Denuncian que a “Pico” Peralta lo mantuvieron detenido para poder “sacarle plata”

La fuga de José Antonio “Pico” Peralta sacude hasta los cimientos de la Dirección General de Investigación Criminal y Delitos Complejos. El líder de Los 30, una banda acusada de vender drogas en el sur de la ciudad, fue arrestado por la División de Delitos contra la Propiedad por una orden de detención que no existía. Sí tenía un pedido de captura por una causa de comercialización de drogas, pero a la Justicia Federal recién le informaron 16 días después de haberlo encerrado en una celda.

El fiscal Washington Navarro Dávila confirmó que los investigadores le avisaron que habían detenido a esa persona porque estaba prófugo de la Justicia por una causa que se tramitaba en la Fiscalía IX°, que él subroga. “Era de un hurto viejo y la ex fiscala (Mercedes) Carrizo la había archivado hacía por lo menos dos años. Por eso ordené que no lo aprehendieran”, explicó en una charla con LA GACETA.

Navarro Dávila, con tono firme, agregó: “según el Departamento Judiciales de la Policía figuraba con orden de detención vigente y tampoco era verdad. Cuando busqué el número de causa descubrí que había sido archivada porque no coincidían muchos datos, ni siquiera el nombre del acusado”.

Pese a que el fiscal ordenó su libertad, Peralta siguió en una celda porque, según se informó, la Justicia Federal había emitido una orden de captura en su contra. “Recién nos avisaron el 25 de agosto que lo habían detenido. Al día siguiente lo citamos a declaración indagatoria”, señaló el juez Fernando Poviña, que entiende en la causa.

¿Cuál fue la razón por la que estuvo detenido todos esos días sin que supiera la Justicia Federal? “Para pedirle dinero, simplemente. Mi defendido ni siquiera estuvo detenido todo ese tiempo. Entraba y salía. Y como se negó a pagar lo que le pedían, avisaron al juez que lo tenían detenido”, esbozó a modo de explicación Cergio Morfil, el defensor del acusado.

“Cuando preste declaración, en principio, él contará con lujos de detalles lo que ocurrió. Por el momento, no puedo adelantar lo que puede a llegar a declarar ante los funcionarios judiciales”, destacó el profesional.

Más dudas

Esta historia comenzó a escribirse el jueves pasado. Ese día, pasadas las 18, “Pico” Peralta se escapó de la comisaría de Delfín Gallo. La Policía aseguró que lo liberaron con un golpe comando, pero para la Justicia ese ataque no habría existido.

La fuga del líder de Los 30 desnudó otra situación. Según lo confirmó Poviña, la Policía nunca le había informado que lo trasladaron hasta ese lugar. Señaló además que, por pedido de su defensora, Silvia Furque, había solicitado que lo trasladaran a la Seccional 13° o a la comisaría de Delfín Gallo por las condiciones “infrahumanas” en las que se encontraba en la alcaldía de la ex Brigada.

El magistrado confirmó además que el mismo jefe de Policía, Dante Bustamante, le anunció que no había lugar en esas dos dependencias. “Por ese motivo, cuando se le dictó la prisión preventiva, se ordenó su traslado al penal de Villa Urquiza. Pensábamos que estaba alojado en la ex Brigada y no sabemos quién y por qué lo trasladó hasta Delfín Gallo”, agregó Poviña en una charla con LA GACETA, en la que anticipó que se investigará el caso ante la sospecha de que se haya facilitado la evasión. En las últimas horas, según confiaron fuentes judiciales, se conoció que Peralta fue trasladado hasta la comisaría de Delfín Gallo con una nota interna de la Policía y no con un oficio judicial. En ese documento se habría informado que el recluso estaba procesado por un robo y -muy al pasar- por una causa federal. La firma del papel pertenecería a un oficial que presta servicios en la ex Brigada. El juez Poviña solicitó a través de un oficio a la Policía que le enviaran las copias de todas las actuaciones que habían realizado, pese a que el hecho se había producido cinco días antes y no tenía informe alguno sobre lo que había ocurrido en la comisaría del este de la provincia. Por la tarde, la Justicia Federal recibió la documentación y en las próximas horas se sabrá qué fiscal lo investigará.

Peralta se entregó el viernes ante la Justicia Federal. Pidió ser vigilado y trasladado por personal de una fuerza de seguridad nacional, planteo que fue aceptado y actualmente es custodiado por la Policía Federal. Se ordenó además que sea trasladado a la Unidad de Máxima Seguridad de Villa Urquiza o a un penal Federal de la región.

Buscan un video que complicaría a policías

Los policías regresaron con varias cajas. Allí guardaron elementos donde podría estar el supuesto video que complicaría la situación de varios policías. Peritos especializados ya se encuentran analizando ese material.

En las últimas horas, y como consecuencia de la trascendencia pública del caso, comenzó a circular una insólita versión. Según varias fuentes, José Antonio “Pico” Peralta tendría en su poder un video en el que aparecería el secretario de un alto jefe policial arreglando un supuesto soborno para garantizar que lo dejaran continuar con su negocio.

Esas imágenes, siempre según las versiones recogidas y que ya son investigadas por la Justicia Federal y Ordinaria, le habrían permitido estar en libertad todo este tiempo.

Los mismos contactos revelaron que los policías que allanaron su domicilio en 2014 no habrían ido a buscar drogas, sino a quedarse con las copias del video. Los trascendidos indican que lo habrían capturado para canjear el video por su fuga.

Cergio Morfil, defensor de Peralta, confirmó la existencia de esas imágenes. Sin embargo, aclaró que no se ve a un policía recibiendo una oferta de soborno, sino todas las irregularidades que se cometieron durante un allanamiento realizado en 2014 en el que se secuestró droga y por el que Peralta quedó prófugo. “Esas imágenes serán presentadas a su debido tiempo ante la Justicia”, insistió el abogado.

Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira, el domingo se allanaron tres casas de parientes de “Pico” Peralta. De allí, según confiaron fuentes de Tribunales, secuestraron celulares, cámaras, tarjetas de memorias, computadoras y tablets, entre otros elementos en los que podría estar guardado el video.

A pesar de que la investigación se desarrolla en el mayor de los secretos, hoy se realizarían nuevos allanamientos para sumar pruebas.

Giannoni: "anticipamos que se podían dar estos casos"

“Cuando se hicieron los cambios en la ex Brigada de Investigaciones les anticipamos que se podrían dar estos tipos de casos, puesto que la conducción de esa división recayó sobre personas que tenían antecedentes, dejando de lado a muy buenos policías”, aseguró la fiscala Adriana Giannoni en una charla con LA GACETA.

Ella, acompañada por la gran mayoría de los fiscales, en abril pasado hizo pública su preocupación al conocer los nombres de los comisarios que ocuparían importantes puestos en esa repartición. También, a través de un oficio, solicitaron al jefe de Policía, Dante Bustamante que diera a conocer los nombres de todos los hombres que integrarían los nuevos equipos que se desempeñarían allí.

“El aprehender personas por contravenciones es un procedimiento inconstitucional. La Corte de la provincia, siguiendo a la de la Nación, calificó así a este tipo de detenciones. Así se lo hicimos saber en el hábeas corpus colectivo que presentamos con el fiscal Diego López Ávila”, agregó Giannoni.

La fiscala cuestionó duramente a la Policía. “Hicieron oídos sordos a la resolución de la Corte, ya que con esas aprehensiones negocian la libertad por enormes sumas de dinero sin control alguno de fiscales y jueces”, destacó.

Giannoni también cuestionó la fuga que protagonizó un condenado por abuso de la alcaldía de la ex Brigada. “No es la primera vez que sucede algo irregular. En 2012 ocurrió el famoso caso Maltés. Se trató de un hombre que se encontraba detenido en ese lugar y lo sacaban de noche a robar. Se encontró su huella en una casa de un country de Yerba Buena cuando debería haber estado en una celda”, comentó.

La fiscala denunció la semana pasada a la Justicia que había sido amenazada. Esa intimidación se produjo días después de que iniciara una investigación contra policías que se habrían excedido en un operativo. A varios de ellos les encontraron metabolitos de cocaína en el análisis que se les realizó.