Por Roberto Delgado
17 Septiembre 2016
Todo indicaba que el gobernador iba a firmar el decreto declarando la emergencia en narcotráfico. Lo hizo en el marco de crisis de seguridad y de trata de personas y a tono con la Nación, que hace hace nueve meses había declarado la crisis de seguridad pública y hace 15 días había lanzado el plan “Argentina sin drogas”. Anteayer, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, en Córdoba, los ministros y funcionarios del área de las provincias y del gobierno central acordaron hacer equipos de trabajo conjuntos. Hace cuatro días la Nación firmó con Santa Fe un convenio por el que le enviará a esa provincia (la más violenta del país) 1.000 gendarmes. Todo indica que en breve se hará un acuerdo similar con Córdoba. Tucumán ya tiene un refuerzo de hombres de la Policía federal en la Agencia Contra las Drogas, creada hace dos meses, y se espera que en un tiempo más -fecha a determinar- se instalen cientos de gendarmes para hacer controles de vehículos en el sur de la provincia. La lucha contra las drogas se está llenando de agentes nacionales por todos lados.
Cosas locas por doquier
¿Es esto un efecto de una gigantesca campaña nacional para enfocar todos los esfuerzos policiales en este asunto? ¿O es que este año ha comenzado a explotar una realidad que era invisible por las nulas o ineficientes políticas de la administración kirchnerista? Es difícil contestar estas preguntas, porque se carece de datos sólidos como para hacer una evaluación de lo que está pasando. Es cierto que hay operativos por doquier y a diario y Tucumán parece realmente estar en el centro de un trasiego de estupefacientes alucinante, que saltó a luz pública en mayo pasado, cuando el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, descubrió (en operativo con policías de esa provincia) una célula traficante con 28 kilos de cocaína en una casa de El Cadillal. Ahí se dio la sentencia de que Tucumán es un centro de distribución para el NOA. “Los distribuidores están acá. Es como una zona de almacenaje desde donde se distribuye la droga. Sobre todo cocaína y, aunque parezaca loco, marihuana”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán, que desde hace cuatro años afirma que falta una política antidrogas y que “no es que el narcotráfico ha ganado terreno, sino que el Estado lo ha cedido”.
Tras la calificación de centro de distribución, pasan cosas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubre seis kilos de cocaína en la terminal de ómnibus; la Gendarmería secuestra en Chaco 100 kilos de marihuana que eran transportados a Tucumán -hace un mes incautó otros 100 kilos de “hierba” en Jujuy, con similar destino; y atrapa a “camellos bolivianos” con siete kilos de cocaína en Trancas. Al mismo tiempo, empiezan a tener visibilidad narcotraficantes supuestamente grandes como “Pico” Peralta -cuyo abogado dice que nada tiene que ver con las drogas- o “Castells”. Y la policía provincial no se queda atrás. El mismo jefe de la Regional Capital, Martín Galván, dice que en 15 días se han secuestrado más de 1.000 “ravioles” de cocaína, cantidad que muestra el frenesí con que cada agente está buscando “blanca”, “hierba” o “paco” por todo el territorio provincial. Ayer se ha detenido a un abogado tucumano al que se vincula con el cártel de Juárez, el grupo mafioso de la mísma ciudad que asusta en la película “Sicario” o en la serie “El puente”.
Hasta las raíces
De todo este frenesí - comunicado casi en vivo por las distintas fuerzas policiales- y reflejado por los medios- se ha ido creando la idea de que se trata del principal problema de la seguridad en el país. Lo ha dicho el presidente Mauricio Macri el 29 de agosto, cuando presentó el programa “Argentina sin drogas”: renegó de que el gobierno anterior haya negado el problema; añadió que el avance del narcotráfico nos ha degradado y que la droga “genera un aumento exponencial del nivel de violencia en la sociedad”. También, que abarca todas las ciudades, que afecta nuestras raíces y que no nos va a permitir desarrollarnos.
Pero el mandatario no aportó estadísticas. No podía: los nueve años de ausencia de cifras del kirchnerismo han dejado en sombras los estudios y el primer intento de publicar datos sobre criminalidad en el país ha mostrado una pavorosa desinformación, reconocida en la misma publicación oficial. Estas presunciones impactantes de Macri tienen su correlato con el pensamiento de su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, que sostiene que el narcotráfico se ha ido instalando desde hace 30 años sin que el Estado lo haya visto. La permanente mención a drogas y decomisos hace que no se dude de las aseveraciones de Burzaco, pese a que acaba de ser desautorizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras afirmar que se han detectado argentinos en la milicia terrorista Estado Islámico (ISIS). Luego se retractó. ¿De dónde habrá sacado esos datos? ¿Se trata de énfasis, de desinformación o de una visión tremendista de la realidad? Varios funcionarios macristas están teniendo algunos problemas con sus dichos. Los tuvo el secretario de seguridad interior, Gerardo Milman (al usar el rincón del vago para explicar las maras); los tiene el ministro de Educación Esteban Bullrich al decir en Río Negro que se está haciendo “una nueva Campalña del Desierto, pero sin espadas, con educación”; y el mismo Presidente acaba de describir como “un ciudadano sano” al carnicero que aplastó con su auto a un ladrón.
Poca suerte
Como sea, la Nación está explicando al narcotráfico como el origen del mal en la sociedad y todo el aparato policial se está alinenando hacia ese objetivo. La Justicia, que arrastra una crisis de funcionamiento espantosa tanto a nivel nacional como provincial, no sabe para dónde actuar. El juez federal II, Fernando Poviña, acaba de sugerir la conveniencia de que se dicte esta emergencia por el narcotráfico, pero esto llega después de fuertes desinteligencias con la policía que reclama que las fuerzas de seguridad hacen cosas y que la Justicia es demasiado lenta. El ministro de Gobierno Regino Amado -que expresa el pensamiento policial- reclamó que hay 100 lugares de venta de drogas y el fiscal federal Pablo Camuña le pidió el listado. Lo está analizando ahora. Los agentes detienen gente a mansalva y en la Justicia dicen que no hay lugar para alojar a los detenidos. La Policía cree saber dónde están los narcotraficantes; dice que conoce al dedillo a los que hacen narcomenudeo y en la Justicia federal replican que se está haciendo seguimiento de unos 120 “peces” supuestamente gordos pero que es muy difícil atraparlos con droga. Se les hace escuchas telefónicas y registro de sus adquisiciones de bienes, pero con drogas -dice una fuente- “hasta ahora no hemos tenido suerte”.
¿Qué destino tendrán, entonces, las constantes detenciones que hacen las policías? ¿Engrosarán las listas de “perejiles” que serán liberados antes o después? ¿Por qué “Castells” entró y salió varias veces de la cárcel? ¿Negligencia judicial o policial? Un reciente informe nacional dice que en los últimos 10 años se duplicaron las detenciones pero que sólo el 3% son “narcos”. El resto son consumidores o trafiadictos. Palabras similares, aunque criticando a la justicia federal, ha tenido el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, al hablar de la poca cantidad de gente llevada a juicio: entre el 5 y el 10% de los casos. ¿De quién es la culpa? ¿De la justicia? ¿De la Policía? La emergencia, que en teoría ayudará a duplicar la cantidad de fiscalías y juzgados, ¿permitirá superar esto?
Hipótesis sin sustento
El empuje de la Nación no nos permite pensar en lo que está pasando. Hace una semana los funcionarios de seguridad tucumanos plantearon en la Legislatura que el programa integral de seguridad que se está aplicando funciona aunque requerirá unos 15 años para pacificar esta sociedad que se ha vuelto más violenta. Pero no explicaron nada sobre el funcionamiento de la policía ni los casos escandalosos de los oficiales a los que les dio positivo el consumo de cocaína -denuncia de la fiscala Adriana Giannoni- ni de las sospechas de corrupción que ha generado la fuga de “Pico” Peralta. Tampoco han hablado sobre el origen de la violencia. ¿Dirán que es la droga? En Rosario, donde hay un promedio de 250 homicidios por año, se ha explicado la acción de mafias dedicadas al narcotráfico en función de que se trata de una ciudad portuaria, destino claro de los traficantes.
Los homicidios en Tucumán (unos 110 por año) se vinculan con otros problemas sociales. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto arreciaron los operativos antidrogas. Pero de los 20 asesinatos ocurridos en esos dos meses, en sólo tres casos (Luis Navarro, el 29 de julio, y José María Papa, el 30 de julio, ambos en “La Bombilla”, y Fabián Pérez, el 10 de agosto, en barrio Tiro Federal), hay sospechas de problemas de drogas, pero no datos concretos. Los demás son casos de peleas familiares o vecinales, o de relaciones conflictivas y un femicidio (Melina Britos, el 10 de agosto, en Medinas) y dos de ladrones baleados o acuchillados (Daniel Rojas, el 6 de julio, en barrio El Salvador, y Pablo Cisneros, el 24 de agosto, en Villa 9 de Julio). El nivel de violencia en una sociedad se mide con los homcidios. La droga no explica estos casos, aunque siempre se la busque como primera hipótesis.
Hay una evidente desinteligencia entre la realidad que muestra esta sociedad violenta y la realidad que se está delineando con las acciones policiales. La emergencia dictada, verdaderamente, refleja esa situación; sin embargo, es difícil que en estas condiciones ayude a resolverla.
Cosas locas por doquier
¿Es esto un efecto de una gigantesca campaña nacional para enfocar todos los esfuerzos policiales en este asunto? ¿O es que este año ha comenzado a explotar una realidad que era invisible por las nulas o ineficientes políticas de la administración kirchnerista? Es difícil contestar estas preguntas, porque se carece de datos sólidos como para hacer una evaluación de lo que está pasando. Es cierto que hay operativos por doquier y a diario y Tucumán parece realmente estar en el centro de un trasiego de estupefacientes alucinante, que saltó a luz pública en mayo pasado, cuando el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, descubrió (en operativo con policías de esa provincia) una célula traficante con 28 kilos de cocaína en una casa de El Cadillal. Ahí se dio la sentencia de que Tucumán es un centro de distribución para el NOA. “Los distribuidores están acá. Es como una zona de almacenaje desde donde se distribuye la droga. Sobre todo cocaína y, aunque parezaca loco, marihuana”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán, que desde hace cuatro años afirma que falta una política antidrogas y que “no es que el narcotráfico ha ganado terreno, sino que el Estado lo ha cedido”.
Tras la calificación de centro de distribución, pasan cosas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubre seis kilos de cocaína en la terminal de ómnibus; la Gendarmería secuestra en Chaco 100 kilos de marihuana que eran transportados a Tucumán -hace un mes incautó otros 100 kilos de “hierba” en Jujuy, con similar destino; y atrapa a “camellos bolivianos” con siete kilos de cocaína en Trancas. Al mismo tiempo, empiezan a tener visibilidad narcotraficantes supuestamente grandes como “Pico” Peralta -cuyo abogado dice que nada tiene que ver con las drogas- o “Castells”. Y la policía provincial no se queda atrás. El mismo jefe de la Regional Capital, Martín Galván, dice que en 15 días se han secuestrado más de 1.000 “ravioles” de cocaína, cantidad que muestra el frenesí con que cada agente está buscando “blanca”, “hierba” o “paco” por todo el territorio provincial. Ayer se ha detenido a un abogado tucumano al que se vincula con el cártel de Juárez, el grupo mafioso de la mísma ciudad que asusta en la película “Sicario” o en la serie “El puente”.
Hasta las raíces
De todo este frenesí - comunicado casi en vivo por las distintas fuerzas policiales- y reflejado por los medios- se ha ido creando la idea de que se trata del principal problema de la seguridad en el país. Lo ha dicho el presidente Mauricio Macri el 29 de agosto, cuando presentó el programa “Argentina sin drogas”: renegó de que el gobierno anterior haya negado el problema; añadió que el avance del narcotráfico nos ha degradado y que la droga “genera un aumento exponencial del nivel de violencia en la sociedad”. También, que abarca todas las ciudades, que afecta nuestras raíces y que no nos va a permitir desarrollarnos.
Pero el mandatario no aportó estadísticas. No podía: los nueve años de ausencia de cifras del kirchnerismo han dejado en sombras los estudios y el primer intento de publicar datos sobre criminalidad en el país ha mostrado una pavorosa desinformación, reconocida en la misma publicación oficial. Estas presunciones impactantes de Macri tienen su correlato con el pensamiento de su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, que sostiene que el narcotráfico se ha ido instalando desde hace 30 años sin que el Estado lo haya visto. La permanente mención a drogas y decomisos hace que no se dude de las aseveraciones de Burzaco, pese a que acaba de ser desautorizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras afirmar que se han detectado argentinos en la milicia terrorista Estado Islámico (ISIS). Luego se retractó. ¿De dónde habrá sacado esos datos? ¿Se trata de énfasis, de desinformación o de una visión tremendista de la realidad? Varios funcionarios macristas están teniendo algunos problemas con sus dichos. Los tuvo el secretario de seguridad interior, Gerardo Milman (al usar el rincón del vago para explicar las maras); los tiene el ministro de Educación Esteban Bullrich al decir en Río Negro que se está haciendo “una nueva Campalña del Desierto, pero sin espadas, con educación”; y el mismo Presidente acaba de describir como “un ciudadano sano” al carnicero que aplastó con su auto a un ladrón.
Poca suerte
Como sea, la Nación está explicando al narcotráfico como el origen del mal en la sociedad y todo el aparato policial se está alinenando hacia ese objetivo. La Justicia, que arrastra una crisis de funcionamiento espantosa tanto a nivel nacional como provincial, no sabe para dónde actuar. El juez federal II, Fernando Poviña, acaba de sugerir la conveniencia de que se dicte esta emergencia por el narcotráfico, pero esto llega después de fuertes desinteligencias con la policía que reclama que las fuerzas de seguridad hacen cosas y que la Justicia es demasiado lenta. El ministro de Gobierno Regino Amado -que expresa el pensamiento policial- reclamó que hay 100 lugares de venta de drogas y el fiscal federal Pablo Camuña le pidió el listado. Lo está analizando ahora. Los agentes detienen gente a mansalva y en la Justicia dicen que no hay lugar para alojar a los detenidos. La Policía cree saber dónde están los narcotraficantes; dice que conoce al dedillo a los que hacen narcomenudeo y en la Justicia federal replican que se está haciendo seguimiento de unos 120 “peces” supuestamente gordos pero que es muy difícil atraparlos con droga. Se les hace escuchas telefónicas y registro de sus adquisiciones de bienes, pero con drogas -dice una fuente- “hasta ahora no hemos tenido suerte”.
¿Qué destino tendrán, entonces, las constantes detenciones que hacen las policías? ¿Engrosarán las listas de “perejiles” que serán liberados antes o después? ¿Por qué “Castells” entró y salió varias veces de la cárcel? ¿Negligencia judicial o policial? Un reciente informe nacional dice que en los últimos 10 años se duplicaron las detenciones pero que sólo el 3% son “narcos”. El resto son consumidores o trafiadictos. Palabras similares, aunque criticando a la justicia federal, ha tenido el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, al hablar de la poca cantidad de gente llevada a juicio: entre el 5 y el 10% de los casos. ¿De quién es la culpa? ¿De la justicia? ¿De la Policía? La emergencia, que en teoría ayudará a duplicar la cantidad de fiscalías y juzgados, ¿permitirá superar esto?
Hipótesis sin sustento
El empuje de la Nación no nos permite pensar en lo que está pasando. Hace una semana los funcionarios de seguridad tucumanos plantearon en la Legislatura que el programa integral de seguridad que se está aplicando funciona aunque requerirá unos 15 años para pacificar esta sociedad que se ha vuelto más violenta. Pero no explicaron nada sobre el funcionamiento de la policía ni los casos escandalosos de los oficiales a los que les dio positivo el consumo de cocaína -denuncia de la fiscala Adriana Giannoni- ni de las sospechas de corrupción que ha generado la fuga de “Pico” Peralta. Tampoco han hablado sobre el origen de la violencia. ¿Dirán que es la droga? En Rosario, donde hay un promedio de 250 homicidios por año, se ha explicado la acción de mafias dedicadas al narcotráfico en función de que se trata de una ciudad portuaria, destino claro de los traficantes.
Los homicidios en Tucumán (unos 110 por año) se vinculan con otros problemas sociales. Entre el 1 de julio y el 31 de agosto arreciaron los operativos antidrogas. Pero de los 20 asesinatos ocurridos en esos dos meses, en sólo tres casos (Luis Navarro, el 29 de julio, y José María Papa, el 30 de julio, ambos en “La Bombilla”, y Fabián Pérez, el 10 de agosto, en barrio Tiro Federal), hay sospechas de problemas de drogas, pero no datos concretos. Los demás son casos de peleas familiares o vecinales, o de relaciones conflictivas y un femicidio (Melina Britos, el 10 de agosto, en Medinas) y dos de ladrones baleados o acuchillados (Daniel Rojas, el 6 de julio, en barrio El Salvador, y Pablo Cisneros, el 24 de agosto, en Villa 9 de Julio). El nivel de violencia en una sociedad se mide con los homcidios. La droga no explica estos casos, aunque siempre se la busque como primera hipótesis.
Hay una evidente desinteligencia entre la realidad que muestra esta sociedad violenta y la realidad que se está delineando con las acciones policiales. La emergencia dictada, verdaderamente, refleja esa situación; sin embargo, es difícil que en estas condiciones ayude a resolverla.
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