerpo colegiado). Según registros bancarios a los que accedió LA GACETA, se trata de más de $ 200 millones que fueron ejecutados en esos meses previos a las elecciones provinciales y a las PASO nacionales bajo la figura de subsidios para personas necesitadas.
En principio, Jaldo tenía hasta el jueves pasado para enviar esos comprobantes, que -según los informes oficiales- pasaron por la supervisión de los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas. Pero, tras un pedido de prórroga del vicegobernador y titular de la Cámara, el fiscal federal le dio un plazo de 10 días más para responder el oficio con su pedido. La defensa de Llorens Dip, sin embargo, expresó su formal rechazo hacia la concreción de la medida.
Ayer, el representante del Ministerio Público cumplimentó el requerimiento del juez federal y le envió la causa. Así, Bejas deberá definir ahora las cuestiones planteadas por Pedro Nicolás Brito. Por un lado, el representante legal de Llorens Dip atacó la legalidad del texto enviado por el fiscal federal a Jaldo. “(El oficio) recala de manera jurídicamente reprochable en la inconstitucional figura de pretender la autoincriminación, pues no se puede peticionar vía informe coercitivo, con amenaza de auxilio de la fuerza pública, a las mismas personas que luego desea imputar con tales pruebas que anhela obtener Inconstitucionalmente”, consideró la defensa de Llorens Dip. Y advirtió que en la Justicia provincial, en sede penal, se tramita una pesquisa que analiza idénticos hechos, lo que vulneraría el principio ne bis in idem. “Todo lo relacionado a las ayudas sociales (...) es incompetencia de la Justicia Federal”, planteó, aduciendo el principio. En el petitorio, entre otros puntos, le indicó al juez federal que correspondía “la suspensión de los oficios de referencias hasta tanto recaiga sentencia sobre su constitucionalidad”.
Llorens Dip es el primer ex legislador que se presenta en esta causa, iniciada tras una denuncia del abogado Oscar López. Su hipótesis es que, usando el régimen de subsidios, la Legislatura efectuó sobresueldos o pagos “en negro” a miembros del cuerpo colegiado y funcionarios de la anterior gestión. El peronista disidente marcó que la dieta es la única remuneración legal por la labor legislativa (ronda los $ 32.000 por mes). Sin embargo, el año pasado fueron ejecutados $ 615,6 millones en supuestos subsidios por la Cámara. El fiscal federal había requerido, con el oficio, la documentación respaldatoria por los tres meses previos a las elecciones.
El legislador macrista Luis Brodersen, quien había denunciado por su cuenta a Llorens Dip en el fuero federal, consideró que la aparición del ex parlamentario en la causa “constituye sólo una excusa para entorpecer la investigación”. “Creo que se trata de una maniobra que pretende evitar que se indague sobre los cientos de millones ejecutados como gastos sociales el año pasado”, indicó. Recordó que Pedro Nicolás Brito también fue abogado de Manzur, y que ahora representa a Llorens Dip en las dos causas penales federales. “Pienso que la inesperada aparición de este ex legislador, que hasta ahora no tenía arte ni parte en el proceso, podría ser a cambio de una promesa de interceder en el caso (en el que lo denuncié) por evasión y lavado de dinero”, manifestó Brodersen.
Debido a los planteos del letrado Pedro Nicolás Brito, defensor del ex parlamentario alperovichista, el juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, le había solicitado días atrás la remisión del expediente sobre el caso al fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alberto Brito, a quien le había delegado la investigación en febrero pasado, con el objetivo de que el representante legal de Llorens Dip pudiera compulsar la pesquisa, trámite previsto por la normativa penal. Complementando su petición, el abogado del ex legislador cuestionó una serie de medidas impulsadas por el representante del Ministerio Público Fiscal; entre ellas, la supuesta inconstitucionalidad del oficio que le había girado el 1 de septiembre al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para solicitarle toda la documentación respaldatoria por las ayudas sociales a personas repartidas por la Cámara entre junio, julio y agosto de 2015 (es decir, en la última parte de la gestión del hoy gobernador, Juan Manzur, al frente de la administración del cuerpo colegiado). Según registros bancarios a los que accedió LA GACETA, se trata de más de $ 200 millones que fueron ejecutados en esos meses previos a las elecciones provinciales y a las PASO nacionales bajo la figura de subsidios para personas necesitadas.
En principio, Jaldo tenía hasta el jueves pasado para enviar esos comprobantes, que -según los informes oficiales- pasaron por la supervisión de los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas. Pero, tras un pedido de prórroga del vicegobernador y titular de la Cámara, el fiscal federal le dio un plazo de 10 días más para responder el oficio con su pedido. La defensa de Llorens Dip, sin embargo, expresó su formal rechazo hacia la concreción de la medida.
Ayer, el representante del Ministerio Público cumplimentó el requerimiento del juez federal y le envió la causa. Así, Bejas deberá definir ahora las cuestiones planteadas por Pedro Nicolás Brito. Por un lado, el representante legal de Llorens Dip atacó la legalidad del texto enviado por el fiscal federal a Jaldo. “(El oficio) recala de manera jurídicamente reprochable en la inconstitucional figura de pretender la autoincriminación, pues no se puede peticionar vía informe coercitivo, con amenaza de auxilio de la fuerza pública, a las mismas personas que luego desea imputar con tales pruebas que anhela obtener Inconstitucionalmente”, consideró la defensa de Llorens Dip. Y advirtió que en la Justicia provincial, en sede penal, se tramita una pesquisa que analiza idénticos hechos, lo que vulneraría el principio ne bis in idem. “Todo lo relacionado a las ayudas sociales (...) es incompetencia de la Justicia Federal”, planteó, aduciendo el principio. En el petitorio, entre otros puntos, le indicó al juez federal que correspondía “la suspensión de los oficios de referencias hasta tanto recaiga sentencia sobre su constitucionalidad”.
Llorens Dip es el primer ex legislador que se presenta en esta causa, iniciada tras una denuncia del abogado Oscar López. Su hipótesis es que, usando el régimen de subsidios, la Legislatura efectuó sobresueldos o pagos “en negro” a miembros del cuerpo colegiado y funcionarios de la anterior gestión. El peronista disidente marcó que la dieta es la única remuneración legal por la labor legislativa (ronda los $ 32.000 por mes). Sin embargo, el año pasado fueron ejecutados $ 615,6 millones en supuestos subsidios por la Cámara. El fiscal federal había requerido, con el oficio, la documentación respaldatoria por los tres meses previos a las elecciones.
El legislador macrista Luis Brodersen, quien había denunciado por su cuenta a Llorens Dip en el fuero federal, consideró que la aparición del ex parlamentario en la causa “constituye sólo una excusa para entorpecer la investigación”. “Creo que se trata de una maniobra que pretende evitar que se indague sobre los cientos de millones ejecutados como gastos sociales el año pasado”, indicó. Recordó que Pedro Nicolás Brito también fue abogado de Manzur, y que ahora representa a Llorens Dip en las dos causas penales federales. “Pienso que la inesperada aparición de este ex legislador, que hasta ahora no tenía arte ni parte en el proceso, podría ser a cambio de una promesa de interceder en el caso (en el que lo denuncié) por evasión y lavado de dinero”, manifestó Brodersen.
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