09 Septiembre 2016
El tan esperado Juzgado de Ejecución en lo Penal de la capital se hará esperar 60 días hábiles más. Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, confirmó que suspendió el ingreso de causas a ese despacho porque esta unidad todavía no está en condiciones de prestar el servicio judicial correspondiente.
El juzgado en cuestión fue creado por ley hace 10 años (el mismo texto legal agregó otra oficina idéntica en el centro judicial de Concepción). Después de una serie de idas y de vueltas presupuestarias, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) sustanció los concursos correspondientes para nombrar a los primeros titulares. Como consecuencia de ello, Eugenio Guyot, ex director de Institutos Penales durante la gestión de José Alperovich, tomó posesión del despacho capitalino el 23 de agosto, junto a otros cinco magistrados nombrados por el gobernador Juan Manzur. A continuación, la Corte comenzó a lidiar con las cuestiones inherentes a la puesta en marcha de un juzgado nuevo. En ese tren, advirtió que Guyot no disponía de la estructura necesaria para controlar el cumplimiento de las penas dispuestas en el ámbito de la Justicia provincial. Esta tarea todavía está en manos de la Cámara Penal y exhibe un gran descuido en parte como consecuencia de la superabundancia de procesos en trámite de juzgamiento.
“Tenemos un local, pero hace falta más espacio para el equipo interdisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que colaborarán con el juez. Y hay que armar ese grupo. Además, debemos hacer traslados de detenidos y brindar seguridad. No es tan sencillo”, explicó Gandur en una conversación telefónica. La ley que había creado los juzgados de Ejecución especificó que estos debían disponer de un gabinete de 14 profesionales para la capital y de 7 para Concepción. El jefe del alto tribunal comentó que la decisión poco común de suspender el ingreso de causas había sido consensuada con sus pares René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse -los tres últimos están ausentes de la provincia: Sbdar de licencia, y Estofán y Posse de viaje en razón de su función-. En el pasado, la Corte estableció cupos de sentencias fundados en las numerosas acefalías existentes en los Tribunales, situación de emergencia que había quedado superada.
La ley faculta al juez de Ejecución para intervenir, entre otros asuntos, en las solicitudes de libertad condicional; en las cuestiones referidas a la observancia de todas las garantías constitucionales acordadas a los ciudadanos privados de la libertad; en los incidentes suscitados en la etapa de ejecución; en los recursos contra sanciones disciplinarias; en las medidas de seguridad aplicadas a mayores de 18 años; en la extinción o modificación de la pena con motivo de la vigencia de una ley más benigna; en la determinación de condiciones para la prisión domiciliaria y en la reeducación de los internos mediante el fomento del contacto del penado con sus familiares.
¿Qué hará Guyot mientras tanto? Gandur manifestó que el juez ocupa una oficina en el Palacio de Justicia y que debe aprovechar el plazo de la suspensión para acomodar su juzgado: “puede empezar a dar instrucciones al personal y a informarse sobre los temas”. Como el término vence al filo del final del año judicial en curso, es posible que el despacho de Guyot comience a funcionar a partir de 2017.
El juzgado en cuestión fue creado por ley hace 10 años (el mismo texto legal agregó otra oficina idéntica en el centro judicial de Concepción). Después de una serie de idas y de vueltas presupuestarias, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) sustanció los concursos correspondientes para nombrar a los primeros titulares. Como consecuencia de ello, Eugenio Guyot, ex director de Institutos Penales durante la gestión de José Alperovich, tomó posesión del despacho capitalino el 23 de agosto, junto a otros cinco magistrados nombrados por el gobernador Juan Manzur. A continuación, la Corte comenzó a lidiar con las cuestiones inherentes a la puesta en marcha de un juzgado nuevo. En ese tren, advirtió que Guyot no disponía de la estructura necesaria para controlar el cumplimiento de las penas dispuestas en el ámbito de la Justicia provincial. Esta tarea todavía está en manos de la Cámara Penal y exhibe un gran descuido en parte como consecuencia de la superabundancia de procesos en trámite de juzgamiento.
“Tenemos un local, pero hace falta más espacio para el equipo interdisciplinario de médicos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que colaborarán con el juez. Y hay que armar ese grupo. Además, debemos hacer traslados de detenidos y brindar seguridad. No es tan sencillo”, explicó Gandur en una conversación telefónica. La ley que había creado los juzgados de Ejecución especificó que estos debían disponer de un gabinete de 14 profesionales para la capital y de 7 para Concepción. El jefe del alto tribunal comentó que la decisión poco común de suspender el ingreso de causas había sido consensuada con sus pares René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse -los tres últimos están ausentes de la provincia: Sbdar de licencia, y Estofán y Posse de viaje en razón de su función-. En el pasado, la Corte estableció cupos de sentencias fundados en las numerosas acefalías existentes en los Tribunales, situación de emergencia que había quedado superada.
La ley faculta al juez de Ejecución para intervenir, entre otros asuntos, en las solicitudes de libertad condicional; en las cuestiones referidas a la observancia de todas las garantías constitucionales acordadas a los ciudadanos privados de la libertad; en los incidentes suscitados en la etapa de ejecución; en los recursos contra sanciones disciplinarias; en las medidas de seguridad aplicadas a mayores de 18 años; en la extinción o modificación de la pena con motivo de la vigencia de una ley más benigna; en la determinación de condiciones para la prisión domiciliaria y en la reeducación de los internos mediante el fomento del contacto del penado con sus familiares.
¿Qué hará Guyot mientras tanto? Gandur manifestó que el juez ocupa una oficina en el Palacio de Justicia y que debe aprovechar el plazo de la suspensión para acomodar su juzgado: “puede empezar a dar instrucciones al personal y a informarse sobre los temas”. Como el término vence al filo del final del año judicial en curso, es posible que el despacho de Guyot comience a funcionar a partir de 2017.
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