Navarro Dávila archivó la causa por el presunto fraude millonario con “ayudas sociales a personas”

A poco más de 10 meses de iniciada la causa por “la ruta de las valijas” de la Legislatura, el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, resolvió el jueves pasado que correspondía el archivo de las actuaciones por el presunto manejo irregular de $ 615,6 millones, ejecutados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral bajo la figura de “ayudas sociales a personas”.

Según el representante del Ministerio Público, no se detectaron posibles delitos en el uso de esos fondos públicos, que representaron un reparto discrecional promedio -considerando los 365 días del año- de $ 1,68 millón diarios, supuestamente destinados a subsidios a ciudadanos necesitados.

La falta de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas (TC) sobre los millonarios “gastos sociales” y el testimonio de empleados del ente de control, quienes negaron haber detectado anomalías, fueron evidencias clave sobre las cuales se apoyó el magistrado. Incluso, Navarro Dávila consideró que “no existen elementos de convicción para la apertura de una investigación jurisdiccional”. Y decidió que el caso fuera cerrado sin que pasara por manos de algún juez de Instrucción en lo Penal.

La resolución del fiscal alivia además a autoridades de la anterior gestión, entre las que están el ex presidente de la Cámara y actual gobernador, Juan Manzur; el ex titular subrogante y hoy ministro de Gobierno, Regino Amado; y el ex secretario legislativo y hoy legislador, Juan Olivares. Ellos, además de los parlamentarios del oficialismo y de la oposición, habían sido acusados de fraude a la Administración Pública por Oscar López, ex candidato por un acople del Acuerdo para el Bicentenario (ApB).

El escándalo por el caso de las valijas legislativas estalló en noviembre de 2015, cuando LA GACETA publicó fotos y otros documentos que revelaban el manejo del efectivo de la Legislatura. Un empleado de la Cámara recogía de una sucursal céntrica del Banco Tucumán-Grupo Macro las maletas cargadas con dinero (en cada una cabían hasta $ 6 millones). Luego llevaba la “carga” a la sede de calle Muñecas 951 en una camioneta oficial. Allí la plata era entregada en mano, supuestamente a ciudadanos que requerían subsidios. Bajo este concepto fueron ejecutados $ 615,6 millones en 2015, monto que significó el 40% del presupuesto total de la Cámara (alcanzó los $ 1.529 millones).

Hace tres semanas, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció la eliminación de ese régimen de asistencia económica, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia y de denuncias por la presunta utilización de esos fondos a modo de “sobresueldo” entre legisladores y autoridades.

Ahora, el único expediente del fuero penal provincial por las valijas irá al archivo.

En una resolución de 12 páginas, Navarro Dávila resumió más de 3.800 fojas colectadas en varios cuerpos. Allí consignó diversos aspectos del caso. Primero, desarrolló los informes recabados, como las leyes y otras normas que avalan los subsidios legislativos. También consta documentación remitida por el TC. “(El ente de control) informa que no existe investigación alguna en esa sede en relación al dinero asignado en concepto de ayudas sociales a personas, ya que todas las rendiciones de cuentas presentadas fueron aprobadas”, redactó Navarro Dávila. Y transcribió testimoniales de siete contadores fiscales que trabajaron entre 2007 y 2015 en la delegación afectada a la Legislatura, sin detectar anomalías.

Luego, el fiscal se refirió a los supuestos delitos electorales denunciados por López, ya que entre junio y agosto del año pasado -antes de las elecciones provinciales- fueron extraídos más de $ 200 millones para subsidios. Navarro Dávila detalló respuestas de la Junta Electoral Provincial, donde se marca que el fuero contencioso lleva la causa “APB contra Provincia de Tucumán”, impulsada por el radical José Cano y por el peronista disidente Domingo Amaya. “Las actuaciones correspondientes se tramitan ante la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa (...), por lo que no corresponde al suscripto intervenir en los hechos denunciados”, indicó Navarro Dávila.

En otro punto, el fiscal se refirió a la ampliación de la denuncia de López contra el ex tesorero y actual secretario de la Legislatura, Claudio Pérez, a quien el abogado acusó por presunto enriquecimiento ilícito. En este caso, Navarro Dávila resolvió el inicio de nuevas actuaciones, ya que Pérez no es legislador y, por ello, no se encuentra sujeto a investigación jurisdiccional.

“Se han realizado todas las medidas que permiten determinar la utilización de recursos del Estado, conforme lo establece la Ley de Presupuesto (...), no surgiendo ningún hecho con entidad para el reproche penal”, sintetizó Navarro Dávila, antes de disponer el archivo del caso que sacudió por meses el espejado edificio legislativo.

Textuales del expediente

Bajo análisis.- El expediente N° 66.114/2015, iniciado por la denuncia del peronista disidente Oscar López, quedó archivado por disposición del fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila. El magistrado dividió el análisis de las actuaciones en tres partes: a) la referida al presunto delito de fraude contra la Administración Pública; b) los supuestos delitos electorales cometidos con los fondos para subsidios legislativos en 2015; y la ampliación de la demanda de López en contra del ex tesorero y actual Secretario de la Cámara, Claudio Pérez. Por último, Navarro Dávila expresó sus conclusiones, en las que dejó asentado que no halló indicios de delitos.

Sobre el presunto fraude.- Navarro Dávila describió los diferentes informes solicitados para constatar el presunto fraude a través del manejo de los subsidios de la Legislatura. Entre otros puntos, solicitó copias certificadas de las notas de LA GACETA y de las leyes de Presupuesto 2015 y de Administración Financiera, entre otras. También se le solicitó al Tribunal de Cuentas (TC) la explicación formal sobre el mecanismo para la revisión de los denominados “gastos sociales”, estipulado por el acuerdo N° 2.489/2008. El TC consignó las instancias de control preventivo, concomitante y posterior. “En caso de incompleta o irregular rendición de cuentas se habilita la vía jurisdiccional donde el cuentadante deberá demostrar el correcto uso de fondos públicos”, expresa la resolución. Y añade que en sede del Tribunal de Cuentas “no existe investigación alguna” por presuntas anomalías con gastos sociales.

Testimoniales.- El fiscal les tomó declaración en febrero pasado a siete contadores del Tribunal de Cuentas que se desempeñaron entre 2005 y 2015 en la delegación fiscal de la Legislatura. Navarro Dávila consideró clave el relato del contador Alfredo Estofán, quien trabajó durante casi todo el período analizado. “Nosotros en el control posterior verificamos la presentación de la documentación (...); es decir, notas elevadas al presidente de la Cámara solicitando ayuda social, con su debida presentación de fotocopias de DNI, en el caso de particulares, y en el caso de ONG, la documentación que acredite la personería jurídica. Esa nota es elevada ante la presidencia de la Cámara, quien tiene facultades para resolver y aprobar haciéndolo por decreto, que lleva la firma del presidente, del secretario de la Cámara o el prosecretario, según el caso. El ciudadano o el organismo firma un recibo de la ayuda y nosotros verificamos que esté firmado (por el beneficiario). Esa es toda la documentación que nos presentan a nosotros, con la cual rinden cuentas. (...) En ningún momento hubo observaciones, ni requerimientos, que se realizan cuando hay alguna falta de formalidad que impida aprobar el acto administrativo. Este sistema se viene aplicando con anterioridad a 2003, oportunidad en la que empecé a intervenir en la delegación fiscal de la Honorable Legislatura”, consignó Estofán.

Conclusiones.- Navarro Dávila consideró en las conclusiones de la resolución que la ejecución de la partida presupuestaria “ayudas sociales a personas” implica decisiones de la Presidencia de la Legislatura que están sustentadas en la ley de Presupuesto y en el reglamento interno de la Cámara, entre otras normativas. “El mérito u oportunidad de su dictado (del decreto que habilita al gasto social) debe ser analizado en el contexto integral de la decisión y el encadenamiento lógico que debe existir entre el motivo y el fin de ese acto. Inmiscuirse en el poder decisorio de un órgano del Estado como es el Legislativo sería una intromisión generadora de conflictos de poderes, al pretender analizar la voluntad de un órgano en el ejercicio de facultades legales atribuidas”, señaló. Y resolvió que, “atento a las precisas declaraciones efectuadas por lo contadores fiscales del TC, quienes ratifican la inexistencia de observación alguna (...), no existen elementos de convicción para la apertura de investigación jurisdiccional”. Por último, luego de mantenerse en silencio durante casi 10 meses por esta causa, solicitó la publicación de la resolución en el sitio web del Ministerio Público Fiscal. 

Ocho Claves de un escándalo millonario

Los “gastos sociales” nacen en 1992, con la Ley de Residencia Oficial (6.398). Los dos primeros artículos garantizan el mantenimiento de la casa que escoja el gobernador. Un tercer párrafo (caducó en 1999) permitía a otras áreas del Estado efectuar rendiciones sólo con presentar el recibo que comprobara el monto liquidado.

Si bien se les llama “gastos sociales”, los subsidios son extraídos de la subpartida “ayudas sociales a personas”, destinada a “auxilios o ayudas especiales, revistan éstas carácter de permanente o no acordados a personas”. Están en la partida 500, denominada “Transferencias”, puesto que su cobro no requiere contraprestación.

Hace algunas semanas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció la eliminación de la subpartida 514, aunque advirtió que la Legislatura continuará otorgando otros subsidios previstos en el Manual de Clasificadores Presupuestarios, como ayudas sociales a instituciones. En esa nómina también figuran becas y otros auxilios.

Los fondos en cuestión fueron ejecutados en 2015, que tuvo a Juan Manzur (hasta octubre) y a Osvaldo Jaldo (de octubre a diciembre) al frente de la Legislatura. El año pasado, la Cámara tenía un presupuesto original de $ 959 millones; fue ampliado a $ 1.529 millones de modo secreto, en la sesión legislativa de septiembre de 2015.

El escándalo estalló el 1 de noviembre pasado, cuando LA GACETA publicó fotos e informes bancarios referidos al manejo del efectivo para “gastos sociales”. Hasta septiembre de 2015 habían sido ejecutados más de $ 490 millones; al final del período el monto llegó a $ 615 millones (el 40% del presupuesto legislativo total).

Debido a las notas de este diario fueron abiertas varias causas. En el fuero federal se investiga la presunta evasión (ya quedó descartado el lavado de activos, que se tramitó por separado). En la Provincia hubo sólo un caso penal (ya archivado por Navarro Dávila) y hay varios expedientes en el fuero Contencioso Administrativo.

La hipótesis del denunciante Oscar López es que legisladores y funcionarios de la Legislatura utilizaban los fondos para “ayudas sociales” a modo de sobresueldo o de paga en negro. La Constitución provincial dispone que la única remuneración por la tarea legislativa es la dieta, que hoy alcanza los $ 32.000 mensuales. 

El sistema de gastos sociales terminó de colapsar cuando el legislador manzurista Reneé Ramírez (bloque Tucumán Crece) admitió que cobraba $ 150.000 al mes para “ayudas sociales a personas”. Dijo que destinaba esa plata a cubrir necesidades en su territorio, y que las rendiciones corrían por cuenta de cada parlamentario.