15 Septiembre 2016
Finaliza una fase de 10 años para el caso “Lebbos”
La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de someter a juicio a los imputados, entre ellos cinco ex funcionarios alperovichistas. Los vocales Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone reiteraron que las pruebas justifican la celebración del juicio.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción puso fin a un itinerario judicial árido de una década de duración. A menos que prospere un eventual recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Cámara Penal enjuiciará a los presuntos autores de los delitos cometidos contra Paulina Lebbos. El camino quedó despejado en virtud de la sentencia que confirmó la elevación a juicio de un proceso que estuvo varias veces a punto de zozobrar. Lebbos tenía 22 años cuando fue asesinada; era madre de una niña de cinco y estudiaba la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Los vocales Enrique Pedicone (preopinante), Eudoro Albo y Liliana Vitar rechazaron los planteos que los acusados habían formulado para evitar el debate oral. Además, manifestaron que estos habían podido gozar de las garantías constitucionales y ejercer con plenitud el derecho de defensa.
Entre los imputados hay cinco ex funcionarios de la gestión de José Alperovich: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único acusado en prisión preventiva desde hace más de dos años y medio. Barrera, Brito, Di Lella y Sánchez serán juzgados como presuntos coautores de los delitos de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia; abuso de autoridad, y coacción o amenaza condicionada respecto de Sergio y Marcelo Goitea (los hermanos que hallaron los restos de Lebbos en Tapia). Al policía retirado Rodríguez la Justicia le imputó la supuesta comisión de los delitos de encubrimiento; de falsificación ideológica de un instrumento público y de falso testimonio. A Gómez, quien “cayó” por usar el chip del celular de Lebbos, se le atribuyen la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la víctima.
Los imputados fueron investigados a partir de 2013, cuando el fiscal Diego López Ávila (N°4) quedó a cargo de la instrucción del expediente. Otros dos fiscales pasaron por este caso con numerosas ramificaciones institucionales: Alejandro Noguera y Carlos Albaca. El primero fue desplazado a los pocos días de la identificación del cuerpo de Lebbos, luego de ser fotografiado mientras salía de la casa del ex gobernador Alperovich. Albaca perdió el control del proceso como consecuencia de un informe crítico del abogado Bernardo Lobo Bugeau, quien compulsó el expediente por orden de la Nación. Por su actuación en este caso, Albaca afronta un requerimiento de elevación a juicio pendiente de confirmación.
Una antorcha
López Ávila requirió la elevación a juicio tras descartar la hipótesis denominada “hijos del poder”. A posteriori y en virtud de un dictamen inapelable del fiscal subrogante Carlos Sale, quedaron desvinculados del proceso Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, hijos respectivos del ex mandatario y de su ex secretario privado, Juan Alberto Kaleñuk, -el sobreseimiento alcanza sólo el delito de encubrimiento-. En su dictamen, Sale razonó: “llama la atención que por Gómez, un perfecto desconocido, se encuentren policías condenados (Enrique García y Manuel Yapura) y ex funcionarios involucrados. El debate oral será la antorcha que quizá ilumine el camino de la verdad poniendo a los demás responsables en el lugar que efectivamente les corresponde”.
Alberto Lebbos recordó que llegar hasta la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que confirmó la elevación a juicio de la causa de su hija Paulina había implicado un sacrificio monumental, pero aún así se manifestó agradecido. “Quiero que esto sirva de mensaje para una sociedad que asiste deprimida al destrozo de las instituciones: la lucha vale la pena”, reflexionó.
El líder de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad reconoció el apoyo de sus compañeros en ese colectivo y de la prensa, y el trabajo de su abogado, Emilio Mrad, y de los fiscales y magistrados que evitaron que el proceso prescribiera. “En mayo de 2006 denunciamos a la cúpula de Seguridad, pero (el ex fiscal Carlos) Albaca rechazó la acusación sin investigarla y (el ex gobernador José) Alperovich sostuvo a sus funcionarios. Es inédito que esos ex funcionarios protegidos hoy estén por ser juzgados: en otros lugares sería un escándalo; aquí parece natural”, comentó en un diálogo telefónico.
Lebbos dijo que esperaba que el debate comience en el primer trimestre de 2017 y que Albaca también sea juzgado (el fallo que elevó su caso a juicio está pendiente de revisión). “Frente a tantas malas noticias del mundillo judicial, el caso de Paulina genera una expectativa”, evaluó. Y agregó que era consciente de que los imputados seguirán saboteando el proceso: “redoblaremos el esfuerzo hacia adelante. Queremos que a nadie más le pase lo que nos sucedió a nosotros”.
Por su parte, Matías Garrido, director del Área de Violencia Institucional, y Bernardo Lobo Bugeau, abogado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, dijeron que la confirmación de la elevación a juicio del caso “Lebbos” era un motivo de esperanza. “La Nación continuará acompañando a los familiares de la víctima en su ya largo camino y reclamo de verdad y justicia”, manifestaron.
Los vocales Enrique Pedicone (preopinante), Eudoro Albo y Liliana Vitar rechazaron los planteos que los acusados habían formulado para evitar el debate oral. Además, manifestaron que estos habían podido gozar de las garantías constitucionales y ejercer con plenitud el derecho de defensa.
Entre los imputados hay cinco ex funcionarios de la gestión de José Alperovich: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único acusado en prisión preventiva desde hace más de dos años y medio. Barrera, Brito, Di Lella y Sánchez serán juzgados como presuntos coautores de los delitos de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia; abuso de autoridad, y coacción o amenaza condicionada respecto de Sergio y Marcelo Goitea (los hermanos que hallaron los restos de Lebbos en Tapia). Al policía retirado Rodríguez la Justicia le imputó la supuesta comisión de los delitos de encubrimiento; de falsificación ideológica de un instrumento público y de falso testimonio. A Gómez, quien “cayó” por usar el chip del celular de Lebbos, se le atribuyen la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la víctima.
Los imputados fueron investigados a partir de 2013, cuando el fiscal Diego López Ávila (N°4) quedó a cargo de la instrucción del expediente. Otros dos fiscales pasaron por este caso con numerosas ramificaciones institucionales: Alejandro Noguera y Carlos Albaca. El primero fue desplazado a los pocos días de la identificación del cuerpo de Lebbos, luego de ser fotografiado mientras salía de la casa del ex gobernador Alperovich. Albaca perdió el control del proceso como consecuencia de un informe crítico del abogado Bernardo Lobo Bugeau, quien compulsó el expediente por orden de la Nación. Por su actuación en este caso, Albaca afronta un requerimiento de elevación a juicio pendiente de confirmación.
Una antorcha
López Ávila requirió la elevación a juicio tras descartar la hipótesis denominada “hijos del poder”. A posteriori y en virtud de un dictamen inapelable del fiscal subrogante Carlos Sale, quedaron desvinculados del proceso Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, hijos respectivos del ex mandatario y de su ex secretario privado, Juan Alberto Kaleñuk, -el sobreseimiento alcanza sólo el delito de encubrimiento-. En su dictamen, Sale razonó: “llama la atención que por Gómez, un perfecto desconocido, se encuentren policías condenados (Enrique García y Manuel Yapura) y ex funcionarios involucrados. El debate oral será la antorcha que quizá ilumine el camino de la verdad poniendo a los demás responsables en el lugar que efectivamente les corresponde”.
Alberto Lebbos recordó que llegar hasta la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que confirmó la elevación a juicio de la causa de su hija Paulina había implicado un sacrificio monumental, pero aún así se manifestó agradecido. “Quiero que esto sirva de mensaje para una sociedad que asiste deprimida al destrozo de las instituciones: la lucha vale la pena”, reflexionó.
El líder de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad reconoció el apoyo de sus compañeros en ese colectivo y de la prensa, y el trabajo de su abogado, Emilio Mrad, y de los fiscales y magistrados que evitaron que el proceso prescribiera. “En mayo de 2006 denunciamos a la cúpula de Seguridad, pero (el ex fiscal Carlos) Albaca rechazó la acusación sin investigarla y (el ex gobernador José) Alperovich sostuvo a sus funcionarios. Es inédito que esos ex funcionarios protegidos hoy estén por ser juzgados: en otros lugares sería un escándalo; aquí parece natural”, comentó en un diálogo telefónico.
Lebbos dijo que esperaba que el debate comience en el primer trimestre de 2017 y que Albaca también sea juzgado (el fallo que elevó su caso a juicio está pendiente de revisión). “Frente a tantas malas noticias del mundillo judicial, el caso de Paulina genera una expectativa”, evaluó. Y agregó que era consciente de que los imputados seguirán saboteando el proceso: “redoblaremos el esfuerzo hacia adelante. Queremos que a nadie más le pase lo que nos sucedió a nosotros”.
Por su parte, Matías Garrido, director del Área de Violencia Institucional, y Bernardo Lobo Bugeau, abogado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, dijeron que la confirmación de la elevación a juicio del caso “Lebbos” era un motivo de esperanza. “La Nación continuará acompañando a los familiares de la víctima en su ya largo camino y reclamo de verdad y justicia”, manifestaron.
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