![EL TRIBUNAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. FOTO TOMADA DE CLARIN.COM](https://img.lagaceta.com.ar/fotos/notas/2016/09/15/970x546_699255_20160915224317.webp)
SANTIAGO DEL ESTERO.- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Tucumán resolvió hoy suspender el juicio oral de la denominada "Megacausa" en la que se juzga a dos ex jueces federales y 12 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura militar.
Voceros judiciales informaron esta noche a Télam que el máximo tribunal hizo lugar al recurso de casación con efecto suspensivo, tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que a principio de esta semana había resuelto proseguir con las audiencias de la "Megacausa 3" por interpretar que "hasta tanto no seamos apartados, debemos seguir con el desarrollo del juicio".
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El TOF que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 víctimas y por los que hay 14 imputados, se encuentra integrado por los jueces federales Ramos Padilla (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y la tucumana Alicia Noli.
Los planteos que derivaron en la suspensión del juicio oral, surgieron cuando los abogados defensores de los imputados pusieron en duda la imparcialidad de Noli debido a que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.
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Los letrados interpretaron que la decisión de la Sala IV de Casación de hacer lugar a las quejas de las defensas "deberían provocar automáticamente la suspensión de las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia".
En la última audiencia, realizada el martes pasado, el TOF había decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 19, para realizar inspecciones oculares en el ex edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", utilizado como centro clandestino de detención, en la que ex presos políticos denunciaron apremios ilegales y simulacros de fusilamiento.