11 Septiembre 2016
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Ebe López Piossek y Sergio Gandur, deberá analizar la constitucionalidad del decreto provincial mediante el que se designó como asesor ad honorem del Poder Ejecutivo al senador nacional José Alperovich (FpV). Un dato no menor es que la camarista integró el tribunal que el año pasado había dispuesto en un fallo de primera instancia la anulación de los comicios del 23 de agosto.
El jueves, el abogado Oscar López interpuso una acción de inconstitucionalidad y solicitó el dictado de una medida cautelar, a fin de que se suspenda la vigencia del decreto 41/1 firmado el 29 de octubre del año pasado por el gobernador, Juan Manzur. Mediante ese instrumento, se designó como asesor ad honorem, y con rango ministerial, al ex mandatario. Además, un artículo del texto lo habilita a que el Estado provincial se haga cargo de los gastos que pudiera demandar su función. Según el secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, la gestión de Alperovich como asesor del PE no demandó ninguna erogación.
Por sorteo, la demanda recayó en la Sala III, compuesta por López Piossek y por el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur. Los antecedentes de los fallos más resonantes firmados por la jueza no son alentadores para los intereses del Poder Ejecutivo. El año pasado, antes de los convulsionados comicios, López Piossek (junto a Rodolfo Novillo, de la Sala II) declararon la inconstitucionalidad de la tercera postulación consecutiva a legislador del ex senador Sergio Mansilla. La Corte, finalmente, permitió al peronista ser candidato, aunque por ese pleito judicial -se dirime en el máximo tribunal- aún no pudo ocupar la banca por el Oeste. Luego, el 16 de septiembre de 2015 y a instancias de planteos formulados por el opositor Acuerdo para el Bicentenario, López Piossek (esta vez acompañada por el camarista Salvador Ruiz) anuló los comicios del 23 de agosto y dispuso que los tucumanos debían volver a votar. Tras esa sentencia sin precedentes en la historia local y nacional, 72 horas después la Corte Suprema declaró que las elecciones eran válidas y ordenó proclamar a los electos. Años antes, en 2008, la jueza formó parte de tribunales que voltearon disposiciones incorporados a la Constitución de 2006 por el alperovichismo, como la integración, por decreto del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Piden que se anule
En paralelo al derrotero judicial que pueda tener el decreto firmado por Manzur, la designación de Alperovich sigue siendo reprobado por los opositores.
Esta vez, el titular del Plan Belgrano, José Cano, reclamó al gobernador que anule ese instrumento. “Tucumán debe recuperar terreno en calidad institucional y dejar atrás la página oscura de avasallamiento republicano que implicó la última década. La decisión adoptada no es una buen señal hacia un contexto nacional que busca un país normal y sin privilegios”, sostuvo el titular de la UCR local y funcionario del Gobierno nacional.
El jueves, el abogado Oscar López interpuso una acción de inconstitucionalidad y solicitó el dictado de una medida cautelar, a fin de que se suspenda la vigencia del decreto 41/1 firmado el 29 de octubre del año pasado por el gobernador, Juan Manzur. Mediante ese instrumento, se designó como asesor ad honorem, y con rango ministerial, al ex mandatario. Además, un artículo del texto lo habilita a que el Estado provincial se haga cargo de los gastos que pudiera demandar su función. Según el secretario General de la Gobernación, Pablo Yedlin, la gestión de Alperovich como asesor del PE no demandó ninguna erogación.
Por sorteo, la demanda recayó en la Sala III, compuesta por López Piossek y por el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur. Los antecedentes de los fallos más resonantes firmados por la jueza no son alentadores para los intereses del Poder Ejecutivo. El año pasado, antes de los convulsionados comicios, López Piossek (junto a Rodolfo Novillo, de la Sala II) declararon la inconstitucionalidad de la tercera postulación consecutiva a legislador del ex senador Sergio Mansilla. La Corte, finalmente, permitió al peronista ser candidato, aunque por ese pleito judicial -se dirime en el máximo tribunal- aún no pudo ocupar la banca por el Oeste. Luego, el 16 de septiembre de 2015 y a instancias de planteos formulados por el opositor Acuerdo para el Bicentenario, López Piossek (esta vez acompañada por el camarista Salvador Ruiz) anuló los comicios del 23 de agosto y dispuso que los tucumanos debían volver a votar. Tras esa sentencia sin precedentes en la historia local y nacional, 72 horas después la Corte Suprema declaró que las elecciones eran válidas y ordenó proclamar a los electos. Años antes, en 2008, la jueza formó parte de tribunales que voltearon disposiciones incorporados a la Constitución de 2006 por el alperovichismo, como la integración, por decreto del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Piden que se anule
En paralelo al derrotero judicial que pueda tener el decreto firmado por Manzur, la designación de Alperovich sigue siendo reprobado por los opositores.
Esta vez, el titular del Plan Belgrano, José Cano, reclamó al gobernador que anule ese instrumento. “Tucumán debe recuperar terreno en calidad institucional y dejar atrás la página oscura de avasallamiento republicano que implicó la última década. La decisión adoptada no es una buen señal hacia un contexto nacional que busca un país normal y sin privilegios”, sostuvo el titular de la UCR local y funcionario del Gobierno nacional.
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