¿A quién le incumbe la revisión del Código de Yerba Buena?

Entró a su perfil en Facebook y escribió que él no está de acuerdo. Que se siente descontento. “No me parece adecuado que un arquitecto colombiano decida sobre nuestra ciudad”, puso. El concejal peronista Héctor “Pilón” Aguirre cuestionó el modo en que el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, ha encarado el proceso de modificación del Código de Ordenamiento Urbano de esa ciudad.

El extranjero al que se refiere Aguirre en su posteo es Gustavo Restrepo, hombre que carga con la fama de haber sido uno de los ideólogos de la transformación de Medellín. “El Concejo Deliberante es el organismo habilitado para llevar a cabo la reforma. Sin embargo, la Municipalidad tiene una propuesta, elaborada por este arquitecto”, siguió escribiendo.

Enseguida, le aparecieron comentarios de conocidos suyos. Mientras algunos coincidieron con sus dichos (“en Yerba Buena vive la mayoría de los mejores arquitectos de Tucumán”), otros se mostraron conformes con el aporte de Restrepo (“yo escuché una charla suya y me pareció impresionante”).

En busca de la comunión
La semana pasada -de hecho-, el colombiano, que ha sido contratado por el Gobierno local para asesorarlo en este proceso, protagonizó una disertación, a la que invitaron a los vecinos. Les dijo a sus oyentes que es necesario que se cambie el Código. No porque el actual esté equivocado -argumentó-, sino porque resulta evidente la necesidad de actualizar la visión de ciudad. “Hoy, las inundaciones y el tráfico generan dificultades en la movilidad”, expuso.

También Campero plantea la necesidad de que la comarca adopte nuevas normas. Y explica que el objetivo suyo es realizar seis debates, antes de que termine el año. El mes que viene, por ejemplo, planea concretar el quinto, con los concejales. “Estamos poniendo el tema sobre la mesa. Queremos generar la consciencia de que debe haber una comunión entre lo público y lo privado”, expresa.

Luego, le dice a este diario que, una vez que hayan culminado esas jornadas, el Ejecutivo elaborará un documento, que les enviará a los ediles para que concreten la reforma. Ese proceder -justamente- es el que genera malestar en Aguirre. Él piensa que los funcionarios no deberían hacerlo por su cuenta. “Es doble trabajo. Nosotros tenemos nuestra postura”, reitera. Además, se muestra en contra de que participen Franco Marigliano y Ernesto Marchetti -subsecretario y director de Planeamiento, respectivamente-, porque -razona- no viven en Yerba Buena.

En este punto, es Marigliano quien contesta. Primero, cuenta que la semana venidera visitará a los concejales, para hablar sobre el tema. “Será una reunión informal”, dice. Y segundo, asegura que desde hace nueve años reside en el municipio. “Es de una ignorancia supina decir que alguien, porque no vive en una ciudad, no puede hacer un plan estratégico. El desarrollo de San Miguel de Tucumán fue planeado por unos rosarinos”, contesta.

Otro concejal, el radical Benjamín Zelaya -presidente de la comisión de Obras Públicas del cuerpo- le pone paños fríos a la discusión sobre las incumbencias, al decir que no importa quién conduzca las riendas, pero sí que se haga de modo conjunto. “Coincido con Aguirre en que no debe venir un documento del Ejecutivo. Para eso, nos reuniremos con funcionarios. El Código no lo puede reformular una mesa chica. Entre todos, debemos elaborar una agenda de trabajo”, concluye.

En su posteo en Facebook, Aguirre había aclarado que exponía su posición “sin ánimos de ofender”. A juzgar por las repercusiones, generó chisporroteos, al menos.