10 Septiembre 2016
El abogado Bernardo Lobo Bugeau informó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que el Gobierno de la Nación volvió a ordenarle que compulse la investigación del homicidio de Paulina Lebbos. Lobo Bugeau manifestó al alto tribunal que actuará en el ámbito del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci) que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, órgano de la cartera a cargo del ministro nacional Germán Garavano. Lobo Bugeau ya había cotejado el proceso “Lebbos” en 2013, una acción que resultó decisiva para romper la parálisis y el secreto del trámite impuesto durante los casi siete años que este estuvo bajo el control del ex fiscal Carlos Albaca.
La presentación de Lobo Bugeau con el carácter de enviado del Pronalci supone la primera medida concreta que el Gobierno del presidente Mauricio Macri adopta respecto de la Justicia de Tucumán. Los reclamos relativos al funcionamiento de esta institución “taparon” el despacho de Garavano desde el mismo momento en el que este asumió como ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. En los primeros días de su gestión, el funcionario macrista recibió a Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, quien planteó el riesgo de impunidad de la denuncia penal que la entidad articuló contra el ex fiscal Guillermo Herrera (cercado por los cuestionamientos, Herrera renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil hace un año). Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, pidió luego una audiencia a Garavano para darle su versión sobre los comentarios “temerarios” de García Posse, y para exponer que existe una crisis estructural y sistémica en el Poder Judicial. Entonces comenzó a barajarse la posibilidad de nombrar un veedor de la Nación: surgieron varios nombres y el Colegio sugirió el de Lobo Bugeau.
“Estamos muy preocupados por lo que ocurre en el Poder Judicial de Tucumán”, admitió Garavano en una entrevista en febrero. El funcionario expresó entonces que el Ministerio podía seguir la evolución de los casos de interés institucional y pedir informes al abogado del Pronalci. “Hay que dar tiempo y espacio. La Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer casos que generan conmoción social, además de las cuestiones internas que se vislumbran y que han sido puestas sobre esta misma mesa. De hecho, los conflictos judiciales tucumanos han sido los que más recurrentemente han llegado hasta aquí desde que asumimos”, reflexionó. Garavano asimismo admitió que la Justicia gozaba de niveles bajos de confianza porque estaba más enfocada en la política que en las necesidades de la ciudadanía.
Después de la publicación de esa entrevista, cuatro de los cinco vocales de la Corte (el presidente Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse) se reunieron con Garavano en Santa Fe. Acto seguido hicieron lo propio Alberto Lebbos, padre de Paulina, y Roxana Teves, imputada en un proceso abierto desde 2010, y denunciante del ex fiscal Herrera, de Jiménez y de dos de sus hijos, Edmundo Javier y Ana Lucía Jiménez.
La preocupación de la Nación pareció enfriarse en los meses subsiguientes. En el ínterin, el Colegio de Abogados requirió la destitución de Jiménez, solicitud que la Legislatura archivó sin dar trámite. La misma tesitura adoptó respecto del pedido presentado por el letrado Pedro Brito para remover a Gandur.
Aunque en dos visitas distintas a esta ciudad Garavano reiteró que seguía firme la intención de monitorear los procesos con trascendencia institucional, la decisión seguía sin ser materializada. Y cuando ya parecía que iba a quedar en la nada, Lobo Bugeau presentó sus credenciales del Pronalci en el caso “Lebbos” y notificó la novedad al alto tribunal. Aquel expediente fue elevado a juicio oral hace un año, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción aún no resolvió los recursos articulados por los imputados. Cinco de los seis acusados son ex funcionarios alperovichistas: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único imputado en prisión preventiva desde hace más de dos años y medio.
El 12 de agosto, el fiscal subrogante Carlos Sale dictaminó que las pruebas recolectadas por el fiscal Diego López Ávila justifican el juzgamiento de los imputados en “Lebbos”. Esta opinión no vinculante habilitó a los camaristas Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone para resolver si confirman o no la elevación a juicio dispuesta por el juez Víctor Manuel Pérez. Sale actuó por la inhibición de Alejandro Noguera, primer fiscal de la causa iniciada en 2006 -fue apartado luego de que este diario lo fotografiase saliendo de la casa del ex gobernador José Alperovich-.
La Cámara de Apelaciones también ha de resolver el planteo contra la elevación a juicio del caso que procura esclarecer si el ex fiscal Albaca delinquió mientras instruía la causa “Lebbos”. Ese proceso fue abierto como consecuencia del informe crítico que Lobo Bugeau elaboró en febrero de 2013, por encargo del Pronalci. Cuatro meses después y acorralado por las denuncias, Albaca renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil.
La presentación de Lobo Bugeau con el carácter de enviado del Pronalci supone la primera medida concreta que el Gobierno del presidente Mauricio Macri adopta respecto de la Justicia de Tucumán. Los reclamos relativos al funcionamiento de esta institución “taparon” el despacho de Garavano desde el mismo momento en el que este asumió como ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. En los primeros días de su gestión, el funcionario macrista recibió a Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, quien planteó el riesgo de impunidad de la denuncia penal que la entidad articuló contra el ex fiscal Guillermo Herrera (cercado por los cuestionamientos, Herrera renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil hace un año). Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, pidió luego una audiencia a Garavano para darle su versión sobre los comentarios “temerarios” de García Posse, y para exponer que existe una crisis estructural y sistémica en el Poder Judicial. Entonces comenzó a barajarse la posibilidad de nombrar un veedor de la Nación: surgieron varios nombres y el Colegio sugirió el de Lobo Bugeau.
“Estamos muy preocupados por lo que ocurre en el Poder Judicial de Tucumán”, admitió Garavano en una entrevista en febrero. El funcionario expresó entonces que el Ministerio podía seguir la evolución de los casos de interés institucional y pedir informes al abogado del Pronalci. “Hay que dar tiempo y espacio. La Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer casos que generan conmoción social, además de las cuestiones internas que se vislumbran y que han sido puestas sobre esta misma mesa. De hecho, los conflictos judiciales tucumanos han sido los que más recurrentemente han llegado hasta aquí desde que asumimos”, reflexionó. Garavano asimismo admitió que la Justicia gozaba de niveles bajos de confianza porque estaba más enfocada en la política que en las necesidades de la ciudadanía.
Después de la publicación de esa entrevista, cuatro de los cinco vocales de la Corte (el presidente Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse) se reunieron con Garavano en Santa Fe. Acto seguido hicieron lo propio Alberto Lebbos, padre de Paulina, y Roxana Teves, imputada en un proceso abierto desde 2010, y denunciante del ex fiscal Herrera, de Jiménez y de dos de sus hijos, Edmundo Javier y Ana Lucía Jiménez.
La preocupación de la Nación pareció enfriarse en los meses subsiguientes. En el ínterin, el Colegio de Abogados requirió la destitución de Jiménez, solicitud que la Legislatura archivó sin dar trámite. La misma tesitura adoptó respecto del pedido presentado por el letrado Pedro Brito para remover a Gandur.
Aunque en dos visitas distintas a esta ciudad Garavano reiteró que seguía firme la intención de monitorear los procesos con trascendencia institucional, la decisión seguía sin ser materializada. Y cuando ya parecía que iba a quedar en la nada, Lobo Bugeau presentó sus credenciales del Pronalci en el caso “Lebbos” y notificó la novedad al alto tribunal. Aquel expediente fue elevado a juicio oral hace un año, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción aún no resolvió los recursos articulados por los imputados. Cinco de los seis acusados son ex funcionarios alperovichistas: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único imputado en prisión preventiva desde hace más de dos años y medio.
El 12 de agosto, el fiscal subrogante Carlos Sale dictaminó que las pruebas recolectadas por el fiscal Diego López Ávila justifican el juzgamiento de los imputados en “Lebbos”. Esta opinión no vinculante habilitó a los camaristas Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone para resolver si confirman o no la elevación a juicio dispuesta por el juez Víctor Manuel Pérez. Sale actuó por la inhibición de Alejandro Noguera, primer fiscal de la causa iniciada en 2006 -fue apartado luego de que este diario lo fotografiase saliendo de la casa del ex gobernador José Alperovich-.
La Cámara de Apelaciones también ha de resolver el planteo contra la elevación a juicio del caso que procura esclarecer si el ex fiscal Albaca delinquió mientras instruía la causa “Lebbos”. Ese proceso fue abierto como consecuencia del informe crítico que Lobo Bugeau elaboró en febrero de 2013, por encargo del Pronalci. Cuatro meses después y acorralado por las denuncias, Albaca renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
