15 Septiembre 2016
EL FISCAL MÁS JOVEN. Bonari, de 35 años, juró en su cargo el 23 de agosto. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JAMARILLO (ARCHIVO)
Hasta ayer por la tarde, la causa penal “salvada” del archivo por el ministro público Edmundo Jiménez no había llegado aún a la Fiscalía N°2 de esta capital, despacho que aquel eligió por estar de turno para la prosecución del proceso. Fuentes de esa oficina comentaron que su titular, Claudio Bonari, sólo había sido notificado de la decisión de Jiménez. En principio, el expediente de 20 cuerpos sigue en poder de Washington Navarro Dávila, el fiscal N°5 que descartó la existencia de delitos respecto de los $ 615,6 millones de presuntos gastos sociales que la Legislatura erogó durante 2015.
Interlocutores de la Justicia penal comentaron que Bonari iba a requerir la remisión urgente de las actuaciones. El 13 de septiembre, Jiménez ordenó al fiscal N°2 que arbitre los medios pertinentes para tomar posesión de la documentación que reunió Navarro Dávila. Luego de 10 meses de instrucción de la denuncia de Oscar López, abogado y peronista disidente, el fiscal N°5 concluyó que no podía evaluar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de la ejecución de la partida de “gastos sociales”.
“Inmiscuirse en ‘el poder decisorio’ de un órgano del Estado como es el Legislativo sería una intromisión generadora de conflictos de poderes”, dictaminó Navarro Dávila. Ese funcionario nombrado por el ex gobernador José Alperovich previo concurso público dijo que definió el archivo en función de las pruebas aportadas por la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, dos instituciones que el denunciante López había cuestionado.
La marcha atrás de Jiménez implica para Bonari todo un “debut” en el tratamiento de causas penales con repercusiones institucionales. El fiscal asignado al caso lleva 24 días en el cargo que quedó vacante por la renuncia con fines jubilatorios de Carlos Albaca (presentó su dimisión acorralado por los cuestionamientos que suscitó su desempeño en la instrucción de la causa “Lebbos” y en el presente batalla para librarse de ir a juicio oral por este asunto). Aunque algunos interlocutores suponen o conjeturan que el titular del Ministerio Público giró el caso previa consulta con el nuevo titular de la Fiscalía N°2, lo cierto es que este aún puede apartarse si advierte la existencia de causales de inhibición.
Al igual que Navarro Dávila, Bonari concursó en el Consejo Asesor de la Magistratura y quedó ternado. Este año el gobernador Juan Manzur definió su nombramiento junto a otros cinco magistrados. Con estas designaciones, el mandatario inauguró el ejercicio de la facultad para llenar vacantes del Poder Judicial provincial.
Bonari desarrolló su carrera en la Justicia Federal, más precisamente en el ámbito de influencia de Fernando Luis Poviña, juez federal N°2. El hoy fiscal provincial N°2 se desempeñó como escribiente auxiliar efectivo hasta que Poviña lo ascendió a secretario del Juzgado Federal N°2 de Jujuy, unidad que el magistrado tucumano subroga en forma permanente. Con 35 años, Bonari es el fiscal más joven del plantel. El 23 de agosto, después de jurar en el cargo, dijo que estaba entusiasmado por la oportunidad profesional que implicaba dirigir el ex despacho de Albaca. “Mi idea es trabajar con honestidad y con conciencia de lo que este servicio implica para la sociedad. Es fundamental actuar con independencia”, expresó entonces.
Interlocutores de la Justicia penal comentaron que Bonari iba a requerir la remisión urgente de las actuaciones. El 13 de septiembre, Jiménez ordenó al fiscal N°2 que arbitre los medios pertinentes para tomar posesión de la documentación que reunió Navarro Dávila. Luego de 10 meses de instrucción de la denuncia de Oscar López, abogado y peronista disidente, el fiscal N°5 concluyó que no podía evaluar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de la ejecución de la partida de “gastos sociales”.
“Inmiscuirse en ‘el poder decisorio’ de un órgano del Estado como es el Legislativo sería una intromisión generadora de conflictos de poderes”, dictaminó Navarro Dávila. Ese funcionario nombrado por el ex gobernador José Alperovich previo concurso público dijo que definió el archivo en función de las pruebas aportadas por la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, dos instituciones que el denunciante López había cuestionado.
La marcha atrás de Jiménez implica para Bonari todo un “debut” en el tratamiento de causas penales con repercusiones institucionales. El fiscal asignado al caso lleva 24 días en el cargo que quedó vacante por la renuncia con fines jubilatorios de Carlos Albaca (presentó su dimisión acorralado por los cuestionamientos que suscitó su desempeño en la instrucción de la causa “Lebbos” y en el presente batalla para librarse de ir a juicio oral por este asunto). Aunque algunos interlocutores suponen o conjeturan que el titular del Ministerio Público giró el caso previa consulta con el nuevo titular de la Fiscalía N°2, lo cierto es que este aún puede apartarse si advierte la existencia de causales de inhibición.
Al igual que Navarro Dávila, Bonari concursó en el Consejo Asesor de la Magistratura y quedó ternado. Este año el gobernador Juan Manzur definió su nombramiento junto a otros cinco magistrados. Con estas designaciones, el mandatario inauguró el ejercicio de la facultad para llenar vacantes del Poder Judicial provincial.
Bonari desarrolló su carrera en la Justicia Federal, más precisamente en el ámbito de influencia de Fernando Luis Poviña, juez federal N°2. El hoy fiscal provincial N°2 se desempeñó como escribiente auxiliar efectivo hasta que Poviña lo ascendió a secretario del Juzgado Federal N°2 de Jujuy, unidad que el magistrado tucumano subroga en forma permanente. Con 35 años, Bonari es el fiscal más joven del plantel. El 23 de agosto, después de jurar en el cargo, dijo que estaba entusiasmado por la oportunidad profesional que implicaba dirigir el ex despacho de Albaca. “Mi idea es trabajar con honestidad y con conciencia de lo que este servicio implica para la sociedad. Es fundamental actuar con independencia”, expresó entonces.
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